Por Pablo Mendelevich |
El juez Rafecas citó a la monja Celia Inés Aparicio para que
eche luz sobre su papel y el del Monasterio de Obras Públicas (oficialmente,
Nuestra Señora del Rosario de Fátima) en la trama novelesca que involucra al
obispo Rubén Di Monte.
Que una monja deba presentarse ante un juez es algo
infrecuente. Ocurre cada muerte de obispo.
Di Monte, quien falleció en abril, no era tan conocido en
tiempos del presidente Néstor Kirchner, cuando Julio De Vido le transfirió el
dinero para la construcción de su vivienda póstuma, ahora ocupada por la
hermana Alba.
En esos días, Kirchner había hecho famoso a otro obispo,
Antonio Baseotto, al acusarlo de reivindicar la dictadura por usar la cita
bíblica "que les cuelguen una piedra de molino al cuello y los tiren al
mar" en una disputa sobre el aborto.
Más tarde, la Justicia sentenció que no había habido
apología del delito y dictaminó que Kirchner carecía de facultades para echar
obispos.
El Estado tuvo que pagarle a Baseotto todos los salarios
caídos. Se sabe, en el planeta K una cosa son los enemigos y otra, los amigos.
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