Por Fernando Laborda
Desde antes de llegar a la Casa Rosada, Mauricio Macri era
consciente de que dos estigmas lo perseguirían a lo largo de su gestión. El
primero, ser el hijo de Franco Macri, un próspero empresario acostumbrado a
hacer negocios con el Estado; el segundo, el prejuicio de muchos acerca de que
el suyo iba a ser un gobierno para los ricos.
En medio de las sospechas que
desató el acuerdo gestado por su gobierno por la deuda del Correo Argentino,
sorprendió que el Presidente iniciara su conferencia de prensa de ayer
confesando su error de no haber pensado en mecanismos frente a controversias
judiciales como ésta, en la que justamente su padre formaba parte. Ahora, el
primer mandatario decidió dar marcha atrás con lo actuado por su ministro de
Comunicaciones para volver a "foja cero" y dar participación al
Congreso en la evaluación del expediente. Siempre es preferible corregir un
error tardíamente a no enmendarlo nunca. Lo preocupante es que el Gobierno se
enreda con llamativa frecuencia en sus propios errores no forzados.
Lo ocurrido con la resolución de la Anses de modificar la
fórmula de cálculo de los aumentos jubilatorios, que derivó en un incremento en
los haberes levemente menor que el previsto, es otro ejemplo de impericia e
improvisación política, más allá de justificaciones técnicas que ni el más
avezado de los comunicadores podría explicarle a un jubilado. Fue una decisión
impensable en un gobierno que denodadamente trata de que no se lo asocie con la
insensibilidad social. La decisión de dejar sin efecto esa resolución, que
felizmente para Macri no llegó a ser publicada en el Boletín Oficial, le ahorra
un problema al Gobierno, pero deja también la sensación de que un presidente no
puede estar todo el tiempo deshaciendo lo que sus colaboradores anuncian 24 horas
antes.
Tiene razón el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, cuando
señala que no los pueden correr por veinte pesos -la aparente pérdida que iban
a sufrir las jubilaciones mínimas si salía la anulada resolución de la Anses-
quienes aplicaron una política previsional que con sus aumentos jubilatorios
asimétricos llenó de juicios al Estado e ignoraron sistemáticamente las
sentencias favorables a la clase pasiva.
La hipocresía de sectores kirchneristas que, cuando
estuvieron en el gobierno, no dudaron en utilizar los recursos del Estado para
favorecer negocios de la familia presidencial estuvo a la orden del día. Su
estrategia es clara: persuadir a parte de la ciudadanía de que los dirigentes
macristas no son diferentes a ellos. El mensaje, que apela al escepticismo
general, es que todos son igualmente corruptos. Y si todos son corruptos, no
hay acto de corrupción pública pasible de ser juzgado.
Es probable que la mayor parte de la sociedad no sepa con
precisión qué se está discutiendo en torno del Correo ni de las supuestas
inconsistencias de la ley que estableció la forma de ajustar los haberes
jubilatorios. Pero la opinión pública se sensibiliza cuando escucha que el
Gobierno estaría por condonarle una deuda a la familia del Presidente y que, al
mismo tiempo, busca recortarles algún punto de aumento a los jubilados. Y si
esto ocurre casi al mismo tiempo que se anuncian fuertes aumentos en peajes y
en tarifas, nadie podría negar que, como mínimo, algunos funcionarios han
pecado de ingenuidad política en un año electoral.
En la última sesión de la Cámara de Diputados, los
legisladores kirchneristas hablaron durante horas como si la corrupción hubiese
empezado en estos días. Difícilmente sea el kirchnerismo el que capitalice las
chapucerías oficiales, pero hay otros sectores políticos, como el liderado por
Sergio Massa y Margarita Stolbizer, que sí podrían hacerlo.
Elisa Carrió lo dijo con todas las letras: "La torpeza
y la ineficiencia no pueden tener justificación".
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