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| Por Pablo Kosiner (*) |
En el Congreso de la Nación se debate estos días una ley de
emergencia pública ocupacional y es importante tener en cuenta por qué hemos
llegado al límite de tener que definir si esta ley es o no necesaria en la
Argentina.
Es cierto que hoy nos gustaría estar discutiendo cómo
hacemos para distribuir de mejor manera la riqueza que el crecimiento y el
desarrollo hubiese generado en nuestro país, también es cierto que lo menos
deseado es tener que legislar para frenar despidos.
Con más razón, si uno considera que los trabajadores son el
motor de nuestra Patria, la columna vertebral de cualquier proyecto que tenga
como objetivo enaltecer la grandeza de la Nación.
Pero si hoy estamos frente a la realidad de que el Congreso
pueda dictar una ley que ponga un límite a los despidos, es porque estamos en
una situación de crisis laboral y no queremos que se profundice.
Tras un período sostenido de crecimiento del mercado interno
y frente al panorama incluso de tener que corregir errores cometidos o afrontar
nuevos desafíos, aspirábamos a que se hubiesen definido condiciones de
competitividad para nuestras economías regionales, nuestra industria y las
Pymes y de integración para los sectores de la economía que aún quedan
postergados.
Pero lamentablemente el gobierno nacional ha tomado medidas
que golpean de lleno a los sectores más vulnerables. Los aumentos de tarifas,
quitas de subsidio y aumento de la inflación, acompañados del cierre de
programas de fomento han generado una situación de ajuste y enfriamiento de la
economía que tiene como consecuencia despidos masivos tanto en el sector
público como en el privado.
Por cada trabajador despedido, hay una familia perjudicada.
Detrás de cada telegrama enviado, hay un nombre y apellido, hay una persona con
su historia, su dignidad. Es por eso que no sólo creemos que es lo mejor para
nuestro pueblo, sino que sentimos la obligación de proteger a los trabajadores
frente a esta realidad.
En este marco, no podemos dejar de contemplar la situación
de las pequeñas y medianas empresas. En este sector, la situación hoy es de una
crisis total. Se observa una caída en el primer cuatrimestre de la actividad
del 5%, aumentada por la falta de competitividad con algunos sectores que están
favoreciendo la importación. Las cámaras que aglutinan a las PyME han
denunciado el crecimiento de los niveles de importación tanto en la industria
textil como en el calzado cercanas al 25% o 30%, comparados con los índices que
existían antes de fin de año.
Si bien hoy las PyME reiteran su compromiso de no despedir a
ningún empleado, si realmente no trabajamos con ellos incentivos para su
actividad la situación se complicará aun más. Necesitamos que el gobierno
entienda que hoy necesitan políticas diferenciadas. No podemos tratar de igual
manera a sectores que están en desigualdad de condiciones y hoy las PyME están
en una situación de desigualdad y falta de competitividad.
Por eso, creemos necesario definir, junto con la ley de
emergencia ocupacional, una ley que fomente la actividad y el desarrollo de las
micro, pequeñas y medianas empresas. Esto no sólo permitirá proteger el empleo
que actualmente existe, sino generar situaciones de crecimiento.
No podemos dejar de observar que estas medidas van a tener
un impacto a corto plazo, pues las leyes de emergencia son, en principio, por
180 días. Así como desde el Bloque Justicialista hemos ayudado a garantizar la
gobernabilidad y hemos demostrado predisposición para acompañar aquellas
medidas que sean favorables para el conjunto del pueblo argentino, apelamos
ahora a que el gobierno de un giro en la política de ajuste que viene llevando
adelante y que comience a tomar medidas para reactivar la economía y devolver
la dignidad del trabajo a quienes lo han perdido en este primer cuatrimestre
del año.
(*) Diputado nacional del Bloque Justicialista
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