La medida fue tomada
por el juez Gastón Mercau en la causa en la que la dirigente está acusada por
fraude al Estado, asociación ilícita y extorsión.
Jujuy - El
planteo del fiscal de Investigación Penal Diego Cussel tuvo una respuesta casi
automática. Cussel pidió que se le dicte prisión preventiva a Milagro Sala por un
caso en el que está acusada de cometer fraude al Estado, asociación ilícita y
extorsión. El juez Gastón Mercau cumplió casi al instante.
La decisión de Mercau ocurre apenas horas después de recibir
un espaldarazo de la Cámara de Apelaciones de Jujuy. Ese tribunal consideró que
la dirigente de la Tupac Amaru no goza de fueros parlamentarios por su cargo en
el Parlasur y avaló la detención que dictó el juez el 29 de enero en su contra;
hasta entonces, había estado detenida acusada por "tumulto" e
"instigación a cometer delitos" por el campamento que montó frente a
la Casa de Gobierno.
Cussel, quien reemplaza a la fiscal Liliana Fernández de
Montiel, consideró en un dictamen emitido el miércoles que cuenta con semiplena
prueba de que Sala –y también la excontadora del Instituto de Vivienda y
Urbanismo de Jujuy (IVUJ) Marta Gutiérrez– habría cometido los delitos que se
le imputan.
La denuncia la había presentado el gobernador de Jujuy,
Gerardo Morales, quien acusó a Sala del desvío de 29 millones de pesos que salieron
de las arcas públicas y que debían ser destinados a la construcción de
viviendas para sectores sociales necesitados.
En filmaciones publicadas por distintos medios se veía a
militantes de la Tupac Amaru retirar dinero de la sucursal del Banco Nación de
la capital provincial pocos días antes de la finalización del mandato de
Cristina Kirchner.
Auditoría
Una auditoría de la Oficina Anticorrupción jujeña determinó
que a lo largo de 11 años la organización de Sala recibió 1.282.654.656 pesos
del Ministerio de Planificación Federal de la Nación, entonces a cargo de Julio
De Vido, para levantar casas en casi toda la provincia. De ese total,
726.724.717 pesos (el 56,6 por ciento) fueron erogados, pero no ejecutados. Es
decir, esos recursos salieron de las arcas nacionales, pero no se usaron para
construir viviendas.
La OA relevó los municipios de la provincia en los que las
cooperativas controladas por Sala recibieron recursos con los que debían
construir 8532 casas.
Los municipios son San Salvador de Jujuy (3788 viviendas
asignadas), Humahuaca (740), Palpalá (680), San Pedro (616), Calilegua (588),
San Martín y Monterrico (los dos con 480), El Carmen (400), la Esperanza y
Perico (ambas con 380). De todas las viviendas proyectadas sólo se levantaron
6191. El resto, 2341, ni siquiera empezó a construirse (en 1856 casos) o quedó
a medio hacer (485).
La OA calculó que terminar esas casas y hacer las que nunca
existieron tendría hoy un costo aproximado de $ 1269 millones.
El estudio de campo de la OA estuvo a cargo de auditores y
arquitectos del Instituto de la Vivienda y Urbanismo de Jujuy (IVUJ) y las
conclusiones quedaron asentadas en actas.
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