¿Le conviene a Macri el hundimiento del kirchnerismo?

Por Gabriel Profiti

Apenas apareció José López lanzando dólares al interior de un monasterio, Mauricio Macri convalidó la sugerencia de su jefe de Gabinete, Marcos Peña, de activar la Ley del arrepentido de casos de corrupción, que había quedado suspendida meses antes por pedido del ala dialoguista del PJ en el Congreso.

"Ahora no se pueden oponer", dedujo la mesa chica del poder al ver la resonancia que tomaba el Lópezgate y su inyección de carburante en los -antes remisos- juzgados federales encargados de investigar las denuncias por delitos contra la administración pública de los tres gobiernos kirchneristas.

El proyecto amplía la ya existente figura de colaborador eficaz a los casos de corrupción y fue aprobado en Diputados por una negociación con las bancadas opositoras, principalmente con el Frente Renovador de Sergio Massa, que hizo que la letra oficial fuera reemplazada por una fusión de iniciativas.

La Cámara baja dio "media sanción" al texto por 192 votos a favor y 5 en contra y luego hizo lo mismo con la recuperación de bienes -extinción de dominio- de la corrupción. Horas antes, los diputados habían retirado el paraguas al ex superministro Julio De Vido para que su casa fuera allanada por la Justicia.

Los proyectos irán al Senado donde se espera que también sean convalidados. Había sido el influyente jefe de la bancada del Frente para la Victoria, Miguel Pichetto, el portavoz de un mensaje para "no joder" con la agenda anticorrupción hace unos meses. El argumento público iba a ser que "no se puede negociar con delincuentes". Ahora no tendría margen para oponerse.

La corrupción volvió a la agenda pública y desplazó de la vidriera mediática los continuos cuestionamientos a la política económica de Macri, cuyos frutos todavía están por verse. De ese reordenamiento, se desprende el oportunismo oficial para girar el proyecto de colaborador eficaz al Congreso.

El avance legislativo coincide con la intensidad impresa por los jueces federales en las causas contra la expresidenta y varios de sus exministros. El cerco judicial alcanzó el viernes a los hijos de Lázaro Báez, por la detección de cuentas a nombre de ellos por 25 millones de dólares en Suiza y alienta la expectativa de que el jefe del clan se convierta en arrepentido.

También se espera que el propio López, el contador Jorge Chueco o algún empresario salpicado por las denuncias negocien su excarcelación o una reducción de penas a cambio de información que involucre a los jefes de las organizaciones criminales.

El proyecto establece que los únicos que quedarían fuera de los beneficios de ser soplón son los funcionarios o ex funcionarios susceptibles de juicio político: presidentes, vicepresidentes, jefes de gabinete, ministros y miembros de la Corte Suprema.

Es cierto que muchos de los arrestados ya podrían acogerse a la figura del colaborador eficaz, porque rige para delitos como el lavado de dinero, pero para que el pacto de silencio ceda, el "mani pulite" argentino debería volverse serio y contínuo, no espasmódico como en otros momentos.

Si los acusados tienen la amenaza cierta de que van a ir presos por un largo tiempo es posible que hablen, como ocurrió recientemente en Brasil o antes en Perú.

Consecuencias políticas

Por lo pronto, las revelaciones judiciales activaron una estampida de legisladores del Frente para la Victoria y es probable que el Consejo Nacional del PJ promueva el próximo miércoles una división de los bloques de Diputados y el Senado: por un lado los peronistas y por el otro los kirchneristas.

Ahora bien, ¿políticamente le conviene a Macri el hundimiento del kirchnerismo? Hasta ahora el Gobierno jugó a mantener a Cristina Kirchner como contrafigura, así como la exmandataria usaba al actual presidente de antítesis.

El nuevo escenario podría provocar en una primera etapa una fragmentación mayor del ya dividido PJ, pero más temprano que tarde activaría una reorganización amplia.

Ya hay cabildeos entre los orgánicos hoy conducidos por José Luis Gioja con escindidos como Sergio Massa o Diego Bossio, y con estratégicamente silenciosos como Florencio Randazzo, dentro de un peronismo que todavía sigue huérfano de un líder pero suele encontrar el maquillaje ideal para cada elección.

Pinchi Pinchi

El proyecto de Ley del arrepentido de la Argentina toma como base las experiencias de Perú y Brasil. Incluso la etiqueta de colaborador eficaz viene de la jurisprudencia peruana, que se puso en marcha para enfrentar el terrorismo y luego se usó para procesar a Alberto Fujimori y funcionarios de su gobierno que cometieron actos de corrupcion o delitos de lesa humanidad.

El caso más notorio en Perú fue el Matilde Pinchi Pinchi, quien era secretaria y amante del entonces asesor presidencial Vladimiro Montesinos. En un arranque de celos, la mujer entregó a la oposición un video que mostraba a su jefe pagando una coima y terminó por derrumbar al régimen en setiembre de 2000.

Pinchi Pinchi preparaba los sobres de dinero con los que Montesinos sobornaba a políticos, jueces y militares, entre otros, para que apoyaran al gobierno de Fujimori. Como podía ir presa, se acogió a la Ley de Colaboración Eficaz.

En Brasil, la herramienta se llama "delación premiada" y fue el motor de la caída del gobierno del PT a partir de la Operación Lava Jato, que investiga la corrupción en Petrobras. Hay no menos de diez delatores, entre ellos Sergio Machado, un empresario que luego de la suspensión de Dilma Rousseff ya hizo renunciar a tres ministros del gobierno provisorio de Michel Temer.

El soplón es un figura clave en Estados Unidos, donde hay dos argentinos "arrepentidos" colaborando en tramas importantes con el fin de obtener beneficios a cambio.

Alejandro Burzaco, ex CEO de Torneos y Competencias, ayuda a desentrañar el FIFAgate y el ex vicepresidente de la filial local del JP Morgan, Hernán Arbizu, fue extraditado el jueves pasado con la promesa de colaborar en causas por evasión de impuestos y lavado, que alcanzarían a funcionarios del gobierno de Macri.

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