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| Por Gabriel Profiti |
Después de haber piloteado la relación con un Congreso
fragmentado y adverso, Mauricio Macri sufrió en cuatro días una ráfaga de
derrotas parlamentarias, propinadas por propios, opositores moderados y
detractores sin retorno.
La semana negra del Presidente en el Congreso se inició con
la decisión de Elisa Carrió de retirarle su apoyo al proyecto de reforma del
Ministerio Público Fiscal, cuyo objetivo final es la remoción de la Procuradora
Alejandra Gils Carbó, líder de un colectivo kirchnerista en el Poder Judicial.
Tras haberse sometido a una angioplastia, Carrió tachó de
inconstitucional la iniciativa y pidió avanzar con un juicio político sobre la
jefa de los fiscales. El problema para Macri es que no cuenta con los dos
tercios requeridos en ambas cámaras del Congreso ni de un clamor popular para
conseguirlo.
Esa reforma anti Gils Carbó había sido fruto de un acuerdo
con el massimo y empoderado a la diputada Graciela Camaño al frente de una
comisión estratégica. El acuerdo voló por los aires.
En palabras de Emilio Monzó, presidente de la Cámara de
Diputados, la sucesión de traspiés que sobrevino en los últimos días partió de
la rebeldía de la jefa de la Coalición Cívica que dinamitó los puentes con los
dialoguistas del PJ.
La tensión pudo percibirse en el lanzamiento de la mesa
nacional de Cambiemos, con Macri, Carrió, Ernesto Sanz y otras figuras de la
coalición gobernante, pero ante la prensa llamativamente solo hablaron Gabriela
Michetti y segundas líneas.
Por otro lado, el Presidente había reclamado la sanción del
régimen de Participación Público Privada -pontificada como usina de
inversiones- y los alfiles parlamentarios de Cambiemos estuvieron hasta último
momento negociando aportes de Sergio Massa y Diego Bossio, garantes del quórum
que necesita Cambiemos.
Sin embargo, a la hora de la verdad, el Frente para la
Victoria planteó sus diferencias y propuso que el proyecto volviera a comisión,
a lo que se plegó inesperadamente el massismo -con disidencias internas-. La
votación terminó 105-107.
Ahora, Cambiemos espera tratarlo el martes en comision sin
mayores retoques y votarlo el miércoles, pero el massismo sigue pidiendo
cambios. Al día siguiente de aquel inesperado revés, se esperaba que el
proyecto de Ley de Presupuesto 2017 consiguiera dictamen de comisión, pero
también fue postergado.
Voto electromanual
En tanto, nuevos interrogantes surgieron en torno al plan de
implementar la Boleta Única Electrónica en las elecciones del año próximo.
Después de haber sido aprobado en Diputados, los senadores del FPV-PJ, Juan
Manuel Abal Medina y Omar Perotti, presentaron una alternativa para que que el
conteo sea manual y que la boleta no tenga chip, por miedo a posibles hackeos.
Si se aprueba, seguirá habiendo terminal electrónica pero el
conteo volverá a ser manual. Es difícil que Cambiemos logre prevalecer si hay
acuerdo de todo el peronismo.
Puede ser un adelanto de los tiempos que se vienen: el PJ en
todas sus vertientes puede complicar a Macri, aun cuando no encuentre caminos
electorales que lo unifiquen.
Mientras tanto, Ezequiel Fernández Langan, el funcionario
del Ministerio del Interior encargado de poner en marcha la reforma, se come
las uñas. La planificación original lleva un mes de retraso y todavía no tiene
fecha de salida.
Debe llamar a licitación para comprar las terminales
electrónicas, esperar que la Cámara Nacional Electoral homologue el sistema,
poner a tono toda la infraestructura nacional y elaborar planes de capacitación
para jefes de mesa y electores.
El derrotero de CFK
Este lunes Cristina Kirchner arranca con un nueva pasarela
judicial en el juzgado de Julián Ercolini, quien la investiga por el
direccionamiento de obra pública durante su gestión a las empresas de Lázaro
Báez, presunto socio y testaferro familiar.
A esa causa se les suman las denominadas Hotesur y Los
Sauces, por maniobras con sus hoteles y los beneficiarios de la obra pública y
la que la tiene procesada por la venta de dólar futuro sobre el final de su
gobierno.
La expresidenta tiene una muy alta valoración negativa, pero
al mismo tiempo recoge un número privilegiado de adhesiones para una elección
legislativa. En consecuencia es una actriz a tener en cuenta en los comicios de
2017, lo mismo que Daniel Scioli, otro de los apuntados por la Justicia a
través de sus colaboradores.
En ese marco, Cristina refuerza su estrategia de defensa
diciendo que es víctima de un ataque sistemático del Partido Judicial, mientras
mueve todas las fichas posibles dentro del esquema de lealtades que dejó en la
Justicia.
En total son unas 60 causas las que involucran al
kirchnerismo con la corrupción, según el Observatorio de la Corrupción, que
acaba de lanzar la Corte Suprema de Justicia para poner una lupa sobre la
actuación de los jueces y camaristas federales.
Entre todos los expedientes genera expectativa el que fue
archivado por la denuncia que presentó Nisman contra Cristina por presunto
encumbrimiento de los autores del atentado a la AMIA.
El archivo de esa causa fue decidido por el juez Daniel Rafecas,
ratificado por la Cámara Federal y convalidado por el fiscal ante la Cámara de
Casación Javier de Luca. Pero ahora la DAIA planteó una apelación para que le
permitan ser querellante y abre el juego a la Cámara de Casación.
La sala I que debe decidir este delicado asunto está
integrada por la presidenta de esa Cámara, Ana María Figueroa, y por los
camaristas Gustavo Hornos y Mariano Borinsky. Se descuenta que Figueroa votará
a favor de Cristina pero los otros dos quieren que por lo menos se investigue.
El punto es que esos jueces son subrogantes hasta fin de año
y la Cámara Federal todavía no remitió la causa. Por eso, la DAIA presentó el
viernes un pedido de "pronto despacho" para que pueda intervenir el
tribunal superior.
Mientras tanto, trascendió que la defensa de Cristina
Kirchner podría impugnar a Borinsky con un argumento polémico: su condición de
judío.
En el caso de que se abra la investigación habrá que
determinar si interviene el decidido Claudio Bonadio, por conexidad con otra
causa, o Rafecas.
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