Por Fernando Aguinaga
La última dictadura militar, de cuyo comienzo se cumplen hoy
41 años, constituye un hecho maldito en la historia del pueblo argentino, que
se extendió en la región a partir de la aplicación del Plan Cóndor, que apuntó
al aniquilamiento de los movimientos populares o con inspiración marxista,
armados o no, y a la instauración de un sistema económico dependiente cuyas
consecuencias con matices llegan hasta el presente.
Considerarlo un hecho maldito podría llevar a la confusión y
atribuirlo a cierto determinismo que lo alejaría de antecedentes de los cuales
el siglo XX estuvo plagado de ejemplos, como la sangrienta Guerra Civil
española y los horrores del franquismo, o la guerra de Argelia, cuyos
tentáculos ejecutores dejaron su impronta en el accionar de los militares
argentinos.
Lo es en la medida que marcó al menos a dos generaciones que
se vieron privadas de sus derechos esenciales, como los de reunión, libre
agremiación, libertad de prensa y de expresión o pertenencia política, por
citar los más importantes.
Tras la controvertida orden del gobierno constitucional que
no pudo concluir el tres veces presidente Juan Domingo Perón, de
"aniquilar" a las organizaciones guerrilleras (tal la palabra
utilizada en el decreto de Isabel Perón), el accionar represivo cívico-militar
necesitó la toma del poder político para abarcar sectores ajenos a la lucha
armada que habían desarrollado su crecimiento a partir de la reivindicación de
derechos fundamentales en el terreno laboral y político.
Si algo fue contundente y desembozado durante la dictadura
instaurada a partir del 24 de marzo de 1976, fue el disciplinamiento forzoso de
la clase trabajadora, con miles de obreros desaparecidos, en su gran mayoría
arrancados de las fábricas o sus lugares de trabajo, con la complicidad de
sectores empresarios como ha quedado demostrado en los juicios por los crímenes
de lesa humanidad cometidos entre aquella fecha y 1982 cuando la reinstauración
democrática.
Las consignas históricas que se han repetido a lo largo de
los años de "ni olvido ni perdón" o "juicio y castigo"
apuntan hoy a sostener un espacio que en más de una oportunidad y aun en este
presente no puede ni debe vaciarse de significación ni valor simbólico.
El giro ideológico puesto en evidencia a partir del actual
gobierno encabezado por Mauricio Macri, coincide con una suerte de
amesetamiento de los juicios contra los ejecutores del terrorismo de Estado
responsables 30.000 asesinatos y desapariciones, en el momento de inflexión
para saber quiénes fueron los autores o instigadores civiles de esos crímenes.
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