Las modificaciones
hechas por la Cámara Alta excluyen de
la norma a los delitos de homicidio
simple y contrabando.
Nacionales - El
Senado aprobó y devolvió a la Cámara de Diputados este miércoles, con
modificaciones, el proyecto de reforma la Ley 24.660 de Ejecución de la Pena,
que establece que los autores de delitos graves no podrán contar con el
beneficio de las salidas anticipadas, transitorias o libertad condicional.
De esta manera, la iniciativa, reimpulsada a partir del
asesinato de la joven Micaela García en Entre Ríos y motivo de protestas en
distintos penales bonaerenses, vuelve a la Cámara de Diputados para su sanción
definitiva.
El proyecto obtuvo 48 votos a favor, ocho en contra y una
sola abstención, del senador Fernando “Pino” Solanas.
La Comisión de Justicia y Asuntos Penales, que preside Pedro
Guastavino (PJ-FpV), le introdujo este mismo miércoles importantes cambios al
texto original, sobre todo para reducir la cantidad de delitos cuyos autores no
podrán gozar de los distintos regímenes de libertad.
De esta manera, se excluyeron los delitos de homicidio
simple y contrabando, y quedaron incluidos los de homicidio agravado, delitos
contra la integridad sexual, privación ilegal de la libertad coactiva, tortura
seguida de muerte y secuestro extorsivo.
Además, en la comisión se corrigieron las “excesivas”
facultades que se otorgaban al Servicio Penitenciario, para que sea el juez de
ejecución penal –con intervención de las víctimas- el que decida sobre la
concesión de las salidas anticipadas.
“Las reformas son para endurecer, no para ablandar. Estamos
poniendo los delitos más pesados y las estructuras delictivas más graves para
que sus autores cumplan la totalidad de la condena”, explicó el jefe del bloque
del PJ-FpV, Miguel Pichetto.
Al abrir el debate, Guastavino explicó que, con respecto a
la ley actual, “se amplía la lista de delitos donde se impedirá al condenado
acceder al beneficio de la libertad condicional”.
El entrerriano aclaró que el tema “estaba dentro de la
agenda” e hizo un repaso por las leyes que se sancionaron en la materia y
destacó: “El Congreso ha venido dando distintas respuestas de las demandas de
la sociedad y ha dotado de herramientas a los demás poderes”.
La camporista Anabel Fernández Sagasti rechazó de plano el
proyecto y consideró que “una ley como la 24.660 debería ser abordada de una
manera integral haciendo hincapié en el estado de nuestro sistema carcelario”.
“La secuencia siempre es la misma –se quejó-, luego de una
muerte desgarradora con impacto nacional nos sentimos interpelados”.
Para la senadora, “es entonces cuando en lugar de explicar
por qué el sistema establecido no funcionó para proteger la vida de Micaela y
por qué se liberó a un delincuente, la respuesta es un atajo, una medida
efectista y un parche al sistema, que no da soluciones sino la tapa de un
diario”.
Por su parte, el radical Luis Naidenoff sostuvo que “lo peor
que nos puede pasar como cuerpo es legislar con un sentido de abstracción que
nos aleja de la realidad”, y opinó que los cambios que se introdujeron al
proyecto de Diputados son “de sentido común”.
En el mismo sentido, Rodolfo Urtubey, del PJ-FpV, explicó
que “esta ley responde a la realidad” y argumentó que “el 95% de los que violan
la libertad condicional va a seguir cometiendo delitos”. “No estamos planteando
aumentar las penas sino que los condenados cumplan las penas que los jueces
ponen”, diferenció.
La salteña Cristina Fiore manifestó su acompañamiento al
proyecto en general pero se mostró preocupada por las “excesivas” facultades
otorgadas al director del régimen penitenciario y propuso que sea el Consejo
Correccional el que dictamine las salidas transitorias.
Al cierre del debate, Pichetto destacó que los cambios
consensuados permiten “alejarnos de la demagogia punitiva y de una mirada
ultragarantista que es totalmente inconveniente para la sociedad”.
“Nosotros no somos espectadores de la realidad”, dijo, al
reconocer que el debate sí fue disparado por el asesinato de Micaela, y
aprovechó para criticar duro al juez que liberó a Sebastián Wagner, autor
confeso del delito, por haberle concedido la libertad cuando había cometido dos
violaciones anteriores y estaba acusado en una tercera donde “no se profundizó
la investigación”.
Por último, el radical Julio Cobos apuntó que “con esta ley
no vamos a solucionar todos los temas de inseguridad”, y explicó que es
necesario trabajar además sobre la prevención del delito. “No confundamos: no
sólo estamos limitando las excarcelaciones, sino que estamos mejorando todo el
principio de progresividad del cumplimiento de la pena”, indicó.
El proyecto había sido aprobado en Diputados el 23 de
noviembre del año pasado por impulso del titular de la Comisión de Seguridad
Interior, el radical Luis Petri, y recibió un fuerte respaldo de la ministra de
área, Patricia Bullrich.
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