Por José Cretazz
Acusaciones de corrupción sin mucho detalle y
reacciones desmedidas con base en "trascendidos" y
"versiones" llenaron de ficción y confusión la agenda pública estos
días. En el escándalo del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales
(Incaa) nadie tiene muy claro algo tan elemental como poder establecer cuál es
el problema.
¿Intervinieron el Incaa? ¿Lo van a cerrar? ¿Lo quieren privatizar?
¿Van a desfinanciar el cine? ¿Van a sacar el canon que paga la TV y que
alimenta el fondo del cine? ¿Ese cambio es para favorecer a los
cableoperadores? ¿El Incaa se paga o no con los impuestos? ¿Derogan la ley del
cine? ¿Hay corrupción? ¿En qué consisten ahora las irregularidades? ¿Qué es el
Incaa?
A una semana del comienzo del escándalo, todas esas
preguntas siguen mayormente sin respuesta a pesar del desfile de actores,
productores y directores por las radios y los canales de TV para expresar sus
sentimientos ante entrevistadores que muestran un gran desconocimiento de cómo
funciona el fomento del cine nacional, tal vez una de las pocas políticas de
Estado que tiene la Argentina.
A continuación, algunas respuestas que pueden
ayudar a entender.
¿Qué es el Incaa? El Instituto Nacional de Cine y Artes
Audiovisuales (Incaa) es un organismo descentralizado y autárquico dentro del
Estado nacional que según nuestra Constitución administra el Presidente. Este
instituto, al igual que el de la música y el del teatro, se encuentra en la
jurisdicción del Ministerio de Cultura. La historia del fomento del cine en la
Argentina es muy interesante y daría para otro extenso artículo: el 5 de enero
de 1944, el dictador Edelmiro Farrell publica el decreto 21.344 que fija cuotas
de pantalla y otorga créditos blandos al cine (Perón, que integró aquella
dictadura, impulsaría la transformación de ese decreto en la ley 12.999 en
1947); el 4 de enero de 1957, el dictador Pedro Aramburu amplió ese fomento
mediante el decreto 62; el 14 de mayo de 1968, el dictador Juan Carlos Onganía
derogó el decreto de Aramburu y dictó otro, el 17.741, que creó el Instituto
Nacional de Cinematografía, predecesor del actual Incaa; y el 28 de septiembre
de 1994, el Congreso aprobó la ley 24.377 propuesta por el presidente Carlos
Menem que reformó y amplió el decreto de Onganía, dándole la forma que tiene
hoy el fomento del cine nacional.
¿El Incaa se paga o no con los impuestos? Sí, se paga con
impuestos. El Incaa aplica la ley de cine y entre otras cosas gestiona el
sistema de fomento de la producción nacional que se financia con el Fondo de
Fomento Cinematográfico (FCC) que -entre otras fuentes- se alimenta del 10%
sobre el valor de las entradas a las salas de cine y del alquiler de películas,
y con el 25% de todo lo recaudado por el Ente Nacional de Comunicaciones
(Enacom) en concepto de gravámenes a la TV, el cable y la radio. Este año,el Incaa tiene un presupuesto de
$ 2855,1 millones, de los cuales $ 668,9 millones deberían ser aportados por el
Enacom, $ 437,2 millones provendrán del impuesto a los tickets y $ 70,2
millones del impuesto al alquiler de video. Tal vez porque esa recaudación no
se puede prever con precisión, esos números son muy conservadores. Sólo en
2016, el Enacom le transfirió al Incaa unos $ 900 millones de pesos.
¿Cambian la ley? Objetivamente no hay ningún proyecto de
reforma de la ley de cine (que necesita reformas imperiosas porque ya tiene 23
años), ni derogación de ningún decreto ni resolución y los periodistas que
seguimos estos temas nunca escuchamos referencia alguna a la eliminación o la
reducción de las fuentes de ingresos del FFC. Públicamente, el jefe de
gabinete, Marcos Peña, y los ministros de Cultura, Pablo Avelluto, y de Medios
Públicos, Hernán Lombardi, han dicho que de ninguna manera se está estudiando
ninguna modificación al esquema actual. Lo único objetivo en esta parte de la
discusión es un relevamiento de impuestos y su recomendación de reducir la
cantidad de tributos específicos que hizo la fundación FIEL por encargo
del Ministerio de Finanzas en el contexto de análisis de una reforma
impositiva integral que el gobierno prevé enviar al Congreso el año próximo.
Todo lo demás es especulación sin fundamento.
