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| Por Gabriel Profiti |
Una de las tareas de la comunicación política es disfrazar
la debilidad en fortaleza y eso es lo que el Gobierno intentó instalar luego de
que Mauricio Macri se resignara a aceptar la sanción de la Ley Antidespidos
para luego vetarla.
El recorrido de la ley de Emergencia Ocupacional impulsada
por el Frente para la Victoria, y su desenlace, dejó heridas en todos los
espacios y la certeza de que nadie tiene la vaca atada a la hora de encarar un
debate en el Congreso.
Sin margen para revertirla y tanteando el registro de daños,
Macri dio pie a la sanción -el bloque de Cambiemos se abstuvo en la votación-,
le impidió un mayor lucimiento a Sergio Massa en su rol de árbitro y al día
siguiente anunció su anulación.
El veto es una herramienta constitucional y fue promovido
como un gesto de fortalecimiento de la autoridad presidencial frente a un PJ
siempre amenazante cuando le toca estar en la oposición, pero no deja de ser
uno de los pudores de la democracia.
Conscientes de que esta situación puede repetirse ante el
actual escenario legislativo, el Gobierno amplió sus acercamientos a
gobernadores y sindicatos de base peronista, que fueron facilitadores y
promotores de la Ley Antidespidos.
A través del ministro del Interior, Rogelio Frigerio, la
Casa Rosada formalizó un acuerdo con todas las provincias -definido como
histórico- para la devolución de fondos retenidos desde 1992 por la ANSeS de la
Coparticipación Federal.
Y convalidó una suba del 33% en el sueldo mínimo dentro del
Consejo del Salario, con lo que garantizó la continuidad de esa institución
emblemática para los gremios y la flexibilización solapada de una pauta de
inflación que había fijado en 25%.
Prioridades
En la misma sesión en la que se aprobó la Ley Antidespidos,
la Cámara de Diputados dio "media sanción" a la devolución del IVA de
productos de la canasta básica a jubilados y beneficiarios de la Asignación
Universal por Hijo (AUH) y del proyecto de Acceso a la Información Pública, una
larga demanda de las ONGs que bregan por la transparencia y la lucha contra la
corrupción.
Esa agenda está en línea con las nuevas demandas de la
sociedad. Según la encuesta de abril de la consultora Management & Fit las
principales preocupaciones de los argentinos son: la inflación (25,8%); la
corrupción (19,6%); la Inseguridad (13,3%), la desocupación (13%) y la suba de
tarifas (11%). Durante diez años la prioridad fue el combate a la inseguridad.
La misma encuesta reflejó una baja en la gestión del
gobierno y de la imagen del presidente de unos cinco puntos (52% a 47%)
respecto de la medición anterior, pero se mantienen las expectativas favorables
sobre el Gobierno. "El 90% que votó a Macri no está arrepentido de haberlo
hecho", señaló Mariel Fornoni, directora socia de la consultora, quien
agregó: "La gente percibe que va a tener que hacer un esfuerzo este
año".
De acuerdo con ese registro, María Eugencia Vidal es la
dirigente nacional con mejor imagen. La gobernadora bonaerense tiene un
diferencial positivo de 29,9% (47,1% positiva menos 17,2% negativa). En segundo
lugar se ubica Massa con un diferencial de +26,3% y luego aparece Macri con
+19%. "Todos bajaron en el último mes, pero Vidal sigue al frente", señaló
Fornoni, respecto a la medición de mayo que aún no fue difundida.
Proa a 2017
Con los números de la economía en contra y esos registros
todavía favorables en la opinión pública, el Gobierno puso en marcha el
operativo para las elecciones de 2017.
Vidal, aun sin ser candidata, es una carta fuerte del
oficialismo para la siempre estratégica Buenos Aires, pero tiene el desafío de
administrar el déficit social, financiero y de infraestructura de la principal
provincia del país.
Ese panorama explica los anuncios del gobierno bonaerense de
planes de obras públicas, la sanción de la emergencia administrativa en la
Legislatura y el reclamo a la Nación por el descongelamiento del Fondo del
Conurbano.
Paralelamente, el Presidente buscó zanjar una histórica
rivalidad entre la gobernadora y el armador electoral de PRO, Emilio Monzó, hoy
presidente de la Cámara de Diputados. Ambos ahora integran una mesa política
junto al ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y el jefe de Gabinete, Marcos
Peña.
Pero los laboratorios electorales también fueron reabiertos
en el peronismo, luego de la inesperada doble derrota Nación-Provincia. Un grupo de intendentes busca dar vuelta
la página y fijar el poder del PJ en el territorio.
El núcleo duro de ese escuadrón está conformado por Martín
Insaurralde (Lomas de Zamora), Gabriel Katopodis (San Martín), Juan Zabaleta
(Hurlingham), Eduardo 'Bali' Bucca (Bolívar) y Mariano Cascallares (Almirante
Brown), pero en total son una docena y tienen la intención de agrupar a los 55
peronistas.
Los nuevos jefes territoriales consideran que Cristina
Kirchner ya no es una opción competitiva. La ex presidenta hoy reúne un
diferencial de -10% en la encuesta de M&F, luego de haber concluido su
gobierno en equilibrio entre opiniones favorables y desfavorables; tampoco ven
a Daniel Scioli (+0,3%) con capacidad de encarnar la refundación del PJ.
El nombre elegido es el de Florencio Randazzo, quien es el
quedó mejor parado ante la sociedad de la etapa K, al punto que tiene un
registro favorable en Buenos Aires de +25%.
El martes pasado ese grupo de intendentes y el ex ministro
se reunieron en el búnker de Insaurralde en la Ciudad de Buenos Aires y
acordaron avanzar a fuego lento en una eventual candidatura bonaerense del
'Flaco' con terminal nacional en 2019.
Massa, otro jugador fuerte en el tablero bonaerense, oscila
aún entre la posibilidad de mantenerse como un referente nacional, para lo cual
exploraría un acuerdo con Randazzo dentro de un peronismo unificado, o lanzarse
de nuevo a la arena provincial. Otra de sus apuestas allí es Margarita
Stolbizer.
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