“Es vergonzoso”, dijo
la diputada nacional sobre la quita de deuda concedida por el Gobierno al padre
del Presidente.
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| Margarita Stolbizer criticó duramente el acuerdo que hizo el Gobierno con el padre de Mauricio Macri. |
Nacionales - "Que
a seis meses de asumir, el gobierno de Macri haga un acuerdo con quita con
Macri padre, resulta escandaloso y demasiado parecido al pasado inmediato que
se comprometieron a cambiar", sostuvo Stolbizer en un comunicado.
"La confusión de los negocios privados y el Estado es
uno de los mayores riesgos que asume este gobierno, y debe resolverlo con
absoluta transparencia", agregó la dirigente opositora.
"Para Stolbizer, lo que podría tornar escandalosa la
quita de deuda concedida por el gobierno de Macri a Macri padre, no es el
monto, o el cálculo del perjuicio, sino el hecho en sí mismo de la aceptación
de una propuesta de pago con quitas, con perjuicio por el Estado y poniendo de
manifiesto un claro conflicto de intereses que afecta de manera directa a los
familiares de los funcionarios públicos", se expresa en un comunicado del
GEN.
"El presidente Macri debe poner especial cuidado en la
forma de resolución de los conflictos que afectan a muchos funcionarios de su
gobierno en relación a los negocios que hicieron antes o a los que podrían
estar haciendo ahora. Y en particular, respecto de los negocios que su padre
había hecho durante el kirchnerismo y que intentan cerrar ahora", lanzó.
"No sólo hay que serlo, sino también parecerlo. El
Gobierno, que venía pregonando los cambios y la demanda por mayor
institucionalidad, no puede repetir comportamientos y favorecer negocios o
acuerdos económicos con los grupos económicos con los que se encuentra
vinculado", expresó.
Como publicó La Nación en su edición de este jueves, está en
marcha desde el año pasado el cierre del concurso preventivo que el Correo
Argentino arrastra desde 2001, cuando era parte del Grupo Macri encabezado por
Franco Macri.
Sin embargo, ahora, la Fiscalía General en lo Comercial
quiere ponerle un freno. Consideró que el posible acuerdo sería
"abusivo", ya que, en la práctica, implicaría "una condonación
de la deuda" por más de $ 4277 millones, según surge de los registros
judiciales que obtuvo La Nación
La fiscal Gabriela Boquin planteó la objeción al acuerdo al
recomendar a la Cámara que lo rechace. Además, notificó lo ocurrido a la
Procuraduría de Investigaciones Administrativas para que investigue si hubo
irregularidades y si amerita radicarse una denuncia penal. Boquin llegó a esa
conclusión tras verificar que, durante años, los abogados del Estado rechazaron
las propuestas del Correo -una empresa del grupo Macri- "por implicar más
una licuación del pasivo que una verdadera propuesta de pago".
En el Ministerio de Comunicaciones defendieron su decisión.
"Con el concurso, la deuda que mantenía el viejo Correo con el Estado se
había congelado y se iba licuando por inflación. Por eso se tomó la decisión de
tratar de cerrar la discusión y de recuperar algo de dinero. Porque $ 300
millones era una fortuna en 2001, pero cada día que pasa lo será cada vez
menos", señalaron.
El argumento de la fiscal agrega que la posición del
Gobierno de rechazar el acuerdo cambió por completo a mediados de 2016, cuando
un funcionario del Ministerio de Comunicaciones que no sería competente terminó
por aceptar "una propuesta que no analizó técnicamente y resulta abusiva,
irrazonable y ruinosa para los intereses de la comunidad".
El planteo de la fiscal Boquin (que no pertenece a la
agrupación kirchnerista Justicia Legítima, como se insinuó en algunas redes
sociales oficialistas), a su vez, chocó con los argumentos de los abogados de
Macri y del Gobierno. Según los letrados del viejo Correo, su nueva propuesta
implica una "mejora muy notoria" con respecto a sus ofertas
anteriores que presentaron en octubre y noviembre de 2014. No sólo eso,
mediante un escrito que presentaron en Tribunales recordaron que su propuesta
se aceleraría si la empresa recibe algún pago o resarcimiento "por los
activos sustraídos por el Estado nacional" con la quita de la concesión
durante el kirchnerismo, lo que ya reclaman mediante varios juicios por los
supuestos daños y perjuicios.
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