Por Félix Lonigro (*)
El gobierno que condujo los destinos del país desde el 25 de
mayo de 2003, a través de las gestiones de Néstor Kirchner y Cristina
Fernández, jamás confió en las bondades del sistema republicano de gobierno,
cuya principal característica es la división de poderes, y especialmente la
independencia del Poder Judicial.
Los hechos ocurridos en ocasión de la declaración
indagatoria de la ex presidente, son reveladores del desprecio que ella y sus
seguidores tienen por la labor de los jueces, a la que juzgan y califican según
quien sea el involucrado y no según los hechos que se investigan. Para el
kirchnerismo, la legitimación popular que alguna vez tuvieron Néstor y
Cristina, es un elemento inhibidor suficiente del accionar de los jueces,
quienes, en esa línea de pensamiento, no deberían investigar (y mucho menos
condenar) a quienes alguna vez han tenido apoyo popular.
En alguna oportunidad, cuando la Corte Suprema de Justicia
de la Nación declaró la inconstitucionalidad de la llamada ley de democratización de la justicia (en la que se disponía
la elección popular de todos los abogados, jueces y
académicos que integran el Consejo de la
Magistratura), la entonces presidente se preguntó públicamente, en una de sus interminables cadenas nacionales, si
un juez, a quien el pueblo no ha elegido, tiene derecho a anular una ley
sancionada por un órgano cuyos miembros sí fueron votados por él.
Para los gobernantes populistas el pueblo solo es el
conjunto de individuos que los vota y sigue; los demás, quienes eligen otras
opciones y critican, son representantes de poderes ocultos destructivos de
supuestas conquistas sociales, de buitres insensibles antipopulares, y de
imperialismos malvados que solo desean el mal de la gente. Naturalmente que,
para ellos, los fiscales que se animan a investigar a los gobernantes elegidos
por ese pueblo, y los jueces que tienen la osadía
de citarlos a declarar, también merecen
la misma calificación.
No importa si hay elementos suficientes para iniciar
investigaciones judiciales; los seguidores del modelo diseñado por Néstor y
Cristina durante los doce años y casi
siete meses en los que gobernaron a la Argentina, consideran que el accionar de
la ‘Justicia’ es
consecuencia de la maligna imaginación de
operadores políticos que quieren perjudicar a
sus mártires. Ellos jamás creyeron en ella.
Para el pueblo k, el amor incondicional por el líder está por sobre el Estado de Derecho,
por sobre el sistema republicano, y aún por sobre
la decisión de la mayoría
del electorado que hace pocos meses decidió cambiar los destinos del país,
votando un proyecto diametralmente opuesto al ejecutado por el régimen
anterior.
Es cierto que la democracia encuentra su máximo sustento en
el apoyo popular; pero su vigencia, lejos de ser incompatible con el Estado de
Derecho (en el que los gobernantes deben acatar los límites impuestos por una
Constitución Nacional) y con el sistema republicano (en el que aquellos deben
permitir el libre funcionamiento del Poder Judicial), es complementario de
éstos, sencillamente porque es el mismo pueblo el que, a través de sus
representantes, ha diseñado la organización política y jurídica contenida en
nuestra Ley Fundamental.
La aniquilación de conceptos cívicos elementales ha sido
otro de los legados de la década gobernada por el kirchnerismo. Por allí
también será necesario encarar un proceso de reconstrucción.
(*) Abogado constitucionalista
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