La iniciativa fue aprobada por amplia mayoría y rechazada
por los diputados del
Frente de Izquierda.
Nacionales - En
medio de distintas investigaciones judiciales que involucran a funcionarios
pasados y actuales, la Cámara de Diputados aprobó este jueves por abundante
mayoría el proyecto de ley que amplía la figura del arrepentido a los casos de
corrupción y otros delitos.
La iniciativa, consensuada entre todos los bloques tras un
intenso debate en comisiones, obtuvo 194 votos a favor y cinco en contra, al
cabo de una discusión de cuatro horas.
Cambiemos contó con el respaldo del Frente Renovador, el
bloque Justicialista y también el Frente para la Victoria, que consiguió una
modificación clave en el texto que el oficialismo pretendía aprobar.
También hubo apoyo del progresismo y los puntanos que
responden a los hermanos Rodríguez Saá, mientras que el rechazo vino de los
cuatro miembros del Frente de Izquierda y, llamativamente, de un diputado del
FpV: el neuquino José Ciampini.
El texto establece que “se le podrá reducir la pena a toda
persona imputada o condenada, con o sin sentencia firme (…) cuando durante la
sustanciación de un proceso del que sea o no parte, brinde información o datos
precisos, comprobables y verosímiles”.
Los beneficios que podría tener el arrepentido son los de
suspensión de la acción penal y la reducción de pena en expectativa, pero no
podrán acogerse los sujetos susceptibles de juicio político –presidente, vice,
ministros del PEN y jueces de la Corte Suprema-.
El proyecto, que ahora deberá tratar el Senado, también incorpora
la figura del “arrepentido falaz”, es decir, el que proporcione “información
falsa o datos inexactos”, que será penado con prisión de 4 a 10 años.
La redacción original también contemplaba otra figura, la
del “colaborador eficaz”, esto es, quien quiera aportar datos pero no esté
imputado en la causa en cuestión, para acceder a la reducción de penas al igual
que el arrepentido.
Pero a pedido del Frente para la Victoria, se fijó que sea
el mismo arrepentido el que pueda brindar información sobre otra causa conexa.
Además, el oficialismo decidió eliminar la posibilidad de
que los que ya están condenados se puedan acoger al beneficio del arrepentido;
lo mismo sucede si la persona está procesada. Es decir, el arrepentido sólo
puede ser un imputado.
Los acuerdos con el arrepentido estarán en manos del fiscal
de la causa y deberán ser homologados por un juez, que deberá corroborar la
veracidad de los datos aportados a la causa.
La presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Gabriela
Burgos (UCR-Cambiemos) defendió el dictamen mayoritario y destacó que con la
futura ley “se abre la posibilidad de que algunos pactos de silencio sean
rotos”.
Burgos recordó que “en nuestro país esta figura no es
nueva”, ya que estaba contemplada para los delitos de privación ilegítima de la
libertad, trata de personas, secuestros extorsivos, lavado de dinero,
terrorismo y narcotráfico.
Sin embargo, explicó que el proyecto busca “ordenar esa
enumeración de figuras delictivas e incorporar otras”, entre las que enumeró
corrupción, delitos del Código Aduanero –como contrabando-, asociación ilícita,
prostitución, pornografía infantil y delitos contra el orden económico y
financiero, por ejemplo, la formación de monopolios.
La jujeña detalló que “toda persona imputada o condenada por
alguno de los delitos que enumera el proyecto podrá ver reducida su condena a
cambio de información o datos precisos, comprobables y verosímiles que sirvan
para delatar a autores o cómplices del delito con igual o mayor grado
delictivo”.
“Estamos dando respuestas a la sociedad y dando señales de
seguridad, demostrando voluntad y esfuerzo por solucionar uno de los flagelos
que más duro nos golpea”, sostuvo.
En tanto, el titular de la Comisión de Seguridad Interior,
Luis Petri, ratificó el objetivo de “lograr que las investigaciones judiciales
lleguen a las máximas consecuencias”.
“No estamos dando un beneficio para que el arrepentido quede
libre de culpa y cargo; estamos otorgando beneficios procesales, que no van a
ser la posibilidad de eximirse de la pena”, aclaró Petri ante una de las
advertencias de la oposición.
En este sentido, confirmó que el arrepentido “va a tener que
someterse al proceso penal, testimoniar y declarar”, y “va a tener condena”.
“No podemos permitir que estos pactos de silencio impidan la persecución de
acciones penales”, manifestó.
El radical dijo además que no se permitirá “cualquier
arrepentido”, ya que los bloques acordaron “que este beneficio no pueda ser
acogido por funcionarios que son sujetos de juicio político en el país”, es
decir, el presidente, el vice, los ministros del Poder Ejecutivo y los jueces
de la Suprema Corte de Justicia.
Por el Frente para la Victoria, Rodolfo Tailhade reconoció
que el oficialismo aceptó incluir cambios relevantes al dictamen mayoritario a
pedido de su bloque, por lo cual adelantó el apoyo a la hora de la votación.
Entre las modificaciones más importantes destacó el hecho de
“eliminar la posibilidad de extinción de pena al arrepentido”, es decir, que el
beneficio alcance sólo a la reducción de la misma; y a su vez ponderó que no se
pueda aplicar en los delitos de lesa humanidad.
Mónica Litza, del Frente Renovador-UNA, respaldó el proyecto
pero advirtió que “el Poder Ejecutivo tiene que dar señales de confiabilidad
para resguardar no sólo la seguridad física del arrepentido, sino el
cumplimiento de lo acordado”.
Otra diputada que apoyó la iniciativa fue Victoria Donda, la
referente de Libres del Sur, aunque sostuvo que “esta ley es sólo una
herramienta, no va a terminar con la corrupción”. “Es un avance, pero para
decirle ‘no’ a la corrupción no alcanza con votar un desafuero”, graficó sobre
la situación de su par Julio De Vido.
El único bloque que expresó un fuerte rechazo fue el Frente
de Izquierda. “Nos negamos a que nos vengan con el ‘cuentito’ del arrepentido.
Si quieren investigar, hagan auditorías”, desafió Myriam Bregman, del PTS.
La legisladora alertó que “se utilizan estas leyes para
favorecer el aparato represivo del Estado”, al sostener que se podrá utilizar
la figura del arrepentido “para hacer efectivo un artículo del Código Penal
para seguir organizaciones”, vinculado a la denominada “ley antiterrorista”.
“Esta ley es para que José López salga y se vaya a su casa”,
lamentó Bregman sobre el caso del exfuncionario kirchnerista que domina las
tapas de los diarios.
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