Dilma Rousseff
advirtió a los senadores que si es destituida deben convocar a nuevas
elecciones. La decisión
del Senado.
La presidenta Dilma Rousseff advirtió a los senadores que "están a un paso de dar un golpe de Estado". (Captura de video) |
Brasil - La
presidenta suspendida de Brasil, Dilma Rousseff, insistió ante el Senado en que
si fuera destituida en el juicio político al que está sometida, se deberán
convocar unas nuevas elecciones, para devolverle al país un “gobierno
legítimo”.
En la sesión convocada para la presentación de sus alegatos
finales ante el pleno del Senado, constituido en tribunal, Rousseff insistió en
que si fuera desalojada del poder “se habrá presenciado una elección
indirecta”, en las que los 81 senadores “sustituyan a los 110 millones de
votantes” que tiene Brasil.
El juicio político está en sus tramos finales y el Senado
deberá tomar una decisión definitiva sobre la eventual destitución de la
presidenta este mismo martes o a más tardar el miércoles, según las previsiones
de la propia cámara legislativa.
Si Rousseff perdiera efectivamente el cargo, seguirá en el
poder su antiguo vicepresidente, Michel Temer, quien la sustituye desde el
pasado 12 de mayo en forma interina pero completará el mandato que vence el 1
de enero de 2019 en caso de su destitución.
“Creo sinceramente que si hubiera una decisión que autorice
mi destitución sin que se haya comprobado un crimen, estaremos frente a un
golpe de Estado y también frente a una elección indirecta”, dijo Rousseff en la
fase de preguntas a las que la someten los senadores.
Según Rousseff, una elección “indirecta supone un retroceso
en relación a prácticas que el país ha superado tras la dictadura” que gobernó
entre 1964 y 1985 y representaría “un pacto político” sin el “consentimiento”
de la población.
“Defiendo que, en ese caso, el único pacto posible sea
tejido con todos los brasileños, que deben ser llamados a posicionarse sobren
una elección directa anticipada y una reforma política”, pues “no es posible
gobernar con 35 partidos”, como tiene hoy el país, declaró.
Rousseff reiteró así una propuesta que presentó hace quince
días, cuando se comprometió a que, si fuera absuelta y recuperase el poder del
que fue suspendida el 12 de mayo pasado, promoverá un plebiscito para adelantar
las elecciones previstas para octubre de 2018 y para que la sociedad se
manifieste sobre una reforma política.
Según Rousseff, esa reforma es “urgente”, pues “será muy
difícil que los presidentes que vendrán a futuro mantengan la gobernabilidad en
un país con 35 partidos políticos”.
En la fase de preguntas que pueden formular cada uno de los
81 senadores, la mandataria también confirmó que, como sostiene su defensa
desde el inicio del proceso, podrá apelar ante la Corte Suprema una eventual
decisión que la despoje de su mandato.
“Si me consideran culpable sin haber probado el delito, será
un rotundo golpe, un golpe integral”, declaró Rousseff, quien reiteró que si no
ha apelado aún ante la Corte Suprema, ha sido en “respeto al Senado” y por su
“confianza en la justicia”.
Sin embargo, advirtió de que “si aún siendo inocente, fuera
condenada”, pudiera apelar contra el “mérito de la acusación” ante el Supremo,
cuyo presidente, Ricardo Lewandowski, dirige el proceso como garante
constitucional de un juicio político realizado bajo una estricta supervisión de
ese tribunal en cada una de sus fases.
La mandataria está acusada de diversas irregularidades
fiscales que ha negado una y otra vez y que hoy, ante el Senado, insistió en
calificar como un “pretexto” para desalojarla del poder y dar paso a una elite
económica y política que califica de “golpista”.
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