El falso vocero papal es acusado por haberse
quedado, junto al gremialista Julio Piumato, con elementos secuestrados
en un
allanamiento.
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| Gustavo Vera, amigo del Papa, está imputado por quedarse con máquinas textiles secuestradas en un allanamiento. |
Por Guadalupe Vázquez
En
octubre de 2015, una cadena de vagas casualidades llevó al allanamiento de un
taller de costura. Lo que en principio fuera anunciado como un triunfo
más en la lucha contra el trabajo esclavo terminó denunciado como un
entramado judicial para el robo sistemático de maquinarias e insumos
del sector textil.
El asunto condujo a la imputación penal de Gustavo
Vera, ícono de la lucha contra la trata de personas, y de Julio
Piumato, titular de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación. El
expediente, número 7285/2016 lleva como carátula: “Vera, Gustavo Javier
y otro s/ Malversación de Caudales Públicos”.
La
causa estuvo a cargo del juez Ariel Lijo, quien, por una
investigación policial, realizó un allanamiento y confiscó 19 máquinas y demás
insumos destinados a la confección de ropa. En el procedimiento detuvo además a
los responsables del taller, los ciudadanos bolivianos Faustino Mamani
Chinche y a su esposa, Reyna Calizaya, y le ordenó a
Gendarmería que se hiciera cargo de la custodia del taller y todo lo que se
encontraba adentro.
Dos
semanas después Vera y Piumato presentaron ante el juzgado de Lijo un escrito
para que se le entregaran las máquinas y prendas secuestradas. El 23 de
diciembre y sin que se encontrara firme ni una foja del expediente, el
magistrado ordenó que le fuera entregado a Vera y Piumato en calidad de
“depositario judicial” todo lo incautado en el procedimiento y los autorizó a
entregar en comodato todo el material a dos entidades de la curia argentina: la Parroquia
de Caacupé, y el Hogar Cristo Gaucho Antonio Gil.
Según Lucas
Schaerer, vocero de Vera, esto es un procedimiento habitual desde el 2008,
fecha en la que el juez Sergio Torres sentó el precedente en
un fallo, basado en el art. 23 del Código Penal, que establece que “si el bien
decomisado tuviere valor de uso o cultural para algún establecimiento oficial o
de bien público, la autoridad nacional, provincial o municipal respectiva podrá
disponer su entrega a esas entidades”. Se trata de lo que llaman “incautación
con reinserción social”: lo decomisado se utiliza con fines benéficos. Sin
embargo, el abogado Alejandro Kim, defensor del matrimonio
boliviano, los denunció por el delito de “malversación de caudales
públicos”. En su escrito, Kim dejó constancia de que no había sentencia
firme, y que no se trataba de un hecho aislado, sino de una forma de
proceder de un grupo en el que se ven implicados jueces y fiscales que, con la
excusa de combatir el trabajo esclavo en la ciudad de Buenos Aires, se apropian
de bienes de los comerciantes textiles. A esa metodología Kim la calificó de
“forum shopping”. La Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal
coincidió con él: revocó todo lo actuado, dictó la falta de mérito
sobre Mamani Chinche, le quitó el manejo de la causa a Lijo, y
la envió nuevamente a sorteo para que intervengan otras autoridades judiciales
con la orden de devolver inmediatamente lo incautado.
La
nueva instrucción recayó en el juez Marcelo Martínez de Giorgi,
quien ordenó que reintegraran todo el material. Sin embargo, faltaban varias
máquinas valuadas en miles de pesos, insumos y prendas confeccionadas.
Semejante
irregularidad disparó una investigación, a cargo de Claudio Bonadio, bajo
la carátula de malversación de caudales públicos. Si bien según Schaerer “la
semana pasada se terminó de devolver todo”, la querella sostiene que se trató
de una maniobra dilatoria para evitar la indagatoria, pero que,
según consta en una nueva denuncia, lo devuelto no se corresponde con lo
sustraído. Y no sólo eso, las máquinas devueltas tenían el número de serie
limado, lo que mostraría la intención de confundir a la justicia.
Consultado
por este nuevo revés, el diputado Gustavo Vera negó la imputación: “ya está
todo aclarado, con la devolución quedó sin efecto la causa”. Cuando se le
explica que no es así, que fuentes del juzgado sostienen que por ahora sólo se
postergó la indagatoria, pero al haber una nueva denuncia la causa en la que
está imputado seguía en pie, Vera contestó a los gritos: “Ah, mirá vos, Stiuso
está afilado, cuánto te paga la SIDE? Andá a trabajar con Majdalani. Esta es
una operación berreta orquestada por la gente de Stiuso, que le garpan a los
periodistas como vos. Estás mintiendo, lo que querés es perjudicarme para
pegarle al Papa, a vos te pagaron para pegarle al Papa.”
El
motivo del nerviosismo de Vera es entendible: esta causa puede terminar siendo
la punta del iceberg que ponga al descubierto un sistema cuando menos polémico,
que permite el aprovechamiento por parte de terceros de materiales incautados
cuando todavía no hay una sentencia firme, y que nadie controla, generando
perjuicios a trabajadores que dicen defender. Según la querella “no es casual
que los allanamientos apunten en su mayoría a fabricantes de jeans, porque usan
máquinas e insumos más caros que otros tipos de prendas”.
En un
momento menos tenso de la entrevista telefónica, Vera reconoce: “hoy hablé con
(el ministro de Justicia Germán) Garavano, para que no tengamos más sospechas,
que a partir de ahora el ministerio se haga cargo de lo incautado, como tendría
que ser, y no nosotros. Lo que pasa es que ningún organismo del Estado lo
quería hacer”.
Por
estas horas, en el juzgado de Bonadio están esperando que se les remita lo
actuado por Martínez de Giorgi para expedirse. Si se da lugar a la nueva
denuncia, se fijará fecha para una nueva indagatoria y tanto Vera como
Piumato deberán sentarse frente al juez.
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