Sauces llorones para la posverdad

Por Américo Schvartzman

“Prima facie autora penalmente responsable de los delitos de tomar parte en una asociación ilícita en calidad de Jefe, el cual concurre en forma real con el delito de lavado de activos de origen ilícito agravado por su habitualidad, por formar parte de una asociación y por ser funcionario público y negociaciones incompatibles”.

Así la considera la resolución firmada por el juez Claudio Bonadio, por lo cual ordena el procesamiento de la ex Presidenta de la Nación.

La causa se inició el 4 de abril de 2015. Es conocida como “Los Sauces”, por el nombre de la empresa familiar de los Kirchner dedicada a negocios inmobiliarios, y en la que se investigan la adulteración de documentos públicos, y el posible pago de coimas y lavado de dinero, usando como pantalla esa sociedad constituida por Néstor, Cristina y su hijo Máximo en 2006, y a la que luego se incorporó Florencia, la otra hija del matrimonio. Es la quinta acción federal que afecta a Cristina Elisabet Fernández de Kirchner y es su tercer procesamiento.

En la causa hay en total veinte personas procesadas: los hijos de la ex Presidenta, Máximo y Florencia Kirchner, acusados de ser parte de la jefatura de la supuesta asociación ilícita; los empresarios Cristóbal López, Lázaro Báez, Fabián De Sousa y Osvaldo Sanfelice, como “organizadores”; los hijos de Báez (Luciana, Leandro y Martín); Romina Mercado, Víctor Manzanares, Norma Abuin, Jorge Ludueña, Ricardo Albornoz, Emilio Martín, Claudio Bustos, Martín Jacobs, Lisandro Donaire, María Alejandra Jamieson y Óscar Alberto Leiva.

Aunque no decretó la prisión preventiva de ninguno de ellos, el magistrado les prohibió a todos salir de la Argentina. Además, Bonadio le impuso un embargo de 130 millones de pesos a Cristina y a otros procesados.

De qué se los acusa

La empresa Los Sauces se dedica al alquiler de propiedades. Desde 2008 compró varios inmuebles, entre ellos la casa de la ex Presidenta en Río Gallegos y otras en el exclusivo barrio Puerto Madero. Los principales clientes de la empresa fueron los también procesados Cristóbal López y Lázaro Báez, quienes aportaron en total más del 80 por ciento de todos los ingresos por alquileres de la empresa, según surge del período analizado en la investigación conducida por el fiscal Carlos Rívolo. Es decir que casi todos los ingresos de la sociedad provinieron de dos empresarios que fueron ostensiblemente beneficiados por la administración de los Kirchner.

Esa investigación encontró numerosas irregularidades en la contabilidad de Los Sauces, mostrando una compleja trama que entreveraba todas las sociedades en las que las personas que resultaron procesadas aparecían en diferentes entidades jurídicas que operaban entre sí, moviendo un enorme flujo de dinero que derivaba de ambos empresarios. Según el juez, la ex presidente, su marido y su hijo, actual diputado nacional por el Frente para la Victoria, dirigían una asociación ilícita que usaba la firma familiar para blanquear allí dineros que provenían de negocios ilícitos organizados desde sus cargos en el Estado: Báez, con los fondos provenientes de la obra pública, y López desde el negocio del juego.

La operatoria fue denunciada en 2015 por la diputada nacional del GEN, Margarita Stolbizer, y el tipo de maniobra es el mismo que se investiga en otra de las causas que complican a la ex Presidenta, la de Hotesur, en donde se estudia la contratación hotelera de habitaciones que nunca se ocuparon, en la sospecha de que así concretaban el “retorno” del dinero proveniente de la obra pública otorgada a los mencionados empresarios.

Competencia

Esa parece ser la razón por la cual Bonadío también resolvió que la causa se sume a esa otra investigación, la de Hotesur, que está a cargo del juez Julián Ercolini y en donde el fiscal Gerardo Pollicita tiene bajo la lupa un entramado similar. Según la resolución de Bonadio existe “conexidad subjetiva y objetiva” y por eso los casos deben ser “acumulados”, que en la jerga judicial significa que deben unificarse.

Se supone que un futuro juicio oral y público ventilará y deberá probar una misma matriz de acciones ilícitas protagonizada por las mismas personas. La resolución de Bonadio no admite dudas: “De ningún modo”, dice, “se justifica escindir la investigación en tantas jurisdicciones como sitios en que se llevaron a cabo las conductas ilícitas en particular, dado que todas formaron parte de una maniobra perpetrada por miembros del Poder Ejecutivo Nacional, con la colaboración de empresarios amigos, que tenía como único objetivo beneficiarse ilícitamente con los bienes del Estado y luego ponerlos en circulación en el mercado para disimular su origen”.

