La expresidenta
realizó una exposición oral y no respondió preguntas. Ante la prensa, dijo que
es una perseguida
política.
Cristina Fernández de Kirchner al retirarse de los tribunales. (Foto: Télam) |
Judiciales - La
expresidenta declaró, durante más de dos horas, ante el juez federal Julián
Ercolini en la causa en la que se le atribuye haber orquestado un plan para
adjudicar obra pública al detenido empresario Lázaro Báez.
La declaración indagatoria de la expresidenta Cristina
Fernández de Kirchner, ante el juez federal Julián Ercolini, concluyó cerca de
las 12:30, luego de realizar exposición oral sin responder preguntas.
Cristina Kirchner había llegado minutos después de las 10 a
los tribunales federales de Comodoro Py para declarar ante Ercolini en la causa
en la que se le atribuye haber orquestado un plan para adjudicar obra pública
al detenido empresario Lázaro Báez, en medio de un operativo con más de 300
efectivos de seguridad y un doble vallado en el perímetro del edificio
judicial.
La llegada de la exmandataria estuvo acompañada por la
presencia de militantes y simpatizantes ubicados sobre la avenida Antártida
Argentina, entre los que se pudieron ver banderas de La Cámpora, La Tupac
Amaru, Nuevo Encuentro, Miles, Peronismo Militante y Martín Fierro, entre otras
agrupaciones. También algunos gremios, entre ellos los judiciales porteños del
Sitraju, ATE y el sindicato de obreros curtidores.
Entre los dirigentes que esperaron la llegada de la exmandataria
estaban los diputados nacionales del Frente para la Victoria Héctor Recalde y
Axel Kicillof; al exsecretario general de la Presidencia Oscar Parrilli; al
titular de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky; y al intendente de Malvinas
Argentinas, Leonardo Nardini. También se encontraban el dirigente de MILES,
Luis D'Elía, y el extitular de la AFSCA, Martín Sabbatella.
“Formidable
persecución política”
La expresidente Cristina Elisabet Kirchner presentó un
escrito ante el juez Julián Ercolini, quien la había convocado para defenderse
en la causa que investiga la adjudicación de obra pública al empresario Lázaro
Báez.
Según informó en diálogo con los medios que la esperaban, en
ese escrito solicitó la nulidad del dictamen de los fiscales que la imputaron
como jefa de una asociación ilícita.
La exjefa de Estado aseguró que la acusación en su contra es
"un disparate mayúsculo". "Es una maniobra de formidable de
persecución política y hostigamiento mediático. No es original, lo vemos en
Brasil con Lula y tiene como destinatarios a quienes representamos los procesos
de inclusión social", agregó.
Y acusó: "Es una maniobra regional y del actual
Gobierno que trata de tapar el desastre económico y social que hoy tiene la
Argentina".
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