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| Por Gabriel Profiti |
La convocatoria al Diálogo para la Producción y el Trabajo,
anunciada por el Gobierno, contempla una agenda de reformas que exceden la
discusión por el bono de fin de año para trabajadores del ámbito privado y
quizá del sector público.
El llamado a empresarios y sindicalistas posiblemente
quedará formalizado con un decreto del presidente Mauricio Macri y, si bien en
una primera etapa se centrará en ese reclamo del movimiento obrero, luego dará
paso a una serie de iniciativas con las que el Gobierno busca mejorar la
"productividad" del país.
La agenda de temas contempla reformas espinosas como la
adecuación/enmienda de convenios colectivos de trabajo, la sanción de leyes de
promoción del empleo y pasantías, y cuestiones insistentemente planteadas por
el sector empresarial como la reducción de los niveles de ausentismo y
litigiosidad.
Esas iniciativas forman parte de un más abarcativo Plan
Productivo Nacional, presentado por uno de los coordinadores del gabinete
económico, Mario Quintana, con la ambición de "mejorar la productividad
sin bajar salarios", un cambio de modelo inspirado en la transformación
que vivió Australia en los 90.
De todos modos, muchas de esas propuestas ya generaron
reacciones adversas en sectores gremiales y políticos, quienes advirtieron que
se trata de un nuevo intento de reducción de derechos y de flexibilización
laboral.
La hoja de ruta comenzará a ser analizada ante una CGT
dividida entre "halcones y palomas". El diálogo no contempla en una
primera etapa a las CTA, cuyos dirigentes estuvieron a la cabeza de las
protestas contra la política económica de Cambiemos.
Un ejemplo es la negociación encarada por el Gobierno con
sindicatos petroleros para reducir los costos laborales de esa industria, cuyos
trabajadores ganan muy por encima de la media, con la intención de atraer
inversiones en el sector.
Esas tratativas con el sindicato del Petróleo y Gas Privado
liderado por Guillermo Pereyra se enmarcan en una industria afectada por la
caída de los precios internacionales, pero en los hechos implica la reducción
de remuneraciones adicionales y una mayor elasticidad en la contratación o
cesantía de operarios.
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