Juan José Gómez Centurión y el "affaire Aduana". |
Por Daniel Muchnik
El affaire Aduana se las trae. No sólo por la reciente
separación de su responsable, Juan José Gómez Centurión, suspendido
provisionalmente, hasta que se determine su culpabilidad sino por el organismo
como símbolo consagratorio de la más extrema de las corrupciones.
Además de ello, por los personajes que están involucrados,
revoloteando con caras de inocentes alrededor de esta historia. En una trama
casi policial que serviría para vendérsela a los productores de cine de
Hollywood.
Gómez Centurión, quien antes ejerció, entre 2012 a 2015,
como responsable de la Agencia Gubernamental de Control de Buenos Aires, tiene
también una actuación elogiada en el sector empresario privado. Con formación
militar de grado en el Ejército, fue combatiente en las Malvinas y participó en
las protestas de los militares conocidos como los “carapintadas”. Desde ese pasado que quizás a
algunos puede irritar, pero no juega ante Tribunales, saltó hasta convertirse en un experto en seguridad requerido por su
seriedad profesional y buenas y criteriosas dotes en el oficio. Contratado por
Cencosud también brindó, del mismo modo, asesoramientos a empresas importantes
del país. Pero al entrar a la Aduana sabía que pisaba fango resbaladizo y, por
sobre todo, muy peligroso. No se quejó ante las puertas de ese Infierno.
Integrante de un gobierno que cuida la imagen en materia de
sospechas, separado por sus amigos, Gómez Centurión salió a rebatir las
acusaciones que le cayeron encima. Advirtió que la denuncia en su contra,
basada en grabaciones, es una cama, preparada por desplazados de los servicios de informaciones
y otros grupos acusados por fraudes, contrabandos millonarios y otros numerosos
delitos. Hay nombres decisivos y otros ejes que estaban empeñados en continuar
con sus movidas fuera de la ley y que Gómez Centurión frenó. El ex-militar lo
cataloga este castigo como un fusilamiento
público de
su persona. Apelará a la justicia y como carta de
defensa exhibirá datos de sus actos limpieza de corrupción en la Aduana y de la manera en la que frenó un fraude de u$s 14.500 millones en contra del Estado.
Un dato que no necesita explicarse es que para supervisar
los movimientos en la Aduana se necesita chaleco protector de balas y traje de
amianto de gruesa dimensión. Se trata de un rincón donde se manejan millonadas,
considerado desde hace décadas como centro de un robo masivo enervante.
Los delincuentes no actúan solos. Están asociados a otros
delincuentes, a empresarios inescrupulosos, a mafias que se adueñan del tráfico
de mercaderías, a la participación ilegal de miembros de los servicios de
inteligencia, a Secretarías de Estado.
Todo tiene precio en la Aduana. Un sólo ejemplo: en tiempos
del cepo, para sacar un container con mercadería imprescindible el interesado
(empresario en actividad o importador) debía oblar entre u$s 50 y 100.000. En
conclusión: siempre hubo mucho dinero en juego. Se afirma que representantes de
distintos gobiernos salieron millonarios, con dineros que no podían justificar
en sus cajas fuertes
El acto delictual se repartía ante la vista de responsables
del gobierno, que siempre miraban para otro lado y recibían, en el mismo día su
parte del botín. Sería oportuno que la Justicia exhiba las conclusiones de la
investigación de delitos de los que se acusa a Ricardo Etchegaray, ex
inamovible dueño y señor feudal de la AFIP.
Si lo hace podrán llenar un capítulo vergonzante de la
historia argentina de las últimas décadas, con procedimientos que se derivaban
de gobierno a gobierno.
Si eso ocurría a lo grande en el puerto o en los depósitos
fiscales (gran parte de ellos privados), la entrada de objetos personales para
uso personal en manos de los viajeros que llegaban a Ezeiza, frenados imprevistamente por gente
de Aduana, era casi un juego de niños en medio
de un lugar en el mundo definitivamente degradado.
Se habla de un país donde los que tienen poder disponen si
una empresa que necesita insumos extranjeros aborda la quiebra porque alguien baja el dedo o el mismo que usa
el dedo favorece cadenas de negocios que respaldan la circulación de drogas alarmantes. Una de las patas del narcotráfico
definitivamente integrado al país y a la vida cotidiana de sus ciudadanos.
Aduana era el reino donde se imponía entre el 10 y el 15% de
comisión. Hubo containers que denunciaban 900 kilos de peso, pero verificados
legalmente se determinó que portaban 2000 kilos. Buques destinados a la
exportación en especial de cereales no escapaban al pago exigido por la
corrupción.
Todo es un enorme agujero negro que recibió sin comerla ni
beberla el actual titular de la AFIP (Administración Federal de Ingresos
Públicos), el reconocido experto Alberto Abad, de quien también depende la
Aduana.
Se tiene entendido que las maldades en la Aduana fueron
heredadas de costumbres practicadas por un país que fue colonial atrapado por
el monopolio exigido por el reino de España.
Eso es una excusa. Hemos vivido en muy distintas
circunstancias y necesidades históricas. De todas maneras la Aduana es un caso
patético de un país sin límites morales. Más: el control no forma parte de las
más severas de las políticas públicas. Argentina asoma como un país indefenso
donde patrullas de aprovechadores destrozan la imagen, la credibilidad, el
ritmo de producción y el proyecto de futuro.
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