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| Por Giselle Rumeau |
Hubo una época, ahora incómoda, en la que a Mauricio Macri
se le endurecía el gesto al hablar de los cartoneros. Corría el año 2002 y el
entonces candidato a jefe de Gobierno porteño renegaba por el "descontrol
absoluto del cirujeo" en la Ciudad, que administraba entonces Aníbal
Ibarra. "Hay crisis en el manejo final de los residuos y formar
cooperativas no resuelve nada", decía.
"Éste es un negocio millonario
y los cartoneros tienen una actitud delictiva porque se roban la basura.
Además, no pagan impuestos y la tarea que realizan es inhumana", se
quejaba sin ponerse colorado.
Pasaron quince años y los cartoneros no desaparecieron. Pese
a la sanción de la ley de emergencia social en 2011 y el reconocimiento que
logró la economía popular -en el que los cartoneros se mueven junto a otros actores
de alta vulnerabilidad social para ganarse su propio sustento- el gobierno
nacional y popular de los Kirchner no pudo evitar que el trabajo informal
desarrollado al calor asfixiante de los ‘90
persista en la Argentina. Ese sector, que combina trabajo inestable y de baja
remuneración con un plan social, representaba hasta 2016 al 18% de la población
económicamente activa, según datos del Observatorio de la Deuda Social de la
Universidad Católica Argentina (UCA). Entre 2010 y 2016, la proporción de subempleos
inestables pasó de 9,7% a 18% de ese segmento de la población. Y es probable
que la cifra haya crecido en los últimos meses dado que el mundo de las changas
es el primer afectado por la inflación y la caída del consumo.
Macri, en tanto, aprendió en todo ese tiempo qué decir y qué
no en campaña, y también modificó su visión -con más resignación que
entusiasmo- sobre el papel de las organizaciones sociales y la economía
popular. A contramano de sus antiguos principios, y ya en Balcarce 50, el macrismo
subió en más de un millón a los beneficiados por la Asignación Universal por
Hijo (AUH), y cuenta este año con un monto presupuestado de más de $ 25.000
millones para todos los planes. Pero puertas adentro se asume que ese modelo
está agotado y que la política social debe pasar por el empleo.
En esa línea, concientes de que este segmento de la
población no calificado seguirá teniendo dificultades para encontrar un trabajo
formal aun cuando llegue la prometida y demorada reactivación económica, el
Gobierno trabaja en una iniciativa que busca pasar del asistencialismo al
empleo. Se trata del Proyecto Empalme, que propone a las empresas privadas
contratar a beneficiarios de un plan social, a cambio de obtener un subsidio
que ayude a pagar el salario. Un ejemplo concreto: si el sueldo es de $ 12.000,
el Gobierno mantendrá los $ 4000 del programa social y la empresa pondrá $
8000.
"Realmente creemos que para que la Argentina crezca,
tenemos que reducir la pobreza. Eso incluye tener un plan para reducir la informalidad
en el mercado laboral, que es demasiado alta, y que se presentará en los
próximos días", dice un hombre de la jefatura de Gabinete, que coordina el
estudio que se viene desarrollando en los ministerios de Trabajo y Desarrollo
Social.
Algo es claro. Desde el inicio de la democracia, los planes
sociales fueron creciendo en la Argentina, desde las 500.000 personas que
durante el gobierno de Raúl Alfonsín eran beneficiadas por las cajas del Plan
Alimentario Nacional (PAN) a las 9 millones que en la actualidad reciben la
AUH. Pero la pobreza nunca logró bajar del 25% promedio.
Fue, precisamente, la difusión de los datos del crecimiento
de la pobreza durante 2016 lo que llevó al Gobierno a dar lugar a los intensos
reclamos de las organizaciones sociales, entre ellos Barrios de Pie, la
Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) y la Corriente
Clasista y Combativa (CCC). Así, con tres meses de demora, oficializó en marzo
la reglamentación de la Ley Nº 27.345, que establece la prórroga de la
emergencia social hasta 2019 y habilita partidas de $30.000 millones extras
para destinar a esos grupos vulnerables.
No es todo. A la espera de la implementación del salario
social complementario, como estipula esa norma, el Ministerio de Trabajo también
lanzará de manera transitoria un programa para complementar con $ 4000 el
salario de los trabajadores de la economía popular que no son beneficiados por
un plan social. El objetivo es que con esta suma y lo que obtienen por su
trabajo informal se acerquen al salario mínimo vital y móvil, que ronda los $
8060.
Necesario pero
insuficiente
Desde el Observatorio de la Deuda Social de la UCA evaluaron
de manera positiva las medidas focalizadas que anunciará el Gobierno pero
consideraron que son insuficientes.
"El Proyecto Empalme es una política de empleo, que
muchas veces sirve también para luchar contra el trabajo en negro. En ese
sentido, es positivo. Pero no sirve para generar puestos de trabajo por sí
misma", explica Eduardo Donza, investigador de la UCA.
Lo mismo -dice- sucede con la ley de emergencia social,
"buena para transferir y asegurar recursos". "En primera
instancia son normas positivas porque mejoran la calidad de trabajo de esa
persona. Aunque sigan haciendo la misma actividad, pueden hacerla de manera más
digna. Pero tenemos que tomar conciencia de que, tanto para el mercado del
trabajo como para el tema de la pobreza e indigencia, lo que tiene que cambiar
es la estructura productiva en la Argentina", remarca. Según el
especialista, lo que falta en la Argentina son políticas de Estado, esto es,
políticas que sean sustentables en el tiempo. "No se trata de cambiar un
modelo económico de cierta ideología. El problema es más serio, porque el
gobierno anterior -supuestamente distributivo- tampoco lo pudo solucionar y
terminó su gestión con un 29% de pobreza. Tiene que haber un acuerdo de todos
los actores sociales, los empresarios, los formadores de precio, los
sindicatos, las organizaciones de base para sentar a los sectores que quedan
afuera de la parte formal, y los diferentes representantes de la sociedad
civil. Tienen que ser acuerdos que trasciendan a un gobierno. Si no, tendremos
pequeños éxitos en el corto plazo que no se podrán sostener", advierte
Donza.
-¿Están los dirigentes a la altura de las circunstancias?
-pregunta 3Días.
"Hoy parece difícil de lograr", concluye Donza.
Deuda pendiente
De acuerdo con la
Encuesta de la Deuda Social Argentina realizada durante el tercer trimestre de
2016, sólo 41,4% de la población económicamente activa urbana posee un empleo
asalariado o no asalariado con calidad plena de derechos laborales, mientras que
un 30,7% tiene un empleo regular pero sin vinculación con la seguridad social.
Un 18% está subocupada en actividades de baja remuneración, alta inestabilidad
y/o participan de planes de empleo, y otro 9,9% se encuentra abiertamente
desocupados. Entre 2010 y 2016, la proporción de subempleos inestables paso de
9,7% a 18% de la población económicamente activa. La suba se originó por las
políticas contracíclicas de generación de trabajos vinculados a un mercado
interno de consumo de bajos ingresos y/o a programas de empleo.
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