 |
| Por Gabriel Profiti |
El golpe fue duro porque esperaba otra cosa. Mauricio Macri
había recibido señales positivas de la Corte Suprema antes del fallo por el
tarifazo del gas, pero la nueva dinámica del tribunal le propinó un revés
político y dejó alarmas encendidas.
Después de mascullar bronca contra el presidente del
tribunal, Ricardo Lorenzetti, y asumir una derrota que pudo haberse evitado,
Macri comenzó a replantear la estrategia para reordenar el panorama tarifario
del gas, pero también de la luz.
Convocó a las audiencias públicas que reclamó el máximo
tribunal, para discutir las tarifas del gas, el próximo 12 de septiembre, e
instruyó al Enargas a que ordene a las empresas la refacturación del servicio
que había quedado suspendida.
También habrá audiencias por las tarifas de luz, un día
después. De hecho, la principal preocupación oficial por estas horas es la
probabilidad de que el máximo tribunal también retrotraiga las correcciones
tarifas de la electricidad.
De las audiencias públicas se encargará el jefe de Gabinete,
Marcos Peña, junto a sus vices, Gustavo Lopetegui y Mario Quintana. No tendrá
participación el ministro Juan José Aranguren, figura que crispa ánimos por ser
la cara de ajuste.
Respaldado por Macri, el ex CEO de Shell se ocupará junto
con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, de avanzar hacia un Acuerdo
Federal de la Energía, con especialistas, gobernadores y sindicatos. Con ese
pacto, tratará de galvanizar su política energética a largo plazo.
Sin plan B
El fallo unánime de la Corte anuló el incremento del gas
para los usuarios residenciales, que representan el 26 por ciento de la
facturación, tras resolver que es obligatoria la realización de audiencias
públicas establecidas en la Constitución, pero dejó firme el aumento para
comercio e industrias.
En la mesa chica del poder están convencidos de que la Corte
permitió trabajar sobre una hoja de ruta y que, al fin y al cabo, el costo
fiscal -unos 20 mil millones de pesos- es mucho menor al que potencialmente se
hubiera enfrentado con la anulación total.
Pero en el gabinete hubo reproches por la falta de
información certera sobre lo que estaba pasando en el tribunal a partir de la
incorporación de Horacio Rosatti. Esa ceguera, incluso, opera para lo que viene
en todo este proceso.
El punto a favor del Gobierno fue haber reaccionado con
tranquilidad en público. Eso lo distinguió de los embates del kirchnerismo a la
Corte. La separación del jefe de la Aduana, ante la presunción de que estaba al
frente de una red de corrupción, buscó fortalecer esa cosmovisión.
Pero no todo es tan lineal. Algunas estimaciones indican que
el costo fiscal del fallo del gas se duplicaría con el eventual revés en el
conflicto por las facturas de luz y complica el plan macrista de mediano plazo
que contemplaba nuevos ajustes.
Además, los aumentos al comercio e industria seguirán
cuestionados judicialmente y habrá que ver cuáles serán los nuevos
pronunciamientos de los magistrados.
Las audiencias públicas no son vinculantes pero serán una
caja de resonancia del descontento expresado a través de la oposición,
sindicatos, entidades fabriles y asociaciones de consumidores.
Pese a ello, la administración de Mauricio Macri no prevé
revisar los últimos aumentos de hasta 400 y 500 por ciento. "No hay mucho
margen para cambios", coincidieron distintas fuentes. Aseguraron que a ese
número se llegó en acuerdo con la mayoría de las provincias, donde prevalece el
PJ.
Habrá que ver cómo juega la oposición luego del fallo. Todos
celebraron la anulación del aumento para los hogares, pero advirtieron sobre
las penurias en la industria.
En el peronismo se vive una situación particular. El jueves,
día del fallo de la Corte, el Consejo del PJ se reunió en la sede de la calle
Matheu, pero no pudo sacar provecho del pronunciamiento porque está sumido en
sus internas.
Solo asistió un gobernador, el salteño Juan Manuel Urtubey,
en tanto que el formoseño Gildo Insfrán siguió el debate por Skype a través del
teléfono del presidente del partido, José Luis Gioja.
Horas más tarde, tres mandatarios provinciales, Gustavo
Bordet (Entre Ríos), Domingo Peppo (Chaco) y Rosana Bertone (Tierra del Fuego)
cenaron en la casa del diputado Diego Bossio, quien es el referente de una de
las escisiones legislativas del PJ.
Bossio, muy enemistado con La Cámpora, es uno de los
articuladores de la renovación de un peronismo sin Cristina Kirchner. El
esquema incluye al grupo Esmeralda, liderado por los intendentes del Conurbano,
Gabriel Katopodis, Martín Insaurralde y Juan Zabaleta y los senadores que
responden a Miguel Pichetto.
También orbita allí el Frente Renovador de Sergio Massa, quien
opera muchas veces en tándem con Bossio y ya hace un tiempo había fijado como
precondición para su eventual regreso al PJ a que tomaran distancia de Cristina
y Daniel Scioli.
Dentro de ese rearmado, varios gobernadores que creen que
Scioli sigue siendo una figura valiosa para el partido lo cuestionaron
duramente por haberse sacado una foto con la expresidenta, hecho que puso en
pausa un plan de Gioja de formalizar una fractura con el kirchnerismo duro.
Consciente de estas resistencias y acosada judicialmente,
Cristina retomó la actividad política con salidas a la Villa 31 y el Conurbano.
En Ensenada, dijo que es una militante y llamó a construir "una nueva
mayoría". Su eventual participación en las elecciones será una de las
comidillas de los próximos meses.
0 comments :
Publicar un comentario