El exministro dijo
que, en la causa “Sueños Compartidos”, todo “se canalizó a través de la
Secretaría
de Obras Públicas”.
 |
| Julio De Vido y su "mano derecha", José López, a quien responsabilizó por los fondos de "Sueños Compartidos". |
Judiciales - El
exministro de Planificación del kirchnerismo Julio De Vido negó haber cometido
irregularidades ante la falta de control en el programa Sueños Compartidos de
la Fundación Madres de Plaza de Mayo y deslindó responsabilidades en el
exsecretario de Obras Públicas José López.
“Nada de esto puede ser cuestionable y esa decisión política
de la cual participé y ratifico no me acerca de ninguna manera a cualquier
irregularidad o delito que se haya cometido en la administración de los
fondos”, afirmó De Vido en un escrito que presentó ante el juez federal Marcelo
Martínez de Giorgi.
El actual diputado nacional sostuvo que “la actuación del
Ministerio fue canalizada directamente por la Secretaría de Obras Públicas (a
cargo de López) y la Subsecretaría de Vivienda (a cargo de Abel Fatala)”.
Además, aseguró que no participó “en forma personal ni
funcionalmente” en estas contrataciones y señaló que las tareas de control y
verificación correspondían a “los organismos provinciales y municipales”.
De Vido, quien ya tiene tres procesamientos por la tragedia
de Once, la no renegociación de contratos ferroviarios y la compra de material
inservible para trenes hecha a España y Portugal, presentó un escrito y se negó
a responder preguntas.
Las siete claves de
la presentación de Julio De Vido
1. Voy a presentar un
escrito en el que aclaro mi posición respecto del caso, y con la misma responsabilidad que al inicio
de las actuaciones, continúo dando todas las respuestas que estén a mi alcance.
2. Es también mi
interés insistir en que se investiguen todas las cuestiones que al juez le
parezcan sospechosas, pero también que
la investigación de una cuestión puntual de desvíos o de una administración sospechada de
fraude (la realizada por los apoderados
Shoklender); no sirva ni sea utilizada
para manchar sin justificación el nombre de Bonafini, de Madres de Plaza de
Mayo, ni todos los esfuerzos realizados desde mi ministerio para brindar solución
al problema de las viviendas.
3. Es de conocimiento
público y notorio, que el gobierno del cual formé parte, a través de varios de
sus ministerios, tenía la decisión
política de promover las actividades de cooperativas o empresas ligadas a agrupaciones
referentes en el campo de la defensa de los derechos humanos en el país, que pretendían participar en la obra pública y la asistencia
social.
4. Nada de esto puede
ser cuestionable, y esa decisión política de la cual participé y ratifico, no me acerca de ninguna manera a cualquier
irregularidad o delito que se haya cometido en la administración de los fondos
que se hayan proporcionado como asistencia
financiera para el cumplimiento de las
obras solicitadas.
5. Concretamente, hoy
he sido requerido respecto a mi actuación personal en el tema y he venido a
explicar que más allá de mi posición funcional, la actuación del
ministerio fue canalizada directamente
por la SOP (Secretaría de Obras Públicas) y la Subsecretaría de Vivienda, por lo tanto vengo a ratificar que en estas
contrataciones, no participé en forma
personal ni funcionalmente en los actos que le interesa conocer al juez, que es: la
firma, aprobación, autorización o control de los convenios en los que
intervinieran distintas provincias y municipios con entidades dirigidas por los
apoderados de la asociación MdPM. Debe quedar claro que la actuación de estas
entidades se realizó en menos del 1% de las contrataciones efectuadas por el
PEN en relación a los programas de construcción de viviendas.
6. Las autoridades
locales eran las responsables del régimen de contratación y del control de la
ejecución de las obras y, particularmente, de la certificación efectiva de la
obra; no correspondía al Ministerio de Planificación sino a los organismos de
control tanto provinciales como municipales analizar y verificar la regularidad
de la ejecución y administración de sus contratos.
7. Les recuerdo que
cualquier provincia o municipio que recibía este tipo de asistencia financiera
es responsable del cuidado de esos fondos y su utilización para los fines
solicitados, bajo apercibimiento de tener que devolver los fondos que no se
hayan aplicado a la obra correspondiente.
0 comments :
Publicar un comentario