El fiscal Marijuan quiere
saber si la vicepresidenta incurrió en algún delito por la tenencia de 245 mil
pesos y 50 mil dólares que le sustrajeron de su casa.
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| Gabriela Michetti, vicepresidenta de la Nación. |
Judiciales - El
fiscal federal Guillermo Marijuan dictaminó este viernes a favor de abrir una
investigación sobre el origen del dinero robado en la casa de la vicepresidenta
de la Nación, Gabriela Michetti, en un dictamen entregado al juez del caso,
Ariel Lijo.
"De acuerdo a los términos de la denuncia que origina
la presente, resultaría imputada prima facie la licenciada Gabriela Michetti,
vicepresidente de la Nación", consideró Marijuan en el dictamen.
Sin embargo, el fiscal aclaró que ello es "sin
perjuicio de que nuevos elementos probatorios permitan individualizar a otros
presuntos responsables de los hechos aquí develados".
Marijuan dictaminó a favor de abrir una investigación a
partir de la denuncia de un abogado, Leonardo Martínez Herrero, a la que se acumuló
otra de los diputados nacionales Juan Cabandié y Rodolfo Tailhade.
En las denuncias se pidió investigar si la vicepresidenta
incurrió en algún delito en torno al dinero (245 mil pesos y 50 mil dólares)
robado de su casa el 22 de noviembre de 2015, hecho por el cual fue procesado
un custodio de la entonces vicepresidenta electa y senadora nacional.
Además, pidieron establecer si el dinero estaba declarado y
corroborar si 200 mil pesos provinieron de una donación recibida por la
fundación Suma, presidida por la funcionaria, como ella explicó.
Además, Michetti afirmó que 45 mil pesos estaban destinados
al pago de una refacción de su vivienda y que los 50 mil dólares eran un
préstamo de su pareja, Juan Martín Tonelli Banfi.
Martínez Herrero pidió verificar las "circunstancias
relacionadas con la donación efectuada a la fundación Suma" y corroborar
"las declaraciones juradas de la actual vicepresidente desde el período
2014 hasta la fecha, y de su pareja, Juan Martín Tonelli Banfi, a los fines de
constatar si en las mismas figuraba la suma de 50 mil dólares".
En su denuncia, Cabandié y Tailhade aludieron a la Fundación
Suma y "expresaron que la mayoría de los miembros del gobierno integran o
son autoridades de fundaciones que desarrollan tareas políticas de manera
paralela a la que formalmente despliega el partido político PRO".
Así, sostuvieron, "financian el funcionamiento del
partido y sus principales dirigentes".
Para los diputados, "la mayoría de esas fundaciones
registran escasa actividad estatutaria y apego a las normas legales que las
regulan, resultando llamativa la contradicción entre la dinámica de sus
movimientos financieros y el cumplimiento de las obligaciones ante el organismo
encargado de controlar su vida social", recordó Marijuán en el dictamen.
En ese marco, fueron mencionadas, además de Suma, las
organizaciones Formar, y Fundar Seguridad y Justicia.
Sobre todas, el fiscal ordenó abrir una investigación y
pidió a Lijo, en cuyo juzgado tramita este expediente, distintas medidas de prueba.
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