Por Carlos Gabetta (*) |
La espectacular fuga del narcotraficante mexicano Chapo
Guzmán de una cárcel de ‘alta seguridad’ (?), sólo puede asombrar a quienes
creen que las políticas represivas acabarán con el comercio mundial de drogas
ilegales (…) el narcotráfico mueve tanto dinero que puede comprar lo que
necesite, o se le ocurra (…). El Cartel de Sinaloa tiene más presencia
internacional que cualquier multinacional mexicana (…) controla el 70% del
mercado de metaefedrina en los EE.UU.”
Así comenzaba en esta columna, hace más
de un año, un resumen detallado de esas guerras perdidas.
(http://www.perfil.com/columnistas/De-el-Chapo-a-Los-Monos-20150731-0068.html).
En otra, posterior, se trazaba un paralelo entre Argentina y
México. La conclusión era que la dimensión y consecuencias del narcotráfico ya
eran aquí casi las mismas: “(La fuga de Martín y Cristian Lanatta y Víctor
Schillaci) es una nueva y grave evidencia de que en nuestro país el
narcotráfico tiene ya un nivel de influencia económica e institucional que se
acerca a la de los más gravemente comprometidos, como México.” (“Argenmex”, Perfil, 3-1-16).
El plan del gobierno argentino cierra ahora de manera
similar el círculo que en 2012 ya había cerrado el presidente mexicano Peña
Nieto: “creación de una Gendarmería Nacional integrada por diez mil efectivos,
la división del territorio nacional en cinco regiones operativas y una
inversión de cerca de US$ mil millones para financiar los programas de
prevención del delito.”
(http://www.bbc.com/mundo/noticias/2012/12/121218_mexico_pena_nieto_estrategia_seguridad_narcotrafico_jg).
Ocurre que tanto en Argentina como en México el propósito de
guerrear con el narcotráfico mediante las fuerzas de seguridad e inteligencia
se estrella con que éstas ya están penetradas, sino controladas, por el
narcotráfico. Incluso las de creación expresa, ya que en lo esencial se forman
con las preexistentes. Así, la violencia que suelen desplegar se suma a las
“operaciones” de los servicios de inteligencia. “Civiles y militares mexicanos
mantuvieron 3.520 enfrentamientos durante el mandato de Felipe Calderón
(2006/2012) y Enrique Peña Nieto (2012/2014). Murieron 4.255 personas; 4.049
civiles y 209 militares. En las refriegas, 494 civiles resultaron heridos. La
relación entre muertos y heridos fue de ocho a uno (…). El jefe de la Policía
Federal fue destituido tras un informe de Derechos Humanos.”(El País, Madrid,
31-8-16). En cuanto a los servicios de inteligencia, el caso del director de la
Aduana, Juan José Gómez Centurión, resulta un buen ejemplo local: o un militar
reputado honesto es culpable, o fue víctima de algún “servicio”. La conclusión
será pues que no se puede confiar casi en nadie. Incluso en el fallo,
considerando el funcionamiento actual de la Justicia.
Así las cosas, parece más lógico empezar por una “guerra de
limpieza” de los organismos del Estado. Ardua tarea, que por definición
necesitaría de auditorías, comisiones parlamentarias y de notables ad hoc; del
periodismo serio y la participación ciudadana. De la unidad nacional tras el
propósito.
En cuanto al narcotráfico, la única manera de ganar esa
guerra es la legalización de todas las drogas y su control por los estados y
organismos competentes. La fundamentación de esta salida, apoyada por
prominentes figuras internacionales, requiere de otro espacio, pero está
demostrada, entre otras, en la Historia
general de las drogas, del filósofo y jurista español Antonio Escohotado
(tres tomos, Espasa, Madrid, 1999). Recomendable tanto para legos como
especialistas.
(*) Periodista y escritor
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