 |
| Por Pablo Mendelevich |
"No busques en estas páginas la salvación de tu alma,
ya es tarde. Confórmate con encontrar 'la guía' que te haga llevadero tu paso
por el averno". Extraída de La divina comedia, esta recomendación aparece,
solitaria, en la página 47 del Manual para la Gestión de crisis del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires. Junto con derrumbes, muertes e incendios, entre los
posibles motivos de una crisis el Manual menciona al soborno. También están las
"renuncias polémicas o cualquier otro evento que tome repercusión pública
altamente negativa".
Por estas horas el mayor retirado Juan José Gómez Centurión
podría recurrir a aquel manual tan útil. Él mismo lo elaboró hace tres años
(junto al ingeniero Darío Costa), cuando era funcionario del Gobierno de la
Ciudad. Es un texto en el que resplandece cierta meticulosidad organizativa
comúnmente atribuida a las mentes militares. Desde luego, la obra está pensada
para atender emergencias desde el interior de los organismos públicos, no se
ocupa de la posibilidad de que el mismísimo director de la Aduana Nacional
entre en crisis porque el presidente de la Nación lo suspendió bajo sospechas
de corrupción.
¿Quién iba a prever una "crisis" así? Un verdadero
visionario. Nunca ocurrió antes. La decisión del presidente Macri de separar
del cargo sin vacilar a un alto funcionario hasta que la Justicia determine si
una sospecha de corrupción que lo involucra tiene asidero (en términos
oficiales, una "separación preventiva") no registra antecedentes en
la era moderna. Más bien la era moderna está empachada de lo contrario, altos
funcionarios, empezando por el vicepresidente, a quienes las sospechas de
corrupción y los procesamientos judiciales les hacían lo mismo que la espinaca
a Popeye. Sólo que el tonificante no estaba autoadministrado, era un teflón
invisible, nunca discursivo, distribuido por la máxima autoridad del país con
escalofriante desparpajo.
El sablazo que Macri le pegó el viernes a Gómez Centurión
constituye una novedad gigantesca en el terreno de la lucha anticorrupción, cualquiera
sea la evolución de las cosas. Hay tres posibilidades: que la Justicia
determine que Gómez Centurión no es corrupto y el gobierno lo reponga en el
cargo; que la Justicia determine que no incurrió en hechos de corrupción pero
la suspensión se transforme en renuncia (o por distintos motivos no sea
repuesto) y la tercera es que se lo encuentre culpable. Por cierto, las cosas
en la Argentina no suelen ser lineales, abundan los desvíos y los
imponderables. Pero Macri acaba de dejar sentado un modo de reaccionar de tono
fundacional, insinuación que sólo se podrá verificar cuando se presente un
segundo caso. Si la suspensión de un funcionario sospechoso se vuelve rutina el
desaliento a la corrupción será palpable. Pero si a igual envergadura de
sospecha con el segundo caso Macri reacciona distinto habrá una decepción
colectiva y aullidos de alegría entre los opositores más furibundos. Gómez
Centurión ya marca un hito. Salga él bien o mal parado, su renombre está
garantizado.
Todos somos inocentes hasta que la Justicia demuestre lo
contrario, pero un funcionario sospechado no puede permanecer en el cargo
mientras se lo investiga. Ese es el concepto que respalda el sablazo. Por
supuesto que se le puede hacer una investigación interna mientras sigue en funciones,
pero una vez que se difunde un audio incriminatorio, ¿qué podría decir el
gobierno? ¿"Suponemos que el jefe de la Aduana es decente, pero téngannos
paciencia que lo estamos investigando para sacarnos la duda"?
La doctrina anterior embrollaba todo (especialidad de la
casa), mezclaba el principio jurídico de la inocencia con los requisitos
políticos para ejercer un cargo y pretendía que un funcionario con sospechas
firmes de corrupción siguiera lo más campante mientras no existiera una condena
judicial inapelable. Esa doctrina hizo cumbre con Amado Boudu. Sin embargo, su
expresión más terrible puede ser hallada en el peronismo verticalista de los
setenta, cuando el tema no eran las coimas sino el incipiente terrorismo de
Estado y la presidenta no era Cristina sino Isabel. El funcionario a quien se
blindaba, José López Rega, ya había dado sobradas evidencias de sus andanzas
criminales, pero el oficialismo repetía, cínico, que para la Justicia
"Josecito" era inocente y eso resultaba sagrado porque nadie puede
estar por encima de la Justicia.
El impetuoso Néstor Kirchner del principio echó (octubre de
2003) al comisario general Roberto Giacomino de la jefatura de la Policía
Federal por irregularidades en una contratación directa de insumos y equipos.
Kirchner tenía buena información, por ese asunto Giacomino terminaría yendo a
juicio oral. Bueno, hay un detalle: el juicio oral comenzó el año pasado. Una
investigación previa había sido la base del despido (por otra parte en una
fuerza de seguridad la hipótesis de reposición no parece compatible con la
disciplina). En los casos subsiguientes Kirchner fue bastante menos ampuloso,
salvo cuando echó del ministerio de Economía a Roberto Lavagna, justo después
de que éste denunció la cartelización de la obra pública.
Como los Kirchner eran binarios, a medida que pasaron los
años se aferraron cada vez más a la idea de que no había que
"entregarle" al enemigo (la oposición) a ningún funcionario cuya
remoción fuese reclamada, aunque las denuncias tuvieran fácil comprobación. En
el caso Gómez Centurión el verbo entregar reaparece ahora por vía del
protagonismo que acá se le atribuye al oscuro mundo de los servicios de
inteligencia. Si se trató de "una cama" que le armaron los servicios,
¿no envalentonará Macri con el apartamiento súbito de Gómez Centurión a ese
poder residual para llevarse puestos mañana a otros funcionarios? Es
indiscutible que la decisión de Macri tiene riesgos, lo que no significa que no
sea la mejor de las opciones que tenía.
Los audios difundidos el fin de semana por Infobae no
tendrían, al parecer, valor judicial, aunque es imposible saber de qué
información complementaria dispone el presidente acerca de este funcionario
singular en el que hasta ahora tenía enorme confianza. Haber puesto hace nueve
meses a un militar carapintada al frente de la Aduana sólo fue una buena
noticia por default, ya que el héroe de Malvinas, hijo del general Luis Carlos
Gómez Centurión, quien gobernó la provincia de Corrientes durante casi toda la
última dictadura, tenía aspiraciones como ministro de Defensa. Ilusión que el
peronismo habilitó al brindarles confort democrático a los
golpistas-gremialistas de los ochenta.
Quizás no sea un buen momento para reparar aquel error,
harina de otro costal. Si Gómez Centurión saliera bien del examen judicial
merecería ser repuesto en el cargo, lo que exige, claro, que la Justicia no se
tome diez años. Debería ser cuestión de meses. Cualquier otra cosa alteraría el
sentido del apartamiento preventivo dispuesto por Macri, un cambio concreto y
audaz en el modo de tratar el problema de la corrupción.
0 comments :
Publicar un comentario