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| Por Gabriel Profiti |
El fallo de la Corte Suprema de Justicia supone un revés más
político que económico para el Gobierno de Mauricio Macri y no se corre del
hábito del máximo tribunal de dictar pronunciamientos "salomónicos"
en casos de gran trascendencia nacional.
La decisión de la Corte refutó los argumentos oficiales
esgrimidos para no convocar a audiencias públicas al decidir en marzo pasado
los aumentos en las tarifas del gas, tanto en el transporte como en la
distribución y hasta amplió esa requisitoria al incremento fijado al gas en
boca de pozo.
Así, anuló parcialmente los aumentos en el gas y penalizó la
tozudez presidencial de insistir en el procedimiento original. Colateralmente
reprobó a Macri donde prometió ser más sólido, el pregonado respeto por los
marcos legales y las instituciones.
En ese aspecto, el Presidente ya había quedado en posición
adelantada al designar por decreto a los jueces de la Corte, Horacio Rosatti y
Carlos Rosenkrantz.
En resumen, el cambio cultural que pretende Macri en materia
del uso de la energía -pero también en otras viejas mañas argentinas- no puede
ser aplicado con una topadora.
Con el fallo ya publicado, el jefe de Gabinete, Marcos Peña,
señaló que el Gobierno ya no discutirá la cuestión y acatará la decisión de la
Corte, a diferencia de los cuestionamientos públicos que solía hacer Cristina
Kirchner.
Internamente, el Gobierno también reaccionó con
tranquilidad. Después de tanta polémica, la decisión no resultó tan nociva como
potencialmente podría haber sido para su política económica porque se limita
únicamente a los usuarios residenciales y no se pronuncia sobre el precio sino
sobre el mecanismo.
En principio, los aumentos de hasta el 400% para usuarios
residenciales se aplicarán una vez que se realicen las audiencias públicas
-Peña habló de sumar aportes de otros sectores- y retroactivamente quedan
anulados y los de hasta el 500% de comercio e industria siguen vigentes.
Los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton, Juan Carlos
Maqueda y Rosatti -Rosenkrantz asumirá el lunes- evitaron hacer consideraciones
respecto de los nuevos costos de la tarifa, a diferencia de lo que un día antes
había hecho la procuradora general Alejandra Gils Carbó.
Para el Gobierno, eso significa que la Corte "dejó en
claro la potestad del Poder Ejecutivo de fijar las tarifas" y fijó una
hoja de ruta para seguir también en otras decisiones cuestionadas, como en las
tarifas de luz que ya están en manos del tribunal.
La suspensión de los aumentos alcanza solo a los usuarios
residenciales, que son apenas el 26% del consumo total de gas natural por red,
por lo que el costo fiscal será mucho menos relevante que si hubiera sido
general.
Se supone que cuando eventuales cuestionamientos de
comercios e industrias lleguen al máximo tribunal, las audiencias públicas ya
habrán cubierto el reparo legal requerido.
Peña aseguró que la imposibilidad de reducir los subsidios
en la dimensión ideada supondrá podas en otras áreas, quizá en infraestructura,
pero que la meta de recorte del déficit fiscal de 4,8% para este año se
cumplirá.
Así las cosas, la Corte volvió a fijar límites al Ejecutivo
pero haciendo un culto del rey Salomón de Israel, a quien se le reconoce haber
tomado decisiones sabias pero pasó a la posteridad por impartir justicia sin
dañar plenamente a ambas partes.
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