El oficialismo
consiguió el aval para avanzar contra la actual procuradora Alejandra Gils
Carbó. Protestas de la izquierda
y del kirchnerismo.
Procuradora General Alejandra Gils Carbó |
Nacionales - Con
numerosos y profundos cambios sobre la versión original, obtuvo dictamen este
martes el proyecto que reforma la Ley del Ministerio Público, con el que
Cambiemos busca acotar el mandato del procurador general –cargo que hoy ocupa
Alejandra Gils Carbó- y dar amplias facultades de control a una bicameral del
Congreso.
La iniciativa fue avalada al cabo de un plenario de las
comisiones de Justicia, Legislación Penal y Presupuesto de la Cámara de
Diputados, donde el oficialismo logró destrabar el debate gracias a un acuerdo
alcanzado con el Frente Renovador de Sergio Massa.
De esta manera, el proyecto sería votado en el recinto de la
Cámara baja el próximo miércoles 26, mientras que el Senado se prepara para
discutirlo en comisiones una semana después, según la agenda que elaboró el
oficialismo a poco del cierre del período ordinario de sesiones.
El dictamen de reforma del Ministerio Público fue acompañado
por el massismo y rechazado con énfasis por la izquierda y el Frente para la
Victoria, al tiempo que recibió algunas objeciones por parte del bloque
Justicialista de Oscar Romero y Diego Bossio.
El titular de la Comisión de Justicia de la Cámara baja,
Diego Mestre (UCR), explicó una a una –tal como adelantó parlamentario.com- las
modificaciones que sufrió el proyecto enviado en abril por el Poder Ejecutivo,
y defendido por el ministro del área, Germán Garavano.
En primer lugar, el radical destacó que, por pedido de toda
la oposición, se eliminó la figura de los cuatro subprocuradores, con los
cuales el Ejecutivo pretendía descentralizar el poder que hoy ostenta Gils Carbó.
De esa forma, resaltó el diputado, “se devolvieron al
procurador las facultades plenas de conducción del Ministerio Público Fiscal y
la conducción de la política criminal”.
Además, reconoció que en el dictamen “se le dieron muchas
funciones a la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio
Público”, que se constituyó el 13 de septiembre bajo la presidencia de la jefa
del bloque massista, Graciela Camaño.
Mestre señaló que “no sólo se legitimaron las facultades de
la bicameral, sino que va a tener participación en cuanto a los traslados de
fiscales y la creación de procuradurías especializadas”, dos de las acciones
que deberán ser aprobadas por la comisión.
El legislador también informó que “se modificó el proceso de
remoción del procurador”, dado que “el proyecto original preveía la posibilidad
de que se iniciara con un decreto del PEN”, algo que fue eliminado.
El proyecto facilita la fase de acusación del juicio
político, ya que Diputados podrá superarla de oficio y con mayoría simple, aunque
luego el Senado –como cámara juzgadora- deberá convalidar el proceso con las
dos terceras partes de los miembros.
El mandato del procurador general durará cinco años –con
posibilidad de una reelección por el mismo período-, pero en ninguna de las cinco
cláusulas transitorias del dictamen se aclara qué sucederá con Gils Carbó, un
tema que podría terminar en la Justicia.
Críticas opositoras
La primera en cuestionar el proyecto fue Myriam Bregman
(PTS), quien pidió volver a discutirlo en asesores porque “este proyecto es muy
distinto al que se trató y al que escuchamos opinar en las reuniones” donde
asistieron funcionarios judiciales y especialistas.
La legisladora criticó que se cree una Procuraduría de
Terrorismo y sugirió que el Gobierno podría valerse de la ley para
“criminalizar la protesta social”, pero el macrista Pablo Tonelli le salió al
cruce y recordó que “en Argentina el terrorismo no es una entelequia, no es un
fantasma”, al poner como ejemplo el atentado a la AMIA.
Por el Frente para la Victoria, Emilia Soria exhibió ante
los legisladores un ejemplar de la Constitución, para graficar que los
principios de “división de poderes” y “autonomía y arquitectura del Ministerio
Público” resultan “absolutamente desconocidos”, e ironizó que la Carta Magna
“se consigue en cualquier kiosco”.
Soria consideró que “cinco años es un plazo insuficiente
para llevar a cabo la política criminal” y apuntó que su bloque proponía fijar
ese plazo en siete años, a la vez que criticó las “facultades exorbitantes” que
se le otorgan a la comisión bicameral.
“Si Gils Carbó tiene tantas falencias, ¿por qué no avanzamos
en un juicio político?”, se preguntó la rionegrina en referencia a la jefa de
los fiscales designada por el gobierno kirchnerista en reemplazo de Esteban
Righi.
Minutos después, la líder del GEN, Margarita Stolbizer,
recogió el guante y afirmó entre aplausos que “muchos años antes de que (Soria) naciera, muchos fueron perseguidos
por defender la Constitución”. “Ese kiosquito del que habla la diputada
debió abrirse hace tres meses, porque en doce años no se acordaron de defender
la Constitución”, remató.
Sin embargo, Stolbizer coincidió en que “hay un exceso de
atribuciones a la bicameral” presidida por Camaño, que “en algunos casos va
mucho más allá de lo razonable”.
En este sentido, el kirchnerista Rodolfo Tailhade lamentó
que “el Frente Renovador ha impuesto las condiciones” para garantizar la
aprobación de la ley, y asimismo se preguntó “por qué no hay una cláusula
transitoria sobre la situación de la procuradora”.
Pablo Kosiner,
del bloque Justicialista, opinó que “sería
una mala señal debatir este proyecto en el marco de un eventual interés del
Gobierno de desplazar a la procuradora”, y opinó a su vez que “fue un gran
error suspender la vigencia del Código Procesal Penal” porque “la sociedad
argentina demanda mejores herramientas para la sanción de los delitos”.
Camaño responde
Casi al final de la reunión, Camaño respondió a sus pares de
la oposición y aseguró que “se dicen demasiadas pavadas” en torno a su rol en
la conducción de la bicameral.
“La bicameral ha sido una vieja deuda de la primera ley, que
ya establecía la necesidad de que el Congreso estuviera”, recordó la diputada
del Frente Renovador, aunque reconoció que “no faltaron las especulaciones”.
Y concluyó: “Cuando pensamos en una institución no tenemos
que pensar en poner a nuestros amigos; tenemos que pensarlas para siempre.
Tenemos que tener la Procuración más allá de un procurador o una procuradora”.
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