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| Gregorio Badeni (izq.) y Daniel Sabsay, dos constitucionalistas que opinan de manera diametralmente opuesta por el fallo del 2x1 de la Corte Suprema. |
Los constitucionalistas Daniel Sabsay y Gregorio Badeni
polemizan sobre el fallo de la Corte que habilitó la aplicación del 2x1 a un
represor condenado por un crimen de lesa humanidad. Sabsay le apunta a la
"falta de oportunidad" de la decisión de los jueces, pero considera
un "disparate" que se los pretenda someter a juicio político.
Badeni, en cambio, dice que la sentencia se ajusta a
derecho, y asegura: "Fayt tenía un criterio igual al del voto de la
mayoría". Ambos coinciden en que la ley votada en tiempo récord por el
Congreso no zanja el debate.
Daniel Sabsay, en
contra del 2x1
-¿Lo sorprendió el fallo de la Corte que aplicó el 2x1 a un militar
condenado por un delito de lesa humanidad?
- Me sorprendió porque creía que era tema zanjado y es una
forma de revivir la divergencia sobre temas que tienen que ver con las
características de los delitos de lesa humanidad y quién los comete.
-¿Es un fallo político o jurídico?
- Para mí es jurídico, no coincido con el planteamiento,
pero no puedo sostener que un fallo es político. De todos modos, todo fallo de
la Corte tiene un componente político, no olvidemos que es la cabeza del Poder
Judicial y también a su manera y a través de su jurisprudencia cumple un rol
político en sentido amplio.
-Lorenzetti y Maqueda, que votaron en contra, sostuvieron que había que
tomar en cuenta la valoración social del tema. Ése es un considerando
político...
- Pero también sumamente inteligente: los jueces no pueden
dejar de tener en cuenta cuál es la oportunidad para dictar ciertos fallos y
medir las consecuencias sociales. La Corte no tiene plazos para dictar sus
sentencias y calibra bien cuándo es mejor dictar una sentencia y cuándo es
mejor demorarla. Así que no entiendo por qué esa precipitación.
-¿Se trata de un fallo opinable?
- En derecho todo es opinable, lo que pasa es que hay
cuestiones que cuando uno se apega a determinados argumentos cuesta mucho
pensar que se puedan aplicar otros. Cómo uno hace para identificar a los
delitos comunes con los de lesa humanidad como si fueran lo mismo... creo que
es desconocer lo que dicen los tratados internacionales: estos delitos no
prescriben, no pueden ser indultados ni anmnistiados. Como el tratado contra el
genocidio, el de tortura y crímenes aberrantes, que en la Constitución tienen
jerarquía desde el 94.
-¿El Gobierno pudo estar detrás como sostiene el kirchnerismo?
- Si uno ve lo que han dicho los máximos responsables del
Gobierno, se han apartado del fallo y lo dicen con mucha claridad. El caso más
notorio es el de María Eugenia Vidal, que es enfática. Yo prefiero creer una
cosa diferente. Que (la decisión de la Corte) ha sido errada, que no tuvo
noción de la oportunidad y ha apelado a argumentos con los que no coincido. No
veo cuál es la ventaja que obtiene el Gobierno y, además, le ha generado un
grave problema en donde se enfrenta prácticamente a toda la sociedad. Nunca
imaginé que de manera tan fuerte iban a reaccionar los sectores más diversos.
Es la demostración de que este tema ya tiene un consenso más que mayoritario en
la sociedad argentina.
-¿Cree que los jueces de la mayoría deberían explicar con más claridad
por qué votaron del modo en que votaron?
- Creo que han quedado como petrificados y muchas veces en
estas cosas el que aclara la embarra más. Ellos han aplicado el principio de
igualdad de un modo en el cual la igualdad es entre iguales, y los delitos de
lesa humanidad y los comunes no son iguales, tienen un régimen distinto que
tiene que ver con la no concesión de ningún tipo de gracia o beneficio. A míme
llama la atención de parte de Rossatti y Rozenkrantz, porque creo que es un
gravísimo error y por lo menos, en la actualidad, los deslegitima muchísimo
frente a la opinión pública.
-El Legislativo aprobó una ley para limitar la aplicación del 2x1.
- No está mal, pero la Corte puede declararla
inconstitucional porque no va a querer que le enmienden la plana, o sea, que el
Legislativo se ponga a corregir al Judicial. Esa ley no es la última palabra.
-Hay quienes promueven el juicio político de los jueces de la
mayoría...
- Si cada vez que no coincido con la decisión de un juez voy
a querer sacarlo, se termina la independencia de la Justicia y que un juez
pueda juzgar de manera objetiva. Me parece un disparate peligroso y sería
lamentable institucionalmente.
-¿Se puede volver atrás con el fallo?
