Lo decidió el juez
Claudio Bonadio por irregularidades en
ese programa en el que hay otros 18
imputados.
Judiciales - El
exjefe de gabinete Aníbal Fernández y el exministro de Salud, Daniel
Gollán, fueron procesados por decisión del Juzgado Federal N°11 a cargo del
juez Claudio Bonadio en la causa Qunita, donde se los acusa de diseñar un
pliego a medida y direccionar para que resulten ganadoras seis empresas.
Según informó este jueves la Oficina Anticorrupción (OA),
querellante en la causa, el juez Bonadio decidió elevar el expediente a juicio
por entender que la tramitación de la causa en la instancia de pruebas está
cerrada.
En la causa hay 18 procesados, mientras que quedó firme el
sobreseimiento del gobernador de Tucumán y ex ministro de Salud, Juan Manzur.
Fernández, quien ocupó otros cargos en el extenso ciclo gubernamental del
kirchnerismo, también está procesado en la causa "Fútbol Para Todos"
por supuestas irregularidades en el contrato de compra de derechos de
televisación de partidos de fútbol que el Estado nacional celebró con la AFA en
2009.
El expediente investiga irregularidades en la licitación del
"Plan Qunita", un proyecto del kirchnerismo que implicó una inversión
de más mil millones de pesos para la compra de 140 mil kits que incluían una
cuna, un bolso materno, cambiador y otros elementos "de uso
cotidiano" para mujeres y sus bebés.
La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) advirtió que
algunas cunas no servían para bebés de más de siete kilos y que los precios
pagados eran "excesivos e injustificados".
Según había dicho Bonadio en un escrito, esta es "una
de las causas de corrupción más explícita y grosera que el suscripto tenga
memoria, que derivó en una cuantiosa pérdida económica para la administración
pública nacional cuando se direccionó de manera arbitraria una licitación
pública para seis empresas pre-elegidas con un sobreprecio de casi el cincuenta
por ciento".
La Sala II de la Cámara Federal, integrada por los jueces
Martín Irurzun y Eduardo Farah, resolvió confirmar el sobreseimiento de Manzur,
Elisa Marta Gulberti, Carlos Alejandro Liz, Viviana María Cristina Bonpland y
Alelí Claudia Pilar García, dispuesto por el juez Bonadio.
La Oficina Anticorrupción se había opuesto al sobreseimiento
de Manzur, pero el tribunal de alzada -que ya había revocado los
procesamientos- ahora confirmó la decisión de sobreseerlos.
La intervención de Manzur en el expediente, dijo la Cámara
Federal, "está dada en la suscripción de la resolución 87 de fecha 30 de
enero de 2015, por medio de la cual autorizó, en su carácter de Ministro de
Salud, la convocatoria a la licitación, aprobando el pliego de bases y condiciones
y autorizando al Secretario de Salud y al Secretario de Coordinación, en forma
indistinta, a emitir circulares modificatorias".
Además de Fernández y Gollán, en la causa están procesados
Ana Paula Herrera Viana (responsable de la Unidad Operativa de Compras del
Ministerio de Salud), Juan Carlos Piccolini (integrante de la Comisión de
Evaluación), Fanny Elena Clemente Lamas (integrante de la referida comisión y
Directora de Compras, Patrimonio y Suministros), y Nicolás Kreplak (integrante
de esa comisión y Subsecretario primero y Secretario de Salud Comunitaria
después).
La lista sigue con Alicia Raquel Escobar Atensio, Claudia
Angela Esteban, Carlos Tejada (responsables de la Dirección General de Asuntos
Jurídicos de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación),
María Victoria Flores, Diego Luis Romero, Martín Miranda, Leandro Nicolás
Flores, Sergio Alejandro Lupi, Jorge Omar Artazcoz, Gustavo Oscar Cilia, Oscar
Alejandro Micheli y Dora María Ruocco (integrantes de las empresas que resultaron
ganadoras de la licitación). Para la OA ya estaban acreditadas las
irregularidades en la selección y adquisición de materiales para el "Plan
Qunita", en el que se habría diseñado un pliego a medida y se habría
direccionado la licitación.
"Para esta parte querellante, la actuación de los
funcionarios públicos en la maniobra investigada es subsumible en las figuras
de negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas y
administración fraudulenta en perjuicio del Estado", dijo.
Y sostuvo, en la solicitud de elevación a juicio, que
"la conducta de los particulares directivos y/o socios de las empresas que
resultaron adjudicatarias de la licitación debe encuadrarse como participación
necesaria (salvo en un caso donde sería complicidad) en el segundo de los
delitos enunciados".
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