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| Cristina Fernández de Kirchner (Foto: The New York Times) |
Por Martín Sivak
Uno de los grandes misterios de la política
argentina es cuál será el destino de su expresidenta. Cristina Fernández de
Kirchner enfrenta múltiples causas por corrupción: se le
investigan irregularidades millonarias en la adjudicación de la obra pública y
fue procesada por “asociación ilícita” y “defraudación a la administración
pública”.
El 7 de marzo será interrogada mientras que un día antes comparecerán
por primera vez sus dos hijos: el diputado nacional Máximo Kirchner y Florencia
Kirchner, ambos imputados por lavado de dinero y con sus bienes congelados.
Aunque se trata de una situación única, las conclusiones que se pueden extraer
no son obvias.
En el caso de CFK, algunas pesquisas tienen una
evidencia abrumadora y otras parecen débiles. Las dudas que generan ciertos
procedimientos de los oficiales de justicia le quitan legitimidad a las
investigaciones y generan dudas en la sociedad argentina.
Es muy posible que Fernández de Kirchner, quien ya
fue senadora entre 1995 y 2007, se presente como candidata al Congreso Nacional
en las elecciones legislativas de octubre. Si adopta una posición audaz se
presentará por la provincia de Buenos Aires, el mayor distrito electoral del
país, donde la contienda será pareja y los riesgos de una derrota son mayores.
Según sondeos de opinión, tendría un tercio de los votos, un porcentaje similar
al del oficialista Cambiemos y el opositor Frente Renovador. Si opta por actuar
de manera conservadora, se postulará por la provincia patagónica Santa Cruz que
gobernó su marido, el fallecido Néstor Kirchner, también expresidente, donde
tiene mejores probabilidades de ganar. Si no se candidatea, la carencia de otro
liderazgo podría acentuar el declive del kirchnerismo.
Pero, desde ya, un posible corolario de este caso
es que en Argentina las causas por corrupción no extinguen las carreras
políticas.
La indignación ciudadana frente a la corrupción no
ha tenido un impacto electoral concluyente en la historia argentina reciente.
En 2001 el expresidente Carlos Menem (1989-1999) estuvo preso por la venta
ilegal de armas a Ecuador y Croacia y, sin embargo, ganó la primera vuelta
electoral año y medio más tarde. En contraste, partidos anticorrupción que en
su momento gozaron de un considerable apoyo ciudadano son hoy electoralmente
marginales.
Fernández de Kirchner fue procesada por la
adjudicación de obras de gobierno con sobreprecios al empresario Lázaro Báez,
importante beneficiario de contratos de infraestructura de los Kirchner, quien
está preso desde hace ocho meses. Los fiscales creen que la expresidenta cobró
comisiones de Báez a través de contratos para los hoteles de la familia
Kirchner que se habrían utilizado para el lavado de dinero. Su exsecretario de
Obras Públicas, José López, fue detenido en un monasterio cuando intentaba ocultar
nueve millones de dólares en bolsos. Estos elementos —y
muchos otros— conectan a la presidenta con un esquema de recaudación ilegal que
se extendió durante los tres gobiernos de la dinastía Kirchner.
En cambio, la imputación de Fernández de Kirchner en la causa
“dólar futuro” parece ser más producto de la obsesión de un juez que un acto de
Justicia. Como presidenta, Fernández de Kirchner había indicado al Banco
Central que vendiera dólares a un precio mayor que el del mercado para atenuar
la depreciación del peso argentino. Aunque, según el juez federal Claudio
Bonadio, la medida tuvo un perjuicio para el Estado de 17 mil millones de
dólares, fue una acción gubernamental.
El 30 de diciembre de 2016 la cámara de Casación
ordenó la reapertura de la investigación originada por la denuncia del fiscal
Alberto Nisman en la que acusaba a la presidenta de un presunto pacto con Irán
para encubrir el atentado a la AMIA de 1994, en el que murieron 85 personas.
Durante el mandato de Fernández de Kirchner, el juez federal Daniel Rafecas la
había archivado sin dar lugar a ninguno de los pedidos de Nisman. El 18 de
enero de 2015, el fiscal apareció muerto en su departamento. Al día siguiente
debía exponer su endeble denuncia en el Congreso. Dos años después, aún no se
ha establecido si fue suicidio o asesinado. El 60 por ciento de los argentinos
desconfía de esa pesquisa judicial.
El nuevo gobierno no ha podido revertir esa
desconfianza hacia el poder judicial. El presidente Mauricio Macri ha mantenido
un patrón del kirchnerismo: la designación de jueces probos para la Corte
Suprema de Justicia y la continuidad de un toma y daca con la Justicia Federal
(que investiga la corrupción) en la que la varios jueces y fiscales actúan de
acuerdo a los vaivenes del tiempo político. La demolición judicial de la
expresidenta es un ejemplo del funcionamiento de los tribunales federales. A
pesar de las causas de corrupción que se le siguen, al gobierno le conveniene
que CFK se candidatee al Congreso: puede provocar cierto daño, pero también
divide los votos de la oposición.
La “judicialización de la política”, como se llama
en Argentina a la extraordinaria influencia de las decisiones judiciales en el
sistema político, ha puesto a la política en manos de fiscales, jueces y
agentes de inteligencia. Esto se evidencia con la difusión reciente de
conversaciones privadas captadas para causas judiciales y difundidas por la
prensa a riesgo de violar el derecho a la privacidad.
En una de grabaciones, difundida hace un par de
semanas, Cristina Fernández habla con su ex jefe de inteligencia, Oscar
Parrili, sobre Antonio Stiuso, un funcionario de inteligencia con gran
influencia sobre Nisman y de estrechas relaciones con los Kirchner durante
años.
Esa judicialización de la política es parte
integral de la refriega política y no está exenta de episodios tragicómicos.
Hace dos semanas también se conocieron escuchas ilegales de Daniel Angelici,
presidente del club Boca Juniors y operador judicial del gobierno de Macri, en
las que intentaba influir sobre un juez, quien resultó ser el juez de un
partido de Boca contra Vélez Sarsfield en 2015.
Con todo, las causas de corrupción que afectan a la
expresidenta no parecen determinantes para su futuro político ni para las
elecciones de mitad de periodo. El aumento de la pobreza y la desocupación y la
división de la oposición son hoy variables más decisivas.
Y es difícil que este juego cambie sin una reforma
integral de la Justicia Federal que garantice más infraestructura y presupuesto
para avanzar sobre los delitos de corrupción pública más allá de las coyunturas
políticas. Esa reforma podría tener una consecuencia paradójica: una vez
restaurada la confianza en la justicia, los argentinos podrán ejercer su
derecho legítimo de elegir representantes procesados y condenados por actos de
corrupción. Una manera de sincerar que la honestidad no es determinante en los
comportamientos electorales de los argentinos.
Martín
Sivak es periodista argentino. Su más reciente libro, "Clarín, la era
Magnetto", será publicado el próximo año en inglés por Duke University
Press.
© The New York
Times
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