Posverdades o la mentira como política pública

Un viejo chiste del gran Quino muestra a un ejecutivo con su vaso de whisky reflexionando: “Por suerte la opinión pública todavía no se ha dado cuenta de que opina lo que quiere la opinión privada”.

El término posverdad apareció recientemente y se usa para describir situaciones en las que para crear o modelar la opinión pública, los hechos objetivos tienen menos influencia que la apelación a las emociones básicas, los prejuicios y las creencias personales. De ese modo se relativizan todas las cuestiones objetivables, es decir aquellas que pueden describirse en términos más o menos capaces de ser sometidos a algún tipo de verificación.

Para algunas miradas más sensatas, la idea de la posverdad no es nada más y nada menos que la manipulación ideológica que realiza la propaganda, llevada adelante por quienes tienen la posibilidad de operar sobre la información pública, pero también resulta interesante la idea de poner en crisis la existencia de una “verdad objetiva”. Pero el problema ya no es que los medios expresan intereses de sectores políticos o sociales: siempre fue así, aunque lo negaran o se presentaran como “medios objetivos”. El inconveniente que parece haberse generalizado es que en la actualidad, una importante cantidad de medios parecen dispuestos a, literalmente, desentenderse de los hechos. Lo que se informa ya no es una versión de los hechos (“mi versión”, en todo caso) sino una desvergonzada falsificación de los hechos.

De ese modo, los medios cercanos a la ex Presidenta, (los que informan sobre el procesamiento) no revelan ningún detalle de las razones de la resolución judicial y en cambio llegan a sorprendentes conclusiones sin ninguna relación o fundamento: por ejemplo, la decisión de Bonadio respecto de la conveniencia de “acumular” las causas, es para Página/12 “la demostración palmaria de que la causa fue un armado político desde el primer día” (sic).

Dice Peter Preston que un rasgo definitorio de la política de la posverdad “es que los activistas continúan repitiendo sus puntos de discusión, incluso si estos son encontrados falsos por los medios de comunicación o por expertos independientes”. Nada más claro. Los medios cercanos al gobierno tienen su propia operatoria de manipulación de la comunicación, que intentan instalar (y lo logran con determinados públicos) que los adherentes al paro o cualquiera que proteste en la Argentina actual “atenta contra la democracia”. El Presidente, así, afirma que “o los metemos presos o nos voltean”. Su espejo, los medios controlados por el kirchnerismo residual, inventan su propia posverdad, que es creída religiosamente por sus propios públicos. Es difícil ver cómo se logrará superar esto en la Argentina del presente.

Las otras causas

La ex mandataria está procesada en otras dos causas judiciales: la conocida como “Dólar futuro” y la del otorgamiento de obra pública vial a las empresas de Báez. Aquí, en breve síntesis, los otros expedientes judiciales que la tienen como objeto de investigación.

Obra pública: El juez Julián Ercolini la procesó como integrante de una presunta asociación ilícita que desde el Poder Ejecutivo actuó deliberadamente para que la obra pública vial de Santa Cruz fuera direccionada hacia las empresas de Lázaro Baez, que se encuentra detenido. El procesamiento será revisado por la Cámara Federal, tras la apelación de la defensa de Kirchner. Si se confirma este procesamiento, la causa Los Sauces deberá “acumularse” con esta acción judicial, de acuerdo a lo que acaba de resolver Bonadío.

“Dólar futuro”: La lleva el mismo magistrado Bonadio, quien procesó a Cristina Kirchner por “administración infiel en perjuicio de la administración pública” por los manejos del dólar futuro durante su gobierno. La Cámara Federal confirmó la acusación y el fiscal Eduardo Taiano debe resolver el pase a juicio oral.

“Denuncia de Nisman”: Se trata de la acusación de encubrimiento del atentado a la AMIA, que la Cámara Federal de Casación Penal reabrió a fin de año. El fallecido fiscal Alberto Nisman acusó a la ex Presidenta y a otros funcionarios de su gobierno de encubrir a los iraníes acusados del ataque. El juez a cargo es Ariel Lijo, quien ordenó 50 medidas probatorias que se encuentran en marcha.

“Hotesur”: Esta investigación es esencialmente la misma operatoria que se investiga en Los Sauces. Se pretende comprobar si el alquiler que Báez hacía de los hoteles de la familia Kirchner era una forma de disimular el pago de comisiones por la obra pública. Luego de que el juez Daniel Rafecas se declarara incompetente, la Cámara Federal puso al frente del proceso a Ercolini. Esta es la otra causa a “acumular” con Los Sauces.

© La Vanguardia