La izquierda se
abstuvo y el único voto en contra fue el
del salteño Alfredo Olmedo. La
iniciativa pasa al Senado.
Nacionales - La
declaración de la Emergencia Social por tres años en todo el país fue aprobada
este martes en la Cámara de Diputados con apoyo casi unánime, tras el acuerdo
alcanzado entre el Gobierno y movimientos sociales con el acompañamiento de la
CGT.
El proyecto, impulsado por el Movimiento Evita, obtuvo 227
votos a favor, y se estima que beneficiará a 3,5 millones de trabajadores, lo
que significará para las arcas estatales un costo de 30.000 millones de pesos.
Al momento de la votación hubo 4 abstenciones, del Frente de
Izquierda, que reclamó otras medidas como el blanqueo y el pase a planta
permanente de los trabajadores precarizados. Hubo un solo voto en contra, del
monobloquista salteño Alfredo Olmedo.
La iniciativa, que ahora deberá tratar el Senado, propone
declarar la Emergencia Social hasta el 31 de diciembre de 2019 en todo el
territorio nacional, y fue negociada por la CCC (Corriente Clasista y
Combativa), la CTEP (Confederación de los Trabajadores de la Economía Popular)
y Barrios de Pie, que este martes llevó adelante cortes en la Capital Federal y
numerosas ollas populares en distintos puntos.
En el inicio del debate, el presidente de la Comisión de
Presupuesto, Luciano Laspina (Pro) destacó: “Reconocemos la Emergencia Social
porque lo primero que hemos hecho es poner de pie el nuevo INDEC”. “Hemos
heredado una crisis social dramática”, acotó.
El macrista consideró que la ley “ratifica y continúa las
sucesivas prórrogas que ha habido” y “viene a reconocer” el “grave diagnóstico”
respecto de la situación socioeconómica del país. También señaló que la norma
“viene a agregar un marco de diálogo que no existía hasta hoy” y “a crear un
abordaje distinto al tratamiento de la economía popular”.
A su turno, la legisladora Lucila De Ponti (Peronismo para
la Victoria) aseguró que se trata de personas que “no pueden acceder a un
empleo” y “muchas veces son ignorados o desconocidos, pero forman parte de
nuestra cotidianeidad”.
La representante del Movimiento Evita advirtió que “entre un
25 y 30 por ciento” de la población son personas que “se encuentran excluidas
del empleo formal, pero son trabajadores” y enumeró a “la señora que limpia una
casa, el vendedor ambulante, los artesanos, la costurera del taller clandestino
y el cartonero que separa la basura”, entre otros casos.
De Ponti resaltó que el Registro Nacional de la Economía
Popular que crea el proyecto representa un “elemento fundamental” que les dará
“visibilidad y existencia” a los trabajadores informales.
Por el mismo bloque, Leonardo Grosso celebró que el acta
firmada entre el Gobierno y las organizaciones populares fue “la primer
paritaria de la economía popular”, cuyo “broche de oro” es la declaración de la
Emergencia Social.
En este sentido, aclaró que en este documento “se
consiguieron aumentos”, por ejemplo en las partidas para comedores y
merenderos, además de un aguinaldo social de 2030 pesos por única vez en
diciembre.
También se expresó en el recinto uno de los líderes de la
CGT, Héctor Daer (Frente Renovador-UNA), quien respaldó la ley, pidió
“autocrítica” al Gobierno y llamó a terminar con “el asistencialismo de los
planes sociales”.
Daer, quien conduce la central obrera junto a Carlos Acuña y
Juan Carlos Schmid, reclamó además por “trabajo digno” y sostuvo: “No es el
camino a la pobreza cero el que encaramos”.
El legislador del Frente Renovador-UNA destacó que “fue
fundamental el trabajo de las organizaciones sociales”, que junto a la CGT
marcharon hace tres semanas al Congreso en reclamo por la Emergencia Social.
Muy crítico con el proyecto acordado entre el Gobierno
nacional y movimientos sociales, y en defensa de su dictamen de minoría, el
diputado Néstor Pitrola (FIT) alertó que “la rebelión popular no se puede
anular por ley”.
“No recuerdo antecedentes de una tregua de estas
características”, manifestó, y denunció que la tregua está coordinada “con la
CGT”. Además, para el legislador de la izquierda, el registro contemplado en la
ley es “un registro de los candidatos a la precarización laboral”.
Por el Frente para la Victoria, Fernanda Raverta cargó
contra la gestión de Mauricio Macri e ironizó que “habría que declarar la
emergencia en la gestión de gobierno, no la Emergencia Social”.
El proyecto
El proyecto consta de 12 artículos y establece la creación
del Consejo de la Economía Popular y el Salario Social Complementario (CEPSSC)
en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, como “ámbito
institucional permanente”.
Este organismo, que comenzará a funcionar 90 días después de
la promulgación de la ley, estaría conformado por un represente del Ministerio
de Trabajo, uno del Ministerio de Desarrollo Social, uno del Ministerio de
Hacienda y tres de las organizaciones sociales.
En el artículo 7 de la norma se indica que “los actuales
programas sociales nacionales se articularán con la intervención del CEPSSC,
promoviendo su progresiva transformación en Salario Social Complementario”.
Por otra parte, se crea el Registro Nacional de la Economía
Popular (RENATREP), donde deberán inscribirse los trabajadores de esta
categoría para poder acceder a los beneficios.
Mediante la norma, el jefe de Gabinete estará facultado a
“efectuar las reestructuraciones presupuestarias necesarias” para proveer los
fondos adicionales que exige la ley, hasta un monto de 25.000 millones de
pesos, durante los tres años que dure la Emergencia Social.
En el caso de que al 31 de diciembre de 2018 esos fondos
hubieran sido ejecutados, el jefe de Gabinete podría resignar partidas por
otros 5.000 millones de pesos, como máximo.
La ley tiene como objetivo “defender los derechos de los
trabajadores que se desempeñan en la economía popular en todo el territorio
nacional, con miras a garantizarles alimentación adecuada, vivienda digna,
educación, vestuario, cobertura médica, transporte y esparcimiento, vacaciones
y protección previsional”.
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