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Por Gabriel Profiti |
Siempre bajo la lupa por su oportunismo político, la
Justicia Federal activó en las últimas horas una repentina arremetida contra la
corrupción del gobierno pasado, que en simultáneo trepa hacia las principales
figuras del kirchnerismo.
En apenas dos días quedaron detenidos el exsecretario de
Transporte Ricardo Jaime y el empresario emblema del kirchnerismo, Lázaro Báez,
pero también se estrechó el círculo en tres causas sobre el exministro Julio De
Vido, en un preludio que desembocará la semana próxima en la indagatoria de
Cristina Kirchner.
La multiplicidad de definiciones judiciales coincidió con el
debate surgido la semana pasada a partir de los cuestionamientos de la diputada
Elisa Carrió contra la presunta pasividad de los jueces con la supuesta
complicidad del gobierno para evitar que la jefa del kirchnerismo pueda
victimizarse.
La detención de Lázaro Báez y Daniel Pérez Gadín en la causa
por lavado de dinero es quizá la más resonante en esta saga por las conexiones
societarias que el dueño de Austral Construcciones tiene con la ex familia
presidencial.
En verdad, el juez interviniente, Sebastián Casanello,
relativizó hace unas semanas la responsabilidad de Cristina en esta causa, pero
el principal riesgo para la exmandataria pasa ahora por lo que puedan decir
Báez y el resto de los implicados.
La relación del exgerente del Banco de Santa Cruz con sus
exsocios se desgastó sensiblemente luego de que surgiera la investigación
periodística por la "ruta del dinero K" y terminó de quebrarse con la
salida del kirchnerismo del poder.
Los vínculos entre Báez, Cristina y Máximo Kirchner también
son investigados en la causa Hotesur, aunque ese expediente todavía no tiene
juez definitivo, luego de que fuera removido Claudio Bonadio y que Daniel
Rafecas se declarara incompetente.
Pese a ello, Bonadio volvió a aparecer en el horizonte
judicial de la exjefa de Estado: quedó a cargo de la investigación por otra
denuncia en su contra que hizo la diputada Margarita Stolbizer por supuesto
lavado de dinero a través de otra de sus sociedades hoteleras, Los Sauces.
También Jaime, definido desde hace muchos años como el
emblema de la corrupción durante el kirchnerismo, aseguró que su decisión de
comprar material rodante en mal estado y con presunto sobreprecios a España y
Portugal fue por orden de sus superiores, léase: Néstor Kirchner, Cristina y De
Vido.
Luego de esos dichos, el exsuperministro, ahora diputado
nacional, fue citado a indagatoria por el juez Julián Ercolini, quien investiga
ese expediente.
Paralelamente, Bonadio lo citó por su presunta
responsabilidad en la Tragedia de Once, en respuesta a un reclamo del tribunal
que llevó adelante el juicio oral y este martes allanó el estudio jurídico del
exministro menemista Roberto Dromi, en una causa por asociación ilícita contra
De Vido por la compra de gas licuado.
También Ricardo Echegaray sumó dolores de cabeza en las
últimas semanas y Amado Boudou espera turno para volver a desfilar por
tribunales en varias causas, entre otros exfuncionarios.
Este despertar judicial vuelve a poner en la mira la
actuación de los mismos jueces que hasta diciembre, a excepción de Bonadio, se
movían con suma cautela.
En ese contexto, la resonante detención de Báez -por
presunto riesgo de fuga cuando había sido citado a declarar el jueves-, sirvió
para llevar a un segundo plano el escándalo de filtraciones de "Panamá
Papers" que alcanzó al presidente Mauricio Macri.
La coincidencia no debería despertar suspicacias si no fuera
por el siempre latente oportunismo judicial.
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