El juez Claudio
Bonadio dictó la resolución a partir de una denuncia que había efectuado el
extitular de esa cartera, Florencio Randazzo.
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| El juez Claudio Bonadio procesó a 25 empleados K del Ministerio del Interior por defraudación y lavado de activos. |
Judiciales - Veinticinco
empleados públicos durante el kirchnerismo del Ministerio de Interior y
Transporte de la Nación fueron procesados y embargados por la supuesta
apropiación de 50 millones de pesos donados por la ONU para el desarrollo.
Fuentes judiciales informaron este viernes que el juez
federal Claudio Bonadio resolvió los procesamientos por los supuestos delitos
de "defraudación contra la administración pública" y "lavado de
activos", a la vez que dispuso embargos de dinero más bienes y, para
algunos, hasta prohibiciones de salir del país.
La lista de encausados está encabezada por los exejecutores
dentro del ministerio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) Esteban Pablo Sáenz Rico, María de Lourdes Giménez y Héctor Damián
Mazza, más otros 22 exempleados de la cartera en la época en que la dirigía
Florencio Randazzo.
El propio Randazzo había radicado la denuncia penal en 2013,
a partir de dos auditorías, una dispuesta por el PNUD y la otra por el
Ministerio, lo cual dio origen a esta causa penal.
"En el marco del Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD) desviaron en provecho propio y/o de terceros
aproximadamente cincuenta millones de pesos ($ 50.000.000), en el período
comprendido entre abril del año 2009 y mayo de 2013 aproximadamente",
sostuvo el juez.
Los procesados se desempeñaban en la Unidad Ejecutora de
Proyectos (UEP), que tenía acceso a cuentas bancarias, cuyos fondos debían ir
destinados a planes de modernización en el Registro Nacional de las Personas,
el Archivo General de la Nación y la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
"Se le imputa a Pablo Vecchio, Ignacio Magnaghi, Raúl
Esteban Alexis Martínez, Gustavo Ariel Speri, Lucas Martínez, Gastón Pascal,
Claudio Mariano Fente, Germán Gabriel Chávez, Andrés Heinrich, Horacio Gustavo
Delfino, Pablo Martín Di Rosso, Marina Graciela Jorge, Santiago Erroz,
Sebastián Ariel Marra, Héctor Damián Mazza, Esteban Pablo Sáenz Rico y María de
Lourdes Giménez haber participado de los distintos actos abusivos e infieles a
través de los cuales, los nombrados, en su carácter de empleados del Ministerio
del Interior y Transporte (MIyT) en el marco del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD) desviaron en provecho propio y/o de terceros
aproximadamente cincuenta millones de pesos ($ 50.000.000), en el período
comprendido entre abril del año 2009 y mayo de 2013 aproximadamente", dijo
el juez.
Según la resolución, los imputados "tenían a su cargo
el manejo y el cuidado del dinero de los proyectos mencionados", eran
"quienes desarrollaban las contrataciones" y "abusando de sus
cargos dentro de la UEP, desviaron en provecho propio o de otras personas el
patrimonio asignado".
"Se apropiaron de los fondos desviándolos a familiares
o bien a personas que habían trabajado en la UEP utilizando para ello la
función que tenían de administradores del dinero de los distintos programas
indicados, simulaban contrataciones por bienes o servicios", afirmó
Bonadio.
Según dijo, "no hay duda que participaban de la
maniobra conociendo que la operatoria que realizaban era ilegal ya que cuál era
la razón para que cobraran el dinero que le correspondía a un tercero por una
supuesta contratación por servicios prestados o bienes adquiridos".
Y añadió que los imputados "participaron activamente
del fraude porque ellos al trabajar en el lugar participaban en el falso
ingreso de los bienes al proyecto que les correspondía y daban el visto bueno
por el servicio inexistente por el que se pagaba".
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