Es por presunto
fraude al Estado por $ 8.000 millones. El fiscal Pollicita también avanzó
contra Ricardo Echegaray, extitular de la AFIP.
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| El empresario Cristóbal López podría ser procesado por evadir más de $ 8.000 a través de Oil Combustibles. |
Judiciales - El fiscal
federal Gerardo Pollicita pidió el procesamiento de los empresarios
kirchernistas Cristóbal López y Fabián de Sousa, dueños del Grupo Indalo, como
protagonistas de un presunto fraude al Estado por $ 8.000 millones a través de
su petrolera, Oil Combustibles.
Pollicita también avanzó contra las autoridades de la
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray y Rubén
Angel Toninelli, y una larga lista de funcionarios y técnicos del organismo.
Los consideró responsables de facilitar esa multimillonaria evasión para
beneficiar a esos empresarios, mientras redoblaban la presión contra otros
contribuyentes.
En un dictamen de 76 carillas, Pollicita desgranó como se habría
cometido las maniobras en presunto perjuicio del Estado, y que La Nación reveló
en marzo pasado tras una larga investigación. "Es dable poner de resalto
la alarma social que generan hechos como el presente, y la preocupación que han
manifestado diversos organismos internacionales en los últimos años",
remarcó el fiscal, "a raíz de la propagación y reiteración de conductas
que, como la presente, se enmarcan dentro de lo que se ha dado en llamar
'delitos de corrupción', que afectan la transparencia y honestidad con que debe
desempeñarse la función pública".
Con ese dictamen en sus manos, el juez federal a cargo de la
investigación, Julián Ercolini, deberá evaluar si accede al pedido del fiscal y
procesa al llamado "zar del juego", su socio De Sousa, a Echegaray,
Toninelli y la "línea" de la AFIP involucrada en la maniobra o si,
por el contrario, dicta su falta de mérito a la espera de más evidencias para
procesarlos o sobreseerlos.
Para Pollicita, sin embargo, las evidencias acumuladas en el
expediente ya son más que suficientes para procesarlos a todos. En el caso de
López y De Sousa, porque se quedaron con $ 8000 millones del impuesto a la
transferencia de los combustibles (ITC) -pagado por los automovilistas que
cargan combustible en sus estaciones de servicio- y, en vez de girarlo a la
AFIP, lo utilizaron para financiar la expansión del Grupo Indalo, comprar
nuevas empresas y cubrir el déficit de sus operaciones con números en rojo.
La devolución de los $ 8.000 millones, estimó Pollicita
sobre López y De Sousa en su dictamen, "sabían que sería imposible de
afrontar con posterioridad, todo ello para financiarse a costa del dinero
público -ante la imposibilidad de obtener empréstitos por medios privados- y
utilizar indebidamente esos fondos para solventar la necesidad de capital que
otras empresas del Grupo requerían para su desarrollo, propiciando así la
descapitalización de Oil Combustibles y su presentación a concurso preventivo
ante la imposibilidad de cumplir con el pago de sus acreencias con el fisco".
Informe: LN
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