¿Van a sacar el canon que paga la TV y que alimenta
el fondo del cine? No, más bien podría pasar todo lo contrario. Lo que podría ocurrir es
que el cine tenga más recursos. Según la presidenta de la comisión redactora
del anteproyecto de ley de comunicaciones convergentes y vicepresidenta del
Enacom, Silvana Giudici, no sólo no se va a reducir el canon sino que se va a
ampliar "porque un eventual sistema de cobro a las plataforma de video a
demanda on line (OTT) podría aumentar los fondos a distribuir entre los
institutos del cine, la música y el teatro, y los medios públicos y
comunitarios". El año pasado, las entidades del cine expusieron sus
pedidos ante la comisión redactora de la nueva ley, cuyo anteproyecto será
presentado este año, y podrán volver a hacerlo en un nuevo período de consultas
que se extenderá por seis meses. Pero además, el fondo de fomento también
podría aumentar su volumen porque a partir de enero próximo, tal como establece
el decreto 1340/2016, las empresas telefónicas podrán comenzar a dar el
servicio de TV paga y por tanto, tendrán que pagar el gravamen correspondiente
al Enacom.
¿Ese cambio es para favorecer a los
cableoperadores? No, porque no hay ningún cambio en marcha. La mayoría de los
actores que protagonizaron el spot en el que se denuncian las desgracias que
podrían ocurrirle al cine argentino también protagonizaron en el pasado
reciente muchos otros videos de apoyo a la administración kirchnerista. Algunos
de esos editados fueron en defensa cerrada de la ley de medios audiovisuales de
2009, que venía a terminar con los "monopolios" y a
"democratizar la palabra". La idea de que se va a eliminar el canon
para favorecer a los cableoperadores, en especial a Cablevisión (Grupo Clarín),
parece inscribirse en aquella lógica.
¿El Incaa fue intervenido? El Incaa no
fue intervenido -algo que el presidente Mauricio Macri podría haber hecho como
hizo en diciembre de 2015 con la ex Afsca cuando removió a Martín Sabbatella-.
El Incaa -entidad en la que trabajan más de 1000 personas, de las cuales sólo
700 están en relación de dependencia y el resto revisten varios tipos de
contratación- no se puede cerrar sin una ley que lo determine, algo en lo que
absolutamente nadie está pensando. Lo que sí ocurrió es el pedido de renuncia
del hasta ahora presidente, Alejandro Cacetta, la designación en su lugar de
Ralph Haiek (hasta ahora vicepresidente), la remoción de los gerentes de
Administración, Raúl Seguí; de Relaciones Institucionales, Rómulo Pullol, y de
auditoría interna, Rolando Oreiro. En este proceso de renovación del management
del instituto ya fueron designados Juan García Aramburu y Juan Landaburu -que
ya venían trabajando dentro del Incaa en otras funciones- y Nicolás Yocca, ex
gerente general de Radio Mitre y de Radio Continental. El removido director de
la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (Enerc),
Pablo Rovito, fue defendido a capa y espada por la movilización de actores y
directores. Pero resulta que Rovito -que junto a a ex presidenta del Incaa y
actual diputada nacional Liliana Mazure es investigado en la Justicia por
desvío de fondos- ocupa un cargo que se concursa y que tiene un mandato que ya
está vencido. Para reemplazarlo la nueva gestión del Incaa convocará a un nuevo
concurso.
¿Lo quieren privatizar? El Incaa es
un organismo no una empresa, y los organismos estatales no se pueden
privatizar. Aunque, en sentido metafórico, el Incaa ya había sido privatizado
en diciembre de 2015 cuando el presidente Macri le confió su gestión a la
corporación cinematográfica que integran productores, directores, actores y
técnicos. En aquel momento, el primer mandatario le pidió al director Juan José
Campanella -simpatizante del frente Cambiemos- que gestionase ante las
entidades representativas de la industria la propuesta de una terna de nombres
para conducir el instituto. Ante ese pedido, la industria propuso la terna
integrada por el productor Cacetta (un respetado ejecutivo de una de las
principales empresas del sector, Patagonik Film Group, sociedad de Disney,
Clarín y el laboratorio Cinecolor), el actor Martín Seefeld (amigo de Macri,
impulsado por la Asociación Argentina de Actores-AAA) y al director Ricardo
Wulichszer. La salida de Cacetta podría interpretarse también como el regreso
del Incaa a la gestión estatal, que deben decidir el Presidente y sus ministros
sin delegar esas funciones a ninguna corporación. El Incaa no es de la
industria, es de los argentinos.
