Malvinas: ¿política de Estado?

Por Gabriel Profiti

La Argentina acaba de dar otra vuelta de campana en el abordaje de la cuestión Malvinas, una de las pocas temáticas definidas como política de Estado del país, pero que viene golpeando extremos entre un gobierno y otro desde 1983.

Ahora, la administración de Mauricio Macri dejó atrás la hostilidad del kirchnerismo y reabrió las consultas bilaterales de alto nivel con Gran Bretaña iniciadas en 2002, bajo la fórmula de "paraguas de soberanía" establecida desde los acuerdos de Madrid de 1989 y 1990 por Raúl Alfonsín y Carlos Menem.

Es difícil establecer si esta nueva etapa, más cercana a la de "seducción de los kelpers" del menemismo, será exitosa o no para los intereses de la Argentina, pero está claro que es un giro abrupto respecto al pasado reciente y fue adoptado prácticamente sin el consenso de las otras fuerzas políticas.

El nuevo proceso fue puesto en marcha por la canciller Susana Malcorra y el ministro de Estado para América Latina de la Cancillería británica, Alan Duncan, quien llegó al país para participar del Foro de Inversión y Negocios.

Ambos delimitaron una hoja de ruta que dio pie a una declaración conjunta en la que, prima facie, parece que la Argentina cedió más que el Reino Unido.

Uno de los párrafos más cuestionados es el que indica que las partes acordaron "adoptar medidas apropiadas para remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas, incluyendo comercio, pesca, navegación e hidrocarburos".

Eso es lo que reclaman los isleños desde hace años, lo mismo que la posibilidad de establecer conexiones aéreas con terceros países de la región. La Argentina sumaría escalas de ida y vuelta en Buenos Aires al vuelo que una vez por mes para en Río Gallegos partiendo desde Santiago de Chile.

El acuerdo también fijó la posibilidad de cooperar en la exploración de la Antártida entre ambos países. El Reino Unido, a partir de su presencia en Malvinas, reclama todo el sector antártico que pretende la Argentina y la mayoría del que Chile juzga como propio, que en buena parte también se superponen entre sí. Esas demandas están congeladas por el Tratado Antártico.

Apoyos y rechazos

El entendimiento generó reacciones dispares. El kirchnerismo, como era de esperar, definió al gobierno de Macri de "cipayo" pero también hubo actores menos radicales que lo criticaron, mientras que la diplomacia tradicional pareciera respaldarlo.

Ante los cuestionamientos, la Cancillería sacó un nuevo comunicado -el viernes muy tarde- en el que buscó aclarar algunos puntos respecto a las concesiones.

"La intención de ambas partes de remover obstáculos en áreas tales como la pesca e hidrocarburos en el Atlántico Sur, generará nuevas oportunidades de cooperación y de utilización racional de los recursos naturales de las islas y el cese de actos unilaterales que entorpezcan el nuevo clima que se busca crear. Confiamos en que este nuevo clima permitirá oportunamente el inicio de conversaciones entre ambas partes para resolver la disputa de soberanía, de conformidad con el mandato existente de las Naciones Unidas y otros foros internacionales", señaló.

Antecedentes

Los acuerdos de Madrid restablecieron el diálogo entre la Argentina y el Reino Unido después de la Guerra de 1982 con el fin de avanzar en distintas áreas de cooperación, pero bajo "un paraguas" por el cual ninguno de los estados cedía en su posición respecto a la soberanía de las islas.

Así, en 1990 firmaron un entendimiento para la conservación de recursos pesqueros; en 1995 rubricaron otro para alentar actividades petroleras y gasíferas; y en 1999 un nuevo acuerdo permitió el regreso de argentinos a las islas -con pasaporte-; la construcción de un monumento a los caídos en el cementerio argentino; y la reanudación de vuelos con escala en Argentina.

Lo cierto es que pese a esas declaraciones de buenas intenciones, el Reino Unido tomó luego decisiones unilaterales en prácticamente todos los aspectos.

Con el kirchnerismo en el poder, la Argentina primero se retiró en 2005 de la comisión para la conservación de la pesca y en 2007 denunció la declaración conjunta de 1995 sobre hidrocarburos. Luego buscó aislar comercialmente a los isleños y desalentar con penalizaciones a las empresas que operaban simultáneamente en el continente y en las islas.

Paralelamente, denunció la militarización del Atlántico Sur por parte de los británicos y consiguió múltiples apoyos en foros internacionales a sus reclamos, lo que obligó a Londres a redoblar sus esfuerzos diplomáticos en todas las regiones y motivó a los isleños a realizar un referéndum para reinvidicar su deseo autodeterminación al amparo de la corona británica.

La ofensiva kirchnerista rindió frutos mientras la Argentina mantuvo una conexión lógica con el mundo. A medida que el kirchnerismo se cerraba en su política exterior, especialmente en el último tramo, su predicamento sobre Malvinas languideció.

El año pasado, con el auspicio del Consejo Argentino de Relaciones Internacionales (CARI) el Grupo Consenso sobre política exterior que integraban referentes del PRO, la UCR, el FR y el peronismo disidente llamó a cambiar la política sobre Malvinas y a evitar "confrontaciones estériles".

"Ahora no sabemos si se les va la mano con la salida del eje de confrontación", advirtió el ex vicecanciller Roberto García Moritán, quien firmó aquel documento y en líneas generales se mostró de acuerdo con la nueva política fijada por Malcorra.

El nuevo rumbo quizá no coincida con los tiempos. La reinserción internacional de la Argentina dispuesta oportunamente por el Gobierno de Macri podría ser un soporte importante para retomar el reclamo por Malvinas sin hacer concesiones.

A eso se suma que el "Brexit" votado por los británicos deja en la nebulosa a los territorios de ultramar, en especial a las Malvinas, teniendo en cuenta que económicamente pueden resultar afectados por la pérdida de beneficios comerciales y Europa ahora es libre para dejar de apoyar a Londres en la disputa.

Si bien la política exterior es resorte del Poder Ejecutivo, un acuerdo de esta naturaleza debería ser refrendado por el Congreso.

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