La Corte desnudó los errores del círculo de
cortesanos
de Macri. Una dosis de realismo.
Por Roberto García |
Ni el
consuelo de echarle la culpa a otros. Sólo él, hombre no precisamente destacado
por su prodigalidad, aparece como único responsable de un cuantioso
despilfarro personal, político y económico, casi sin registros.
Rancio sabor en la boca para Mauricio Macri, a quien la corte de
adulones lo califica como “el Diez” y le asegura que ningún otro
gobierno hizo tanto en tan poco tiempo.
Fantasías de un coro que lo
imagina perfecto gobernante por asistir temprano a las reuniones de gabinete,
suprimir el celular de esos encuentros, multar a los ministros que llegan
tarde, desconectarse de los temas de Estado los sábados a las 4 pm y volver
temprano a casa todos los días para juguetear con su hija. Ese mundo dorado
bendecido por Obama lo derrumbó quizás el último fallo de la Corte Suprema contra
el aumento de tarifas cuando, en verdad, esa alza brutal se había caído
mucho antes por impericia oficial. Lo de los cuatro jueces fue apenas
una notificación del descalabro.
No puede
culpar del astroso final a Gils Carbó, tampoco a los magistrados que se
preservaron de eventuales piquetes en su contra, de Massa o
Stolbizer, de los K y Cristina, de la izquierda beligerante o de la clase media
harta de que le afeiten los ingresos. Las primeras y más fuertes
manifestaciones contra la suba del gas, el corazón de la rebeldía,
provino del mismo gobierno, de socios como el tenue Ernesto
Sanz –que, dicen, suele discrepar en demasía con Marcos Peña en
las reuniones de gabinete– quien consideró exorbitantes los incrementos y de
una Elisa Carrió furiosa –antes de que le
descubrieran dolencias–, quien no sólo se insubordinó contra las medidas,
también cuestionó al ministro Aranguren (“no puedo dejar pasar esto, Juanjo
querido”) sino que acusó de conspiradores, golpistas, a muchas de las facturas
que había distribuido el Gobierno. Hasta prometió una investigación sobre ese
sistema contable.
Nadie sabe
el porcentaje de poder que representan en el Gobierno Sanz y su cuota de
radicales, menos el de Lilita. Pero son el Gobierno, tanto como el ministro de
Justicia Germán Garavano, quien en un rapto de
cándida inocencia se sublevó en público contra “la tarifa que me llegó
a casa y pasó de mil a cinco mil pesos”. Ignoraba, claro, que hay
casas en que la suba saltó de 800 a catorce mil.
La
oposición, en general, dormía la siesta y comenzó a sublevarse a medida que el
Gobierno revelaba sus disidencias y, pérfidamente, un día ordenaba no pagar las facturas y, al
otro día, ordenaba pagarlas. Confuso ejemplo
de quienes creen dominar el espacio colectivo porque disponen de una
megamáquina de origen israelí, seguramente en un depósito de la calle que lleva
el mismo nombre del perro de Macri, que en una sola jornada puede enviar ocho
millones de mensajes preparados por expertos en telegrafía. O frases cortas,
que es lo mismo.
Ni siquiera
hubo unidad para tapar al país con esa logística omnipotente, sin duda
porque nadie entendía –dentro de la administración– la naturaleza del
aumento, su composición y horizonte. Como no lo entendían, tampoco
podían explicarlo; les bastaba saber que la población, en general,
consideraba lógico el aumento de tarifas. Con las encuestas, como se sabe, se
gobierna. O, se hace oposición, ya que los sondeos variaron al conocerse la
voluminosa recomposición tarifaria, más la asistencia de algunos jueces que
decidieron convertirla en ilegal.
Tampoco, por
lo visto y escuchado en la comisión ad-hoc de Diputados que interpeló a Aranguren hace 72
horas, de ese núcleo nadie entiende la cuestión energética, apenas si le
pegaron un planeo para la ocasión. Menos mal que no tienen que operar a sus
hijos con conocimientos tan magros.
Como el de
los economistas, profesionales y presuntamente expertos que antes negaban el
desastre y hoy hablan del precio del gas o de la producción sin computar –como
ha señalado un entusiasta del rubro– el valor de tratamiento, compresión,
mejorías de gas y petróleo, costos de la gerencia operativa regional, gastos de
overhead en sede central, tasas municipales, provinciales, regalías, ingresos
brutos, impuesto a débitos y créditos, amortización de inversiones en
instalaciones y amortización de la perforación y terminación del pozo, más tributos
de accionistas. Entre otros olvidos...También carecían de versación,
obvio, los legisladores que interrogaron a Aranguren, más interesados en el
morbo de alguna complicación dineraria del personaje o de un negociado en
ciernes, sin preocuparse por la realidad de que no haya gas en la Argentina.
Tragedia de la cual, absurdamente, tampoco ha sido explícito el ministro.
Escape. Cuando al Presidente el marco tarifario se le
fue de la mano, engolosinado quizás con los cantos de sirena de su séquito, le
trasladó la determinación a la Corte bajo el imperio de que si no fallaba a su
favor se hundía la economía. Mensaje kirchnerista que incluía otro alerta: no
aceptaremos las “audiencias públicas”.Convirtió, de ese modo, en
sustanciales la posible insustancialidad de las audiencias –ya que no
son vinculantes ni obligan mandatos–, recurso que nunca figuró en el catálogo
argentino de prioridades, en una causa central. Nunca nadie se inmoló por una
audiencia pública. Sí, tal vez, el instrumento sea incordioso por el reclamo
agitado de los consumidores y el aprovechamiento eventual que podrían intentar
grupos políticos adversarios.
Erró Macri
con cierta arrogancia. La Corte hizo una verónica, impuso las audiencias (la primera de
gas el 12 de septiembre), exige aumentos razonables sin precisar su criterio de
“razonabilidad” y hasta cerró su fatigosa resolución con pensamientos que
podría suscribir el Papa.
Expertise
judicial y político, diría uno de los CEOs del Gobierno que no supo explicar el
cuadro tarifario a los magistrados, el default energético y, mucho menos,
acercar una alternativa diferente a través de un operador. Aunque dispone de
varios, bastante inservibles. Al menos para advertir el cúmulo de dificultades
que en principio despierta el fallo, sea para inversiones futuras, desarrollo o
seguridad jurídica. Más temores para un Macri que de repente observa un
mundo lúgubre que antes parecía brillante. Si lo de antes no era
cierto, lo de ahora tampoco.
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