- No se puede revocar. Puede ser que se trate llegando a la
CIDH, pero va a tardar años, y luego encontrarse con la misma doctrina del caso
Fontevecchia. La Corte lo había condenado por dar información falsa sobre la paternidad
de un hijo de Menem y la CIDH lo revocó, porque consideró que afectaba la
libertad de expresión. Pero la Corte argentina desconoció esa competencia.
Gregorio Badeni, a
favor del 2x1
-¿Cómo le cayó que la Corte autorizara la reducción de pena a un
represor a través del 2x1?
- Lo que hizo la mayoría de los jueces fue aplicar un
principio sustancial del derecho penal, el de la ley penal más benigna para una
persona condenada o procesada por la comisión de un delito. Ese principio se
encuentra en el artículo 18 de la Constitución, el artículo 2 del Código Penal,
el 6 del Pacto de San José de Costa Rica, el 15 del Pacto Internacional de
derechos civiles y políticos, y también ha sido reconocido con referencia a los
delitos de lesa humanidad por la Corte Europea de DD.HH, que dijo que el
principio de la ley penal más benigna se aplica al delito de genocidio, que es
un delito de lesa humanidad.
-¿Usted sostiene que el fallo no viola normas internacionales?
- No hay norma internacional que se viole. Por lo menos no
se viola ninguna respecto del principo de la ley penal más benigna, porque no
se trata de absolver a una persona o no procesarla, sino de reducir el monto de
la condena por la negligente actuación del Poder Judicial.
-¿Tiene un tinte político este fallo?
- Está el voto de la mayoría, que es netamente jurídico. Los
jueces dicen: estamos en un sistema democrático constitucional en donde impera
el estado de derecho, lo que significa que la voluntad de la ley se impone
sobre cualquier pretensión, por más legítima que sea, proveniente de los grupos
sociales. Podemos estar de acuerdo o no con las soluciones que extrae la ley,
pero debemos cumplirla por razones de seguridad jurídica. Y en el voto de la
minoría, los jueces dicen que se debe ponderar la valoración social que merece
el hecho que se juzga. Con lo cual, se faculta a los jueces para apartarse de
la ley y satisfacer esa valoración social. Para los jueces de la minoría, los
delitos de lesa humanidad son gravísimos, hay conciencia social en la sociedad
que no se le puede aplicar la ley penal más benigna y sugieren no aplicarla.
Tenemos un enfoque jurídico de la mayoría y uno político de minoría.
-¿Cree que el Gobierno estaba al tanto de que se venía este fallo?
- No tenía por qué estarlo, porque los jueces no tienen por
qué informar al Gobierno lo que van a decidir. Si el Gobierno reaccionó de la
manera que reaccionó, quiero pensar que es para no perder rédito político por
las reacciones que hubo en otros sectores. Vemos que se está politizando una sentencia
judicial.
-¿Por qué la Corte toma esta decisión ahora?
- La Corte en su composición anterior fue muy proclive a
adoptar la postura de la valoración social, por eso decidió que los delitos de
lesa humanidad eran imprescriptibles, que no eran válidos los indultos y
amnistías. Entonces, la voluntad de la mayoría se impuso por cinco votos contra
cuatro, cuatro jueces no estaban de acuerdo con ese criterio cuando declararon
que para los delitos de lesa humanidad no eran aplicables las garantías constitucionales,
en 2004/ 2005, con la disidencia de Fayt, que tenía un criterio igual al de la
mayoría actual.
-¿Los jueces deben explicar su fallo?
- No. Lo que tiene que hacer la opinión pública es leer el
fallo. Rosatti y los otros jueces expresan su rechazo a los delitos de lesa
humanidad. Dicen que le parecen horribles, que en su fuero íntimo no los
toleran, pero que como jueces tienen que ceñirse a lo que dice el derecho. Los
jueces no tienen que fallar según criterios políticos sino jurídicos.
-¿Qué viene ahora?
- Cualquier reclamo sobre este tema se puede hacer ante la
CIDH, que le da traslado al Estado argentino para que exprese su punto de
vista. Y en ese caso se puede llegar a un acuerdo, la CIDH puede proponer un
acuerdo entre los denunciantes y el Estado argentino.
-¿Cómo sería ese acuerdo?
- Si la propuesta es revocar el fallo, es inviable. Lo que
podrían pedir es que el Ejecutivo o el Legislativo adopten alguna medida que
trabe la aplicación del fallo.
-La ley del Congreso...
-Esa ley sería inconstitucional, porque desconoce el
principio de la ley penal más benigna, que ya se aplicó. Ese principio es de
las más grandes conquistas que tuvieron las democracias constitucionales en su
lucha por la libertad, dignidad y progreso del ser humano.
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