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| Por Gabriel Profiti |
Dicen que el tiempo todo lo cura pero será difícil que el
kirchnerismo vuelva a ser el que fue luego de que uno de sus hombres fuera
detenido en pleno lanzamiento de billetes al interior de un monasterio de
General Rodríguez.
Será difícil porque es difícil que la estrategia fijada por
Cristina Kirchner y sus principales referentes políticos logre demostrar, como
pretende, que el exsecretario de Obras Públicas José López es un funcionario
infiel, que juntó nueve millones de dólares por mérito propio, sin anuencia de
sus jefes.
La líder del movimiento político que gobernó el país durante
doce años quizá no haya participado de las maniobras cada vez más claras de
robo a través de la obra pública, pero es difícil que no lo supiera, cuando las
evidencias eran múltiples. En cambio, hay múltiples testimonios que ubican a su
fallecido esposo Néstor Kirchner, al frente de las maniobras.
Aun dándole esa ventaja de la ignorancia, Cristina tendrá
responsabilidad política por su ingenua ceguera y por haber sostenido a la
mayoría de los funcionarios acusados seriamente.
Así como la filmación del conteo de dinero en la financiera
La Rosadita activó la causa por lavado de dinero, por la cual terminó preso
Lázaro Báez, la detención de López también movilizó a otros expedientes contra
ex funcionarios.
El propio López reactivó una causa en su contra por
enriquecimiento ilícito que dormía en el juzgado de Daniel Rafecas, pero la
inercia comienza a arrastrar a su exjefe y diputado Julio De Vido, quien por
ahora logra cubrirse con fueros parlamentarios y la solidaridad de sus
compañeros de bancada.
Al día siguiente de la detención de López, el ex secretario
de Obras Públicas, De Vido y otros 41 imputados -entre ellos exministros,
exgobernadores, los hermanos Schoklender y Hebe de Bonafini- fueron citados a
declaración indagatoria por otro juez federal Marcelo Martínez de Giorgi por
irregularidades en la construcción de viviendas del programa Sueños
Compartidos.
Congreso
Las consecuencias políticas del Lópezgate se vieron rápidamente
en el Congreso.
Mientras López empezaba su calvario, la Cámara de Diputados
aprobó por amplia mayoría el proyecto de ley ómnibus de pago a jubilados y
blanqueo de capitales y el Senado avaló la designación de Horacio Rosatti y
Carlos Rosenkrantz como nuevos integrantes de la Corte Suprema de Justicia.
Para muchos la caída del exfuncionario influyó decididamente
en ese doble triunfo macrista porque, sobre todo en la Cámara alta, se esperaba
que la votación fuera más ajustada. Finalmente los candidatos del oficialismo
obtuvieron 60 y 58 apoyos respectivamente sobre un total de 70 senadores
presentes.
De hecho, el exgobernador de Misiones, Maurice Closs,
anunció a las pocas horas su alejamiento del bloque del FPV-PJ junto a los
diputados Jorge Franco, Silvia Risko y Daniel Di Stéfano, por lo que el bloque
se redujo a 75 miembros. En el Senado hizo lo propio su comprovinciana Sandra
Giménez. Todos los misioneros votaron a favor de las iniciativas del Gobierno.
En ese marco, un grupo de intendentes bonaerenses que tomó
distancia del kirchnerismo en los últimos meses se prepara para acelerar su
posicionamiento como la renovación de PJ.
Ese escuadrón compuesto por Gabriel Katopodis, Martín
Insaurralde y Juan Zabaleta, entre otros, tomaron como referencia al exministro
de Interior y Transporte Florencio Randazzo, e hicieron pie en el Congreso con
el jefe de bloque de senadores del FPV-PJ, Miguel Pichetto.
Por ésta y otras implicancias, el Gobierno gritó como un gol
el arresto de López con las manos en la masa. Sucede que tamaña revelación
quitó de la marquesina pública -no del sufrimiento diario de muchos argentinos-
el mal momento económico. Aunque una consecuencia no esperada de la eventual
caída de Cristina sea el reagrupamiento del peronismo bajo otro liderazgo.
El segundo semestre se vino encima y las mejoras prometidas
todavía no logran palparse en la calle, aunque las voces del oficialismo siguen
siendo optimistas respecto al futuro próximo.
En la semana el Indec difundió el primer índice de inflación
de la era macrista y arrojó un 4,2% para mayo, una cifra altísima. Previamente
el IPC Congreso -sintetiza las mediciones de consultoras privadas- había
arrojado 3,5% mensual, pero un 23,6% acumulado en 2016, la meta oficial
prevista para todo el año, y un 43,5% en los últimos doce meses.
Ante estos números solo queda mejorar y a eso apuesta el
Gobierno, tanto en este índice que caería a la mitad en junio, como en la
actividad económica que debería exhibir un repunte hacia el último trimestre
del año.
Más allá de lo que ocurra en la economía, para Macri el caso
López también debe servir como punto de partida. Su administración se presentó
con la premisa de mostrar una manera "distinta" de "hacer
política", aunque algunos nubarrones surgieron tempranamente en el ítem
transparencia a partir de la aparición de sociedades y una cuenta del
presidente en Bahamas.
En ese contexto, quizá sea central el caso del ministro de
Energía y Minería, Juan José Aranguren, quien declaró que posee 16 millones de
pesos en acciones de Royal Dutch Shell PLC, la petrolera de cuya filial
argentina fue CEO hasta el año pasado.
Aranguren dijo que no hay incompatibilidad porque las
acciones son de la casa matriz de la petrolera y no de la filial local a la que
favorecería con sus decisiones. Por lo pronto, ya tiene una denuncia por
haberse supuestamente beneficiado por los aumentos de gas que dispuso en su rol
de ministro.
Macri está dispuesto a sostenerlo.
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