La Cámara de
Diputados aprobó el proyecto del massismo para asesoramiento gratuito desde el
inicio
del proceso legal.
Nacionales - El
primer proyecto abordado en la sesión de Diputados fue el del Régimen de
Protección a las Víctimas de Delitos. Impulsado por el massismo con el apoyo de
todos los bloques, la iniciativa contempla el asesoramiento gratuito de un abogado
a la víctima desde el inicio del proceso legal. Al cabo de dos horas de debate,
el proyecto fue aprobado por unanimidad, con 212 votos a favor y ninguno en
contra.
En rigor, sí hubo uno en contra, pero nada menos que de una
de las autoras de la norma, Graciela Camaño, quien rápidamente y entre risas
aclaró que había sido suyo el error y fue enmendado.
La presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Gabriela
Burgos, defendió el proyecto destacando que en su artículo 1° “entendimos que
al hablar de los derechos de las víctimas, nos estamos refiriendo a un derecho
de fondo, no de forma”. Señaló en cuanto a las finalidades de la iniciativa que
“se reconocen y garantizan los derechos de las víctimas de delitos”, como así
también derechos de asistencia, para proteger y garantizar el efectivo derecho
de las víctimas.
Tras detallar qué se entiende como víctima -toda persona que
haya sufrido daños o lesiones físicas o mentales, o menoscabo como consecuencia
de la comisión de un delito, entre otras cosas-, dijo que a través de esta
norma se establecen principios rectores, como el principio de la dignidad, la
buena fe, la gratuidad… Habló de la necesidad de las víctimas de recibir un
trato digno, ser informado convenientemente del avance de las causas, y remarcó
derechos tales como el de ser notificado del estado de las causas.
Al enumerar puntos centrales de la nueva norma, citó que
toda víctima que haya sido reportada como desaparecida pueda ser buscada de
inmediato, sin esperar como hasta ahora 48 horas. También se establece que se
les reciban las declaraciones en sus domicilios.
“Sin lugar a dudas esto viene a zanjar una deuda que se
tenía con las víctimas. Por mucho tiempo las víctimas estuvieron calladas. Hoy
las víctimas hablan; no tendrán un resarcimiento aquellos que perdieron a sus
familiares, pero quieren que el Estado les brinde lo menos que necesitan:
Justicia y un trato digno e igualitario”, concluyó la diputada jujeña.
El régimen previsto en el proyecto de ley estipula a su vez
que las denuncias no se radiquen más en comisarías sino que se efectúen en
Centros de Asistencia y Protección a la Víctima de Delito, que estarán
disponibles las 24 horas, y que contarán con un equipo interdisciplinario de
médicos, psicólogos, asistentes sociales y abogados a disposición.
La diputada radical jujeña Alejandra Martínez consideró por
su parte “de suma importancia estas iniciativas que se abordan hoy”. Señaló que
las garantías actuales “alcanzan a los victimarios, pero no alcanzan a las
víctimas, y eso es lo que se pretende cambiar”. Agregó que “hemos escuchado a
las víctimas de delitos hablar en primera persona de situaciones que han vivido
en el marco del proceso de las investigaciones”.
A continuación, el radical mendocino Luis Petri agradeció a
“los verdaderos promotores para que esta iniciativa se trate en esta cámara:
las víctimas de delitos y las asociaciones de víctimas de delitos, que a partir
de un muy buen proyecto del diputado Sergio Massa, al que le hicimos agregados,
permiten darle la atención que reclaman las víctimas”.
“Esto supone un cambio de paradigma”, aseguró el presidente
de la Comisión de Seguridad Interior, y recordó que “un delito ocasiona dos
traumas; el primero, el que ocasiona un hecho delictivo (…), por eso el proceso
penal se encargan de restablecer la confianza ante el quebrantamiento de las
reglas. Pero también se genera el trauma que sufren las víctimas a partir de
las repercusiones posteriores: su ingreso al proceso, y allí, prácticamente son
olvidadas. También sufrían etiquetamiento, falta de apoyo; tenían una mínima
participación en el proceso penal. Eran consideradas apenas como un objeto de
prueba, y tenían mínimos derechos”.
Por el kirchnerismo, la diputada Diana Conti recordó que
“históricamente la víctima ha sido raleada del proceso penal”, por lo que lo
consideró “un debate de larga data”. Advirtió que el problema se empezó a
plantear después del año 1991, con un Código Procesal Penal que definió como
“muy viejo”. Tras esa puja, recordó que la víctima fue “revictimizada por la
desidia de los poderes públicos”.
“Nos dimos durante el gobierno kirchneristas un nuevo Código
Procesal Penal, que le dio a la víctima un lugar central”, agregó, pero recordó
que la implementación de ese código fue pospuesta, lo que obliga a “llenar una
laguna”. Así las cosas, reclamó que “este debate no tiene que tener ni nombre
ni apellido, ni color partidario, aunque advirtió que “tampoco es que con esta
ley las víctimas van a tener resuelta la posibilidad de ejercer el derecho que
tienen”.
