La suspendida
presidenta presentará sus alegatos en
el impeachment que podría culminar con su
destitución.
Brasil - El
Senado brasileño concluyó la fase de testigos del juicio de destitución contra
la presidenta Dilma Rousseff, a quien espera este lunes para que presente sus
alegatos, antes de la votación definitiva prevista para el martes o miércoles.
En la última audiencia previa a la comparecencia de
Rousseff, el Senado escuchó el testimonio del exministro de Hacienda Nelson
Barbosa, el último testigo presentado por la defensa.
También declaró el abogado Ricardo Lodi, que finalmente no
fue aceptado como testigo, pues hace unos meses firmó un manifiesto que
calificaba el proceso contra Rousseff de “golpe”.
Uno desde un punto de vista más económico y de gestión, el
otro desde una óptica del derecho, ambos coincidieron en que Rousseff es
inocente y en que no existe base jurídica que justifique los cargos formulados
por la acusación.
Sin embargo, esos argumentos, ya esgrimidos a lo largo de
todo el proceso, que se arrastra desde diciembre pasado, no convencieron a la
mayoría de los senadores, constituidos en jueces para el proceso.
Rousseff responde por emitir tres decretos que modificaron
los presupuestos sin la venia del Congreso y por contratar créditos con la
banca pública en favor del Gobierno, que según la parte acusadora suponen
“delitos de responsabilidad”, que engloban las causas que la Constitución
contempla para la posible destitución de un gobernante.
Según Barbosa, los decretos se enmarcaron en la legalidad,
pues si bien no fueron autorizados por el Parlamento, alteraron partidas pero
no valores y de ese modo no representaron un aumento del gasto, como sostiene
la acusación.
Sobre los otros cargos, afirmó que “no tienen sustentación
legal” ya que, en su opinión, no hubo créditos, sino “atrasos” en depósitos que
el Gobierno debía hacer en la banca pública, usada como agente de pago, para
costear planes sociales y de apoyo a la agricultura.
“La morosidad jamás es un crédito. No hay ninguna ley que
diga eso”, argumentó el exministro.
Las demoras en los depósitos fueron entre 2014 y 2015,
alcanzaron picos de unos 50.000 millones de reales (hoy unos 15.600 millones de
dólares), generaron elevados intereses e incluso fueron omitidos de los
balances del Gobierno, que no los contabilizó como deudas.
La acusación sostiene que el hecho de haber ocasionado
intereses convirtió a los atrasos en créditos del Gobierno con bancos públicos
que controla, lo cual está vedado por la ley, y que la ausencia de esas
operaciones en los balances supone un delito de “omisión”.
En los últimos tres días, el Senado escuchó a dos testigos
presentados por la acusación y a otros cinco de la defensa.
El lunes, la propia Rousseff comparecerá por primera vez
ante sus jueces desde que se instauró el proceso, el pasado 12 de mayo, cuando
fue suspendida del cargo y sustituida en forma interina por su hasta entonces
vicepresidente Michel Temer, quien seguirá en el poder si fuera destituida.
Tras la comparecencia de la mandataria, está previsto que,
entre martes y miércoles el Senado decida su suerte, en una votación en la que
perderá su mandato si así lo decide una mayoría calificada de dos tercios (54
votos).
Rousseff irá el lunes al Senado arropada por dirigentes de
varios partidos de izquierdas encabezados por su antecesor y padrino político
Luiz Inácio Lula da Silva, que está en serios problemas judiciales y bajo
serias sospechas de corrupción.
Movimientos sociales fieles a la mandataria han convocado
para ese día a manifestaciones en torno al Senado para rechazar lo que
califican de “golpe”.
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