Por Giselle Rumeau
Ninguno de los tropiezos cometidos hasta ahora por su
Gobierno le ha dado tanto dolor de cabeza a Mauricio Macri como el tarifazo. La
suba de servicios públicos, necesaria pero mal calculada, realizada a los
ponchazos y sin cumplir los pasos legales de procedimiento, paralizó su gestión
por las demandas judiciales y le generó un desgaste político que podría haberse
evitado, tan sólo con un diagnóstico certero, detallado y amplio sobre la
crisis energética y el impacto social de las subas.
Está claro que la forma y el momento en que se dieron los
aumentos -ahora frenados por la Justicia- son producto de una mala decisión
estratégica. Quienes lo subestiman, dirán que el Presidente es de aquellos que
no aprende de los errores, a juzgar por su tendencia a la repetición. Pero, en
rigor, no se trata tanto de una prueba de "ensayo y error", como le
achacan, sino de una forma de hacer política con la que a Macri no le ha ido
mal. Hasta ahora.
Se podría decir que el "estilo M" es duro e
indolente. Pragmático. Su ley elemental es golpear primero para después
retroceder, negociar e imponer a la larga su objetivo sin demasiados cambios.
Desde Boca para acá, Macri ha tenido esa estrategia recurrente.
Basta con pocos ejemplos. Sus primeras medidas en el club de
fútbol -cuya titularidad asumió en diciembre de 1995- fueron achicar los
sueldos de los empleados y del plantel profesional, recortar gastos en todas
las actividades deportivas, subir la cuota social un 25% y terminar con la
reelección indefinida del presidente. También tomó la decisión de remodelar el
estadio y construir nuevos palcos, que redujo el sector popular pero aumentó la
capacidad general. En este caso, el resultado le fue favorable. Pese a los
cuestionamientos iniciales, Boca terminó con sus cuentas en orden y varios
campeonatos en su haber, algo que puso a Macri en la vidriera y resultó el
trampolín para su carrera política.
En el Gobierno porteño también entró con los tapones de
punta. No habían pasado 20 días de la asunción de su primer mandato, en
diciembre de 2007, cuando anunció que no renovaría unos 2.400 contratos de
trabajadores. Nadie dudaba de que en la administración pública había ñoquis,
pero por la dureza de la medida -que se tomó aprovechando el impulso de los
votos y la gracia que se le da en los primeros meses a un nuevo gobierno-
llovieron las repercusiones políticas negativas.
Los gremios municipales le saltaron al cuello y realizaron
una serie de paros y una movilización con el apoyo de Hugo Moyano, líder de la
CGT. En el medio de la pelea, el Gobierno quiso marcarles la cancha y decretó
la intervención de la obra social de los municipales. Como era de esperar, el
conflicto terminó en la Justicia, que le dio la razón a los trabajadores y
ordenó la incorporación de los censanteados. Entre amparos de un lado y
apelaciones del otro, el conflicto se demoró.
Hasta que Macri decidió darle una solución política: hizo
las paces con los líderes sindicales de Sutecba, Amadeo Genta y Patricio
Determini, y juntos decidieron realizar un censo para saber la cantidad de
empleados que tenía el Estado porteño y qué funciones cumplía cada uno. Algo
que puso fin al enfrentamiento. Tras el censo, unos 20.000 trabajadores fueron
redistribuidos, capacitados o transferidos con el argumento de que "no
trabajaban o cumplían un rol que no era útil" y que habían ingresado al
Gobierno través de "la política".
La estrategia se repitió ya en Balcarce 50. La magnitud de
la corrupción kirchnerista le ayudo a recortar la planta estatal y pudo echar a
los considerados ñoquis sin afectar a la opinión pública. Con las tarifas
cometió un error de cálculo. La Argentina es más difícil de gobernar que la
Ciudad de Buenos Aires y un club de fútbol.
Pese al reclamo de su socia Elisa Carrió, de barajar y dar
de nuevo cumpliendo con los pasos legales como el llamado a audiencias
públicas, el Gobierno apuesta todo a un fallo favorable de la Corte, el próximo
jueves, mientras se concentra en la defensa de las subas con el argumento de
que no se podían hacer de manera más gradual, que el 83% de los usuarios pagó
las boletas con el incrementó, que se pusieron topes y que un 30% de la
población recibe la tarifa social.
Eso hará el ministro de Energía, Juan José Aranguren, por
estas horas el frontón de las críticas a Macri, cuando se siente frente a los
diputados el martes para exponer ante un plenario de comisiones. Pero no será
todo: hará un fuerte descargo por la crítica situación del sector dejada por el
kirchnerismo.
El final de la jugada es esta vez incierta. Pero de cara a
las elecciones legislativas del año próximo, Macri debería tener en cuenta que
a diferencia del alto respaldo que obtuvo de sus electores como jefe de
Gobierno, ganó la Presidencia con votos prestados. Sólo tiene el 30% de
sufragios propios, la misma cantidad que retendría el kirchnerismo junto al
sciolismo, pese a la grosera corrupción que dejaron a la vista.
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