Cuestionó la postergación del Código Procesal Penal, que
atribuyó a “una puja de poder” dentro del Poder Judicial, al que acusó de ser
“lento en aplicar las penas”, y advirtió sobre “el riesgo de caer en la
inflación punitiva”. A continuación le apuntó al Frente Renovador, al alertar
sobre “una andanada oportunista, en general, de los que van por la ‘avenida
ancha’, pero que les va a quedar muy finita”, y comparó sus propuestas con las
leyes Blumberg. Tras ello, Diana Conti anunció el acompañamiento de su bloque
al proyecto.
Por el Frente Renovador habló en primer lugar la diputada
Mónica Litza, presta a contestar la crítica de Diana Conti. En primer lugar
dijo que la ponía contenta que acompañaran la iniciativa, pero les recriminó no
haber participado de los debates en las comisiones, en los que escucharon las
posiciones de las víctimas. Rechazó de paso los cuestionamientos hechos en el
marco de una cuestión de privilegio por el kirchnerista Remo Carlotto con
relación a irregularidades en la emisión del dictamen de comisión por una
supuesta falta de quórum.
“Para nosotros este proyecto es uno de los más importantes
que va a tratar esta Cámara este año”, aseguró Litza, y les reclamó al FpV que
no hubieran hecho nada respecto de las críticas durante sus 12 años en el
poder. “Lo nuestro no es oportunismo; lo planteamos también en nuestro Código
en el año 2013. Hace tiempo que venimos sosteniendo que la balanza de la
Justicia está desnivelada”, recordó, agregando que “en el debido proceso hay un
ausente que es la víctima”.
La diputada massista señaló que en la actualidad las causas
llevan el nombre del victimario, y ellos reclamaron que sea al revés: que
lleven el nombre de las víctimas. Por otra parte señaló que “esta es una ley de
orden público; invitamos a la Ciudad de Buenos Aires y todas las provincias a
adherir”, y pidió que su implementación sea gradual, en la medida que cuenten
con los recursos correspondientes.
“Venimos a equilibrar la balanza de la justicia poniendo en
el platillo los derechos de las víctimas, que antes no estaban”, señaló.
Por el bloque Justicialista, Néstor David (Salta) resaltó
que la norma impulsada posibilita “una mejora de nuestro sistema, la
posibilidad de transformar una realidad que hoy nos duele”, y destacó el
artículo 5°, que enumera los derechos de las víctimas, que “impide que jueces,
fiscales, funcionarios públicos, puedan mirar para otro lado”.
“La atención a las víctimas existe en muchas provincias
-advirtió sobre el final-. De nada sirve que estos centros que esta ley prevé,
sea un centro nacional, y no compatibilizar ese aporte con lo que hacen las
provincias, los municipios, los distintos poderes del Estado. No sirve si en mi
provincia, o mi ciudad, existe el centro de atención a la víctima municipal,
nacional, provincial… Todos con muy poquitos recursos para ayudar a las
víctimas. Prefiero que unifiquemos esos centros y sus competencias”.
La diputada del GEN Margarita Stolbizer sostuvo por su parte
que “la mejor respuesta que esta Cámara está dando a una demanda de las
víctimas es el gran consenso que hay sobre esta ley, para confluir en un
dictamen con un apoyo muy contundente como el que va a tener esta norma”. Tomó
esa actitud como un norte para los legisladores en otras cuestiones donde se
demandan respuestas del Congreso. La legisladora destacó que el dictamen “tiene
la importancia de garantizar el ejercicio efectivo de los derechos”.
“Esta norma tal cual está redactada, permite avanzar en la
especificidad de cuales son los derechos”, añadió, pero también hizo una
observación, con relación al artículo 2°, donde se especifica sobre la tutela
judicial, que hubiera preferido como “una tutela integral”. Resaltó también que
otra de las ventajas del dictamen es que se les permita a las víctimas “ser
informadas verbalmente”. Quitarles así el proceso escrito, lo cual no solo
establece una relación mucho más directa, sino también permite que sean oídas.
Sobre el final del debate, Sergio Massa defendió la norma de
la que es autor, junto a Graciela Camaño, y resaltó el trabajo de todos los
diputados en esa norma, que entendió como una señal para la sociedad de que
“este Congreso también discute la situación de los ciudadanos de a pie”.
Agradeció a quienes “vienen trabajando con nosotros con la redacción de un
nuevo Código Penal, un nuevo Código Procesal”, y agradeció también a las
asociaciones de víctimas “que nos acompañan”.
Recordó la marcha reciente de #Paraquenotepase, y destacó
que si bien los delincuentes cuentan con derechos, “no es menos cierto que ese
derecho es un paraguas que también debe proteger a la víctima; porque la
Justicia les debe reparar un daño. Pretendemos con esta ley equiparar la
balanza”.
Massa sostuvo que “las víctimas de la inseguridad, o de
Cromañón, o de los distintos hechos que fueron marcando con luto y tragedia
tienen en el grito de las víctimas la marca del fracaso del Estado. El fracaso
para brindar seguridad, pero también para proteger y reparar en un sistema de
Justicia”.
“Sabemos que es importante para el momento de la llegada a
la línea de reparación de la Justicia el papel que pueda jugar cada uno de los
que fueron víctimas de un delito en el proceso -dijo-. Tenemos la satisfacción
de que a partir de esta ley comenzamos a reparar parte de los daños que el
Estado viene cometiendo”.
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