El jefe de Gabinete, Marcos Peña, dijo que el Gobierno rechaza que el
fallo de la Corte “se aplique a crímenes
de lesa humanidad”.
Marcos Peña, jefe de Gabinete. |
Nacionales - "Consideramos que el 2 por 1 es un símbolo de la impunidad en la
Argentina". El jefe de Gabinete de ministros, Marcos Peña, se refirió así al fallo de la Corte Suprema de Justicia que consideró aplicable la ley conocida como del 2 x 1 a
un ex paramilitar sentenciado por torturas y desapariciones y que en la
práctica dio por cumplida su sentencia.
"Es un
mecanismo que justamente lo que hace es que se consagre la impunidad.
Beneficiaba a los delincuentes más complicados. Esto se agrava muchísimo con lo
que tiene que ver con lesa humanidad", sostuvo.
En diálogo con radio Nacional AM 870,
Peña fue contundente: "Rechazamos el concepto del 2 por 1 y rechazamos que
se aplique a crímenes de lesa humanidad".
El jefe de Gabinete
consideró que el fallo será "muy restrictivo" y explicó: "A lo
sumo puede aplicarse a un puñado de casos". Inmediatamente agregó:
"Tendrá que resolverlo la Justicia, pero esperamos que sea muy
restrictivo".
"La Justicia
es independiente. La Corte Suprema tiene personas independientes y son
responsables de sus fallos. La política que lleva adelante el Gobierno es de
continuar con la política de memoria, la verdad y la justicia", sostuvo.
Qué pasó. El miércoles
último, la Corte benefició a Luis Muiña, condenado a 13 años de prisión por
haber participado del secuestro y torturas a cinco personas en 1976, con el 2
por 1. El máximo tribunal consideró que se debe aplicar la ley penal más
benigna y en la práctica dio por cumplida su sentencia, porque pasó preso poco
más de nueve años.
El fallo fue
dividido: la mayoría del tribunal estuvo integrada por los jueces Elena Highton de Nolasco, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti , en tanto que Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda votaron en disidencia.
2 por 1. Entre 1994 y
2001 rigió en la Argentina el 2 por 1, que computaba por dos cada día que una
persona estaba presa en prisión preventiva, sin condena, por encima de los dos
años. Esta ley pretendió acortar los plazos de detención sin condena, pero no
lo logró y se derogó. Hoy la situación es igual, pues la mitad de los detenidos
sigue en prisión preventiva sin que se resuelva si son culpables o no.
Muiña fue condenado
en 2011 por el Tribunal Oral Federal N° 2 a 13 años de cárcel y su pena quedó
firme en 2013. El tribunal le aplicó el 2 por 1 y entendió que su sentencia se
iba a cumplir en noviembre de 2016. El fiscal apeló y la Sala IV de la Casación
le dio la razón y ordenó volver a computar la pena. Muiña recurrió a la Corte y
ahora el máximo tribunal le dio la razón y le aplicó el 2 por 1. La sentencia
generó una fuerte polémica.
Los fundamentos del fallo de la Corte
Ley penal más
benigna. Por mayoría, con los votos de Highton, Rosenkrantz y Rosatti, la Corte
determinó que la aplicación de la ley penal más benigna, establecida en el Art.
2 del Código Penal, resulta extensivo a todos los delitos, sin distinción
alguna.
Principio de
legalidad. Highton y Rosenkrantz dijeron que aún si hubiera alguna duda sobre la
aplicabilidad del beneficio a los delitos cometidos por Muiña debe resolverse
en favor del acusado en virtud de las exigencias del principio de legalidad.
Estado de Derecho. Los votos por la
mayoría argumentaron que "la mejor respuesta que una sociedad respetuosa
de la ley puede darle a la comisión de delitos de lesa humanidad, y la única
manera de no parecerse a aquello que se combate y se reprueba, es el estricto
cumplimiento de las leyes y de los principios que caracterizan el Estado de
Derecho".
Potestad
legislativa. Rosatti dijo que "si el legislador no previó un régimen
diferenciado que excluyera la aplicación de la ley penal más benigna a los
delitos de lesa humanidad, no lo puede hacer ahora el juez".
Disidencia. Lorenzetti y
Maqueda votaron en disidencia y señalaron que la jurisprudencia de la Corte
determinó que en los delitos de lesa humanidad no hay posibilidad de amnistía
ni de indulto ni se aplica a ellos el instituto de la prescripción y que la
persecución forma parte de los objetivos de la legislación internacional.
Política de Estado. Ambos ministros
dijeron que la persecución de los delitos de lesa humanidad es "una
política de Estado, afirmada por los tres poderes, en diversas épocas y
constituye parte del contrato social de los argentinos".
Informe: LN
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