¿Hay corrupción? Como publicó La Nación en
los últimos años, sobre el Incaa hubo todo tipo de sospechas y denuncias y en
todos los tiempos. En febrero de 2016, la Auditoría General de la Nación (AGN),
presidida entonces por el kirchnerista Ricardo Echegaray, aprobó un informe
realizado durante la gestión de su antecesor Leandro Despuy, en la que se detallaron
múltiples incumplimientos de la ley del cine y sus reglamentos, y
de la ley de medios audiovisuales, y dejó graves conclusiones sobre el uso de
las cuentas del Banco Nación utilizadas para la recaudación y el pago de
subsidios y créditos. El período auditado en ese informe comprendía los años
2008 a 2012 durante la gestión al frente del Incaa de la actual diputada
Mazure. La AGN remarcó en ese informe la falta de control por parte del Incaa,
el Comfer, la Afsca y la AFIP sobre los importes transferidos al FFC, lo que
impidió validar su integridad. "El gravamen recaudado según la ley de
medios audiovisuales no cuenta con controles que permitan convalidar el importe
ingresado al FCC", afirmó la auditoría. En ese momento no hubo marchas de
artistas ni directores frente a la sede del Incaa, sino aplausos cerrados a la
ex presidenta Cristina Kirchner en el Salón Blanco de la Casa Rosada. En los
últimos años, todos los presidentes del Incaa
fueron denunciados en distintos fueros por presuntos subsidios a películas
que nunca se hicieron (bajo los denominados 3ro J, un artículo
de la ley del cine del que se abusó sistemáticamente), desvíos de recursos del
fondo de fomento a gastos corrientes del Incaa, discriminación (certificadas
ante el INADI) y listas negras (registradas en la Defensoría del Pueblo de la
Nación). Mazure y Jorge Coscia protagonizan enormes expedientes que
prácticamente no avanzan y que parecen tener destino de prescripción. Y todo
eso, sin contar el apasionante caso de Néstor Kirchner, la película.
¿En qué consisten ahora las irregularidades? La forma en
la que tomaron estado público las presuntas irregularidades se pareció mucho a
una "opereta", como la definió Campanella. El hecho de que el
Ministerio de Cultura no haya explicado en profundidad de qué se tratan y sólo
haya enunciado sobreprecios, falta de licitaciones o gastos llamativos en
viajes y traslados. Los pocos hechos concretos que trascendieron hasta ahora
destacan la compra de dos sillas por 233.000 pesos; el alquiler por 700.000
pesos mensuales de un predio propiedad de Cinecolor (socia de Patagonik, la
empresa de la que proviene Cacetta) para la instalación de la Cinemateca
Nacional -que encajaría en un caso de conflicto de intereses-; y el alquiler
por parte del Incaa de un predio en Constitución que sería propiedad de Rovito,
ahora ex rector de la Enerc. Este último predio (Artecinema, donde funciona un
Espacio Incaa) es propiedad de Rovito, los productores Daniel Burman y Fernando
Sokolowicz, y los españoles José María Morales y Miguel Morales. El contrato
entre el Incaa y sus propietarios está vencido y el instituto paga actualmente
"el costo de mantenimiento", según dijo uno de los propietarios a La Nación. Pero tal vez el más relevante
de todos ellos sea la construcción de cuatro edificios para la Enerc sin hacer
un llamado a licitación y subdividiendo las compras en montos menores para
evadir las normas que obligarían a llamar a licitación pública.
Esas denuncias habían sido rechazadas en su momento
por Cacetta y su ex jefe de asesores Sergio Bertolucci, que acusaron de "denunciadores
seriales" a quienes las presentaron. De hecho, no son expresamente
denuncias sino pedidos de información mediante recursos de amparo. Así fue que
se reunieron unas 10.000 fojas con copias de la información que Cacetta debió
entregar para evitar el pago de una multa diaria. Aquella caja de papeles llegó
hace cuatro o cinco semanas hasta el presidente Macri, su jefe de gabinete y el
vicejefe de gabinete, Mario Quintana. Según el ministro de Cultura, Pablo
Avelluto, el ex presidente del Incaa no dio respuestas sobre esos temas ni tomó
decisiones para aclarar o remediar esas cuestiones y por eso fue removido. A
todo esto, el sobreseimiento de Cacetta por parte del juez federal Luis
Rodríguez el mismo día que fue desplazado del Incaa genera todo tipo de
suspicacias. La mayor de todas es el hecho de que, en general, los jueces
evitan tomar decisiones en causas que involucren a directores, actores o
productores de cine y televisión.
Por su falta de transparencia, su funcionamiento
endogámico, su enorme y compleja burocracia y su partidización, el Incaa ha
sido siempre protagonista de "manejos poco claros", como los llama
Avelluto.
© La Nación
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