Obtuvo 229 votos a
favor y sólo 4 en contra y ahora el proyecto pasa al Senado para su sanción
definitiva.
Nacionales - Con
respaldo del arco opositor, la Cámara de Diputados dio media sanción al
proyecto enviado por el Poder Ejecutivo para regular el derecho de acceso a la
información pública en Argentina, que junto con Bolivia, Venezuela y Cuba,
integra la nómina de países que carecen de una ley al respecto en la región.
La votación fue casi unánime, con 229 votos a favor, cuatro
en contra –del Frente de Izquierda- y una sola abstención, de Julio Solanas
(FpV). La iniciativa pasó al Senado para su sanción definitiva, aunque
comenzará a regir recién pasado un año de su publicación en el Boletín Oficial.
Si bien la oposición acompañó el proyecto en general, objetó
las excepciones planteadas para la entrega de información, mientras las
organizaciones de la sociedad civil, que participaron del debate en comisión,
habían cuestionado la falta de “autonomía” de la autoridad de aplicación de la
ley, que dependerá del Poder Ejecutivo.
El proyecto establece en principio que “toda persona humana
o jurídica, pública o privada, tiene derecho a solicitar y recibir información
pública, no pudiendo exigirse al solicitante que motive la solicitud, que
acredite derecho subjetivo o interés legítimo o que cuente con patrocinio
letrado”.
La ley incluye a los tres poderes del Estado; esto quiere
decir que están obligados a suministrar la información requerida la
administración pública nacional, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el
Ministerio Público Fiscal y de la Defensa, el Consejo de la Magistratura, y las
empresas con mayoría estatal y con participación minoritaria.
También son sujetos obligados los concesionarios,
permisionarios y licenciatarios de servicios públicos o concesionarios,
empresas, partidos políticos, sindicatos, universidades y el Banco Central de
la República Argentina (BCRA), entre otros.
Toda solicitud de información debería ser satisfecha en un
plazo no mayor a 15 días hábiles, prorrogables por otros 15 en caso de “mediar
circunstancias que hagan razonablemente difícil reunir la información
solicitada”.
El proyecto plantea una serie de excepciones para la entrega
de información, como cuando se trata de “información expresamente clasificada
como reservada o confidencial o secreta, por razones de defensa o política
exterior” o “información que pudiera poner en peligro el correcto
funcionamiento del sistema financiero o bancario”.
Otras excepciones tienen que ver con “secretos industriales,
comerciales, financieros, científicos, técnicos o tecnológicos”, “información
en poder de la Unidad de Información Financiera (UIF)”, aquella que “pueda
ocasionar un peligro a la vida o seguridad de una persona” o la que estuviera
“protegida por el secreto profesional”.
La iniciativa crea una agencia de Acceso a la Información
Pública, como ente autárquico, que funcionará con autonomía funcional en el
ámbito del Poder Ejecutivo nacional, y cuyo director será elegido por el Poder
Ejecutivo en un procedimiento “público, abierto y transparente que garantice la
idoneidad del candidato”.
Durante el debate en particular, Elisa Carrió (Coalición
Cívica) logró introducir un cambio para que “cualquier decisión judicial” que
vaya en contra de la norma sea causal de “mal desempeño”, lo que podrá derivar
en un juicio político.
Carrió propuso esa modificación no sin antes criticar duro
al Poder Judicial. “¿Cómo es posible que no podamos acceder a las declaraciones
juradas de los jueces de la Corte siendo que ellos son la cabeza del Poder
Judicial?”, cuestionó.
El debate
El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales,
Pablo Tonelli, abrió el debate y sostuvo que la iniciativa constituye “una
herramienta contra la corrupción, y que permitirá “que el pueblo conozca todo
lo relativo al funcionamiento del Gobierno y todo lo que el Gobierno posea”.
“La transparencia, la publicidad de los actos de gobierno,
es una de las mejores herramientas para luchar contra la corrupción”, destacó
el diputado macrista.
Por Cambiemos también defendió el proyecto la radical Karina
Banfi, quien no solo es especialista en el tema sino que integró el equipo
redactor de la ley modelo de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
“Toda persona que realice actividades con el erario público
tendrá obligaciones con esta ley”, garantizó, y agregó que “conocer cómo el
Estado administra el dinero de los argentinos es el fundamento” de la norma.
Desde el Frente para la Victoria, Diana Conti –quien
encabezó el debate por este tema el año pasado- aprovechó para defender las
políticas de transparencia del gobierno kirchnerista.
“En estos largos años, Argentina sí dio saltos cualitativos
durante el gobierno de Néstor Kirchner, dejando de lado las leyes secretas”,
dijo, y sostuvo que el decreto 1172, que rige hoy, “ha recibido halagos de la
sociedad y de los organismos internacionales”.
Por el contrario, la jefa del bloque del Frente Renovador,
Graciela Camaño, remarcó que “el gobierno que se fue no permitía el libre
acceso a la información”, pero “tampoco tenemos datos ahora” con Mauricio Macri
como presidente.
“No tenemos índice de pobreza, de desocupación ni de
precios”, lamentó la massista, quien advirtió que “el oscurantismo del poder
subyace siempre”.
Alicia Ciciliani, del Partido Socialista, se sumó al
respaldo a le ley, pero recordó el caso del contrato YPF-Chevron, donde la
petrolera estatal se negó a difundir las cláusulas secretas del acuerdo por
pedido del senador MC Rubén Giustiniani.
“No hubo voluntad política en el gobierno anterior ni hemos
encontrado voluntad política en este gobierno”, alertó la santafesina.
El mismo ejemplo puso Alcira Argumedo (Proyecto Sur), al
sostener que el apartado de excepciones fomenta “el secretismo”.
“Las vaguedades de las excepciones que presenta la
iniciativa nos lleva a pensar en una ley de acceso restrictivo de la
información pública”, apuntó Argumedo.
En igual sentido, Pablo López (Partido Obrero) denunció que
“es una ley de preservación de secretos” porque no garantiza el acceso a
importantes archivos secretos sobre la dictadura o la causa AMIA.
Al cierre del debate, el presidente del interbloque
Cambiemos, Mario Negri resaltó que el camino recorrido “ha sido un esfuerzo
colectivo de diputados de distintos bloques” durante muchos años.
“El ciudadano va a encontrar en esta ley la mayor
simplificación para encontrar la información necesaria”, afirmó el jefe del
bloque radical, y agregó que “hay que hacer un ‘click’ en la cultura ciudadana”
para exigir la trasparencia del Estado.
Para Negri, el decreto 1172 “estaba a mitad de camino”, dado
que “había que ir a golpear las puertas de la Corte” Suprema de Justicia para
acceder a determinada información.
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