Por Daniel Muchnik
Los Kirchner hicieron negocios particulares de grandes
dimensiones desde el primer momento. Sin pudor, desaforadamente.
Sus declaraciones juradas fueron mostrando el crecimiento de
la acumulación de parte de sus riquezas. Hicieron negocios, transacciones varias,
giraron montos significativos en dólares al exterior.
Compraron, vendieron, se
asociaron, concretaron operaciones como si fueran privados pero en ese mismo
momento ejercían la Presidencia de la Nación. Faltó el respeto elemental a la
Constitución y a la sociedad.
No es fácil explicar por qué no se actuó (nosotros, la
Justicia, los representantes del Parlamento) cuando debimos actuar, en el
momento propicio. Lo inmoral e ilegal ya mostraba todo su rostro en los
primeros meses de gobierno de Kirchner. El presidente actuó con naturalidad,
como si no pasara nada. Todos ignoramos o miramos para otro lado.
Hubo, hasta hace siete meses y medio una administración que
vulneró principios elementales, exigencias legales a cumplir al pie de la letra
para poder mantener la base misma de la democracia.
Ahora, todo ese mundo de oscuridad y corrupción está
saliendo a la luz por capítulos, mezquinamente, ocultando, incluso, delitos aun
mayores. Sus seguidores de entonces, los militantes que perduran, tapan sus
ojos, no admiten ninguna acusación.
No están preparados para las frustraciones. Si se ocupan, en
cambio, de tirar perdigones (algunos inocentes o burdos y otros crueles) en las
redes sociales contra el gobierno de estos días. Es su diversión cotidiana, sin
buscar temas de fondo ni de polémica política en serio. Cabalgan felices con
sus slogans subidos a caballo de los errores de la Casa Rosada y los
ministerios.
El artículo 36 de la Constitución Nacional, agregado por la
reforma de 1994, considera: "Atentará asimismo contra el sistema
democrático quien incurriere en grave delito doloso contra el Estado que
conlleve enriquecimiento, quedando inhabilitado por el tiempo que las leyes
determinen para ocupar cargos o empleo públicos". Este mismo artículo pide
al Congreso que sancione una ley sobre ética pública.
Se cumplió con la carta magna el 29 de septiembre de 1999
forjando la Ley de Ética Pública, la cual en su artículo 2do inciso f) obliga a
"proteger y conservar la propiedad del Estado y abstenerse de su uso para
beneficio de sus intereses privados". Hay mucho más. El artículo 2 de la
Convención Interamericana sobre Corrupción suscripta por Argentina en 1996
advierte sobre los propósitos de los legisladores. Se buscó promover y
fortalecer del desarrollo de los mecanismos necesarios para prevenir, detectar
y sancionar la corrupción. Y además regular la cooperación en todos los Estados
a fin de asegurar la eficacia de las medidas.
Había entonces respaldo legal para exigir que el Presidente
Kirchner rindiera cuentas de los fondos por regalías en Santa Cruz que iban
desapareciendo sin ninguna explicación. O para censurar la compra en
condiciones impecables de tierras públicas, un regalo. O para dar cuenta del
crecimiento inaudito de las riquezas del matrimonio aunque sea en parte en sus
declaraciones juradas anuales. O para mostrar hoteles y casas privadas
suntuosas particulares gracias a los agradecimientos de licenciatarios
privilegiados de obras del Estado. O para girar millones de dólares al exterior
en búsqueda de protección antes de que el Estado realizara cambios.
Es decir utilizando a su favor información confidencial. O
para disponer el matrimonio y gran parte de su gabinete de la ejecución de
grandes obras, todas millonarias, sin que se permitieran las auditorías
correspondientes. O para distribuir fondos públicos a su antojo, a amigos y
entenados.
En Argentina se seguirá hablando de estas lamentables
circunstancias. Pero de lo que es importante es preguntar la falta de la
reacción de las instituciones cuando resultaba indispensable hacerlo. Como si
el país no tuviera reflejos o dejara pasar porque es "natural" que
ocurran determinados hechos deliberadamente antidemocráticos.
La corrupción está tan extendida, formando parte de la vida
diaria que no surgen las respuestas en el instante en que ocurren los despojos.
O bien hay una connivencia extendida de la sociedad.
En 1995 los argentinos reeligieron a Carlos Menem estando
muy informados de las acciones corruptas del presidente y de varios de sus
funcionarios. No cuestionaron a los militares que hicieron negocios privados en
las Dictaduras Militares por temor a represalias. Permitieron sin chistar que
varios empresarios tuvieran "coronita" en la obra pública porque eran
los inamovibles "amigos del poder".
Y así creció la montaña de daño, perversión e ilegalidad
manipulada desde el Estado.
Hay otros países que padecen del mismo defecto: no tienen
reflejos ante la corrupción obscena. Pero hay otros países que si tienen
reacciones y cuando la descubren, si aparece, se envuelven en la vergüenza.
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