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| Por Gabriel Profiti |
La iniciativa, que incluye un nuevo y controversial blanqueo de capitales, propiciaría un aumento del 45% en los haberes de unos dos millones y medios de jubilados, un tercio del total, y la creación de una pensión universal a los mayores de 65 años sin aportes suficientes, equivalente al 80% de la jubilación mínima.
Las medidas buscan mejorar el humor social en una franja importante de la población, pero al mismo tiempo cumple con fallos de la Corte Suprema de Justicia, que habían sido satisfechos a cuentagotas por la administración kirchnerista.
Si hay que mirar el vaso medio lleno del Gobierno de Macri aparecerá casi en primer término el respeto a decisiones judiciales como el acuerdo con los holdouts, la devolución de los fondos de coparticipación a las provincias -también incluido en este proyecto- y este reajuste de las jubilaciones.
El anuncio implica una enorme erogación -$50.000 millones para el pago de retroactivos y $75.000 millones anuales para las nuevas jubilaciones- y tiene sus matices.
Parte de los nuevos compromisos esperan ser cumplidos a partir de una nueva amnistía fiscal, herramienta que suele premiar a incumplidores para satisfacer necesidades de caja.
En esta oportunidad, vuelve a tener puntos opacos y coincide con dos casos que involucran actividades presidenciales en el exterior. Su aparición como vicepresidente y director de sociedades offshore, investigada por la Justicia, y la declaración de una cuenta por $18 millones en Bahamas.
Con todo, el Gobierno apuesta a que en esta oportunidad el blanqueo sea exitoso. A partir del 2017, por acuerdos internacionales, el país va a comenzar a tener "información de 48 países, muchos de los cuales eran paraísos fiscales" y quienes tiene activos no declarados se verán obligados a hacerlo, especuló el ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay.
El paquete de medidas que comenzará a tratar el Congreso la semana próxima en la Cámara de Diputados contempla la disminución progresiva del Impuesto a los Bienes Personales hasta su eliminación en 2019, justamente para tentar a evasores.
El oficialismo no quiere sinsabores en el Congreso y pondrá a prueba nuevamente su capacidad de negociación. En principio, la oposición no puede oponerse al proyecto pero planteó reparos al financiamiento ante la posibilidad de poner en riesgo la sustentabilidad a futuro del sistema previsional.
Los fondos del blanqueo, más utilidades del Fondo de Garantía de Sustentabilidad serán afectados al nuevo esquema. En el Gobierno dicen que hasta 2018 su funcionamiento está cubierto, pero el proyecto crea una comisión para resolver cuál sería la forma de hacer sustentable al sistema en adelante. ¿Venta de acciones de la ANSeS, aumento de edad jubilatoria?
Transición conflictiva
El nuevo proyecto busca equilibrar una agenda económica muy negativa a partir de la suba de tarifas, su aporte a la escalada inflacionaria y el veto de la ley antidespidos.
Esta semana, un índice elaborado por la consultora Orlando Ferreres y Asociados reveló que el nivel general de actividad de la economía evidenció una merma de 4,9% anual en abril, acumulando un descenso de 1,2 por ciento anual al cierre del primer cuatrimestre del año en comparación con 2015.
La suba de tarifas volvió inviables a algunos sectores de la economía como comercios y pymes y provocó una rebelión de los gobernadores patagónicos y un encuentro en la Casa Rosada con los ministros Rogelio Frigerio y Juan José Aranguren.
Finalmente, el Gobierno puso un tope de 400% en los incrementos y ofreció paliativos para pymes, pero nadie quedó conforme y el mar de fondo sigue. Tanto Frigerio como Prat Gay negaron nuevos ajustes en el año, pero lo cierto es que por ahora solo fue cubierto el 40% del costo de la energía.
Con ese panorama, la Iglesia volvió a advertir en la Semana Social y en el tedeum del 25 de Mayo sobre la necesidad de atender a los pobres y revertir la fragilidad laboral, pero los pronunciamientos de los obispos fueron moderados en comparación con los gestos del Papa Francisco.
El ex Arzobispo de Buenos Aires recibió por una hora -más del doble del tiempo que había destinado al Presidente- a Hebe de Bonafini, quien llevó su rosario de acusaciones contra el Gobierno y luego dijo que el pontífice teme que la Argentina esté recreando el escenario de persecución política implementada a partir de 1955, tras el derrocamiento de Juan Perón.
El ahora obispo de Roma aludiría a la situación judicial de Cristina Kirchner, quien todas las semanas recibe novedades negativas. En la que terminó la Cámara de Casación penal ratificó al juez Claudio Bonadio al frente de la causa por el dólar futuro y uno de los hijos de Lázaro Báez envió señales de que el clan familiar podría romer un pacto de silencio.
En principio, Leandro Báez recusó al juez Sebastián Casanello por centrar la investigación en su padre y no avanzar sobre Cristina Kirchner. La recusación fue rechazada en primera instancia pero las derivaciones del caso podrían ser múltiples.
Por lo pronto, el máximo tribunal penal del país, la Cámara de Casación, ya le advirtió a Casanello hace más de un mes que debe investigar a todos los involucrados en el caso, al resolver que un expediente abierto a Leonardo Fariña quede en ese juzgado, en función de lograr una investigación integral.
Los jueces de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, conminaron al magistrado a que "con la celeridad que impone la trascendencia institucional de los hechos investigados, clarifique la totalidad de los hechos objeto de investigación, imputándolos a todas las personas eventualmente responsables". El juez está en la mira.
© NA
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