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| Por Román Lejtman |
Acostumbrados a negociar sus fallos con los operadores de
turno, los magistrados federales más conspicuos de Comodoro Py se quejan por la
ausencia de una política de Estado ejecutada desde la Casa Rosada. No les
satisface que Mauricio Macri, Marcos Peña y Germán Garavano hayan anunciado
públicamente su libertad.
Los jueces/peones del Poder Ejecutivo pretenden
regresar a su zona política de confort, que implicaba recibir fondos negros de
los servicios de inteligencia, protección en el Consejo de la Magistratura y
discreción absoluta para designar a sus presuntos investigados, sin que
importara los plazos procesales, las evidencias y el sentido final de
administrar justicia.
Su Señoría, en términos generales y abstractos, almorzaba en
Puerto Madero, comía asados en Nordelta, jugaba al golf en Pilar, cursaba en
Washington y daba clases en Buenos Aires. Mientras tanto, ajustaba su agenda
procesal con los manipuladores del gobierno de turno y cuidaba su billetera
decidiendo a quién investigaba y a quién no. Esta lógica judicial, que podría
llamarse el teorema de Comodoro Py, está vigente desde los años de Carlos Menem
en Balcarce 50.
Un juez se apuró a comprar su 4x4 y cuando llegó a su
flamante piso, no podía entrar con su camioneta por la puerta del garaje. Un
camarista pagó una fortuna por una mansión cercana al Río de la Plata. Un
fiscal cobraba peaje por cada causa que no apelaba. Y siguen los ejemplos, muy
conocidos en los rimbombantes pisos del edificio judicial que ya frecuentan las
figuras estelares de la presidencia ejercida por Cristina Fernández.
La clave del reclamo corporativo es revalidar los acuerdos
de impunidad por protección política. El mecanismo es fácil de explicar: un
juez venal recibe un sobre con dinero del Poder Ejecutivo, que está en dificultades
por una denuncia promovida por un político opositor o por una investigación
periodística que tiene repercusión nacional. El juez pedalea y luego archiva la
causa, el Poder Ejecutivo debe un favor político y paga cash por los favores
prestados. El político opositor o el medio que hizo la investigación desnuda la
acción venal del juez que no investiga y se abre una causa en el Consejo de la
Magistratura. El Poder Ejecutivo protege al magistrado aliado, y el juicio
político en su contra jamás prospera. Así de fácil.
Este mecanismo de corrupción funcionó durante 20 años, y
Macri, Peña y Garavano decidieron enterrarlo para siempre. Lo que no significa
que dirigentes vinculados al fútbol, empresarios oficialistas que ganan
licitaciones en la Ciudad de Buenos Aires y legisladores con llegada al primer
piso de Balcarce 50, asuman la representación presidencial para ordenar una
agenda en Comodoro Py que se mueve a una velocidad nunca vista entre los jueces
federales.
Esas operaciones deberían terminar para siempre, lo que no
significa pedir que no haya relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder
Judicial. La Realpolitik en una democracia moderna no implica cambiar favores
por sentencias, sino articular un diálogo institucional que no tome por sorpresa
ni a la Casa Rosada ni a la Corte Suprema.
La mayoría de los jueces federal persigue a la corrupción
kirchnerista por venganza personal o autoprotección. Su Señoría observa qué
pasa en Brasil y no quiere perder sus privilegios corporativos. Entonces, avanza
sin límites de velocidad con evidencia que estaba en su juzgado desde hace
años. A nosotros, simples mortales, no nos queda otra alternativa que observar
con cautela estos movimientos políticos/judiciales. Porque su móvil no
significa administrar justicia, sino mantenerse en una elite que apareció con
Menem y se consolidó con Néstor Kirchner y Cristina.
Por eso hay que actuar con inteligencia. Que los jueces
federales capturen a los corruptos, que las instancias superiores con
honestidad probada (la sala II de la Cámara Federal porteña, por ejemplo),
castiguen los delitos cometidos, y que finalmente los ladrones vayan presos.
Después se debería revisar la actuación de los magistrados
en épocas de impunidad política. Y si ese día finalmente llega, habrá justicia
en el Poder Judicial. Y si finalmente no llega, veremos a los mismos jueces con
distinto collar, ordenando un procedimiento adonde ya no pasa nada, ni nadie,
salvo los canales de televisión.
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