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| Por Gabriel Profiti |
Entre los Panamá Papers y los despabilados tribunales
federales de Comodoro Py, la Argentina está ante la oportunidad de establecer
nuevos cimientos contra la corrupción, pero la propia experiencia indica que
puede ser solo otra cruzada fugaz.
Una ofensiva judicial avanzó hacia el corazón del
kirchnerismo en la última semana, con las detenciones Ricardo Jaime y Lázaro
Báez, el "arrepentimiento" de Leonardo Fariña y la nueva imputación
contra la propia ex presidenta Cristina Kirchner.
La decisión del fiscal Guillermo Marijuan de ir contra la
exmandataria generó conmoción política pocos días antes de que deba concurrir a
declarar ante el juez Claudio Bonadio por presuntas irregularidades en la venta
de dólares a futuro.
Una movilización ya estaba prevista para acompañar el
miércoles a la Presidenta a Comodoro Py, pero esta última sucesión de hechos
seguramente será usada por el kirchnerismo para denunciar una "persecución"
hacia la jefa política.
Papers
Esa embestida judicial tomó al actual gobierno en plena
aparición del presidente Macri en el escándalo internacional de sociedades
offshore conocido como Papeles de Panamá.
Antes de avanzar en el análisis, vale decir que ambas
situaciones no son equiparables. Por un lado se trata de casos de corrupción
múltiples y expuestos en los que habrá que investigar cuál es el grado de
responsabilidad de Cristina. Por el otro, por ahora son manchas al puritanismo
pretendido de Cambiemos.
Macri figura en firmas inscriptas en paraísos fiscales, las
que no suelen tener fines filantrópicos. Y no está mal que un fiscal federal,
Federico Delgado, abra una investigación para ver si hubo omisión maliciosa del
ahora presidente en sus declaraciones juradas de las sociedades Fleg Trading y
Kagemusha, creadas por su padre y surgidas de la filtración de los documentos
del estudio pañameno Mossack Fonseca.
Para el Gobierno de Cambiemos el caso resultó un
aprendizaje. Primero buscó minimizarlo, luego debatió cómo enfrentarlo -si
proteger o exponer al Presidente ante la opinión pública-, hasta que trató de
pasar a la ofensiva con una batería de medidas. Para ello tuvo el invalorable
aporte de Báez yendo y viniendo de Tribunales esposado, con chaleco y rodeado
de policías.
Macri recurrió a la Justicia en lo civil para que determine
si obró mal, lo cual no invalida el trabajo de la justicia penal; anunció la
apertura de un fideicomiso ciego para que administre sus bienes sin su
conocimiento; y anunció el envío al congreso de una Ley de Acceso a la
Información Pública.
Este último punto no es menor. Las ONGs que se ocupan de la
transparencia dogmatizan que a mayor opacidad en el Estado hay mayores
posibilidades de que haya hechos de corrupción. La Ley FOIA (Freedom of
Information Act) es un emblema de la transparencia porque implica que la
obligación del Estado de responder pedidos de información de cualquier
ciudadano.
Al asumir el Gobierno en 2003 Néstor Kirchner dictó el
decreto 1172/03 de Acceso a la Información para el ámbito del Poder Ejecutivo.
Esa herramienta funcionó, hasta que el camporista Andrés "Cuervo"
Larroque copó el organismo encargado de elaborar las respuestas y ese proceso
se frustró.
Paralelamente, el kirchnerismo frenó varias veces los
proyectos para que haya una ley del parlamento. La diferencia entre aquel
decreto y una ley como la que se va a debatir ahora es que también obliga a
responder pedidos de información a la Justicia, el Congreso y al Ministerio
Público Fiscal.
El kirchnerismo también se encargó de desmantelar a los
organismos de control, a excepción de la Auditoría General de la Nación (AGN),
que por ley depende del Congreso y debe estar conducida por la oposición. Pero
vació la Oficina Anticorrupción (OA), la Sindicatura General de la Nación
(Sigen), la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía de Investigaciones
Administrativas (FIA).
Macri quiere mostrar contraste, pero la designación de Laura
Alonso en la OA pareció un contrasentido. La ex directora de Poder Ciudadano y
ex diputada del PRO es idónea para dar marco a la cristalinidad del Estado,
pero su identificación partidaria le restó credibilidad en sus intervenciones
respecto al contrato de YPF-Chevron y ahora en Panama Papers.
Salida elegante
Otro hecho que opaca este virtual "mani pulite"
local fue la renuncia del juez Norberto Oyarbide. Es el mismo que acumuló 43
pedidos de juicio político en 21 años, que zafó en 2001 en una causa por
prestar cobertura a prostíbulos, el que usaba un anillo de 250 mil dólares, que
renovaba todos su muebles cada cuatro años y el que sobreseyó en tiempo récord
por enriquecimiento ilícito a los Kirchner. El mismo que ahora era investigado
por frenar un allanamiento por pedido del Gobierno anterior.
Lo que causa ruido no es la renuncia sino su anunciada
aceptación. Elisa Carrió había puesto sobre aviso que Daniel Angelici había
negociado esa jubilación del juez. Por esos servicios de "gestor" hay
una causa abierta.
El caso Oyarbide podría haber sido un ejemplo para el
"Nunca más" contra la impunidad del que habló Ricardo Lorenzetti. El
presidente de la Corte Suprema lo dijo ahora con todas las letras luego de años
de referencias ambiguas y solo sugerentes.
Según datos del Ministerio Público Fiscal de 2010 y del
Centro de Estudios de Justicia para las Américas (CEJA) de 2008 la tasa de
condenas por delitos de corrupción es menor al 3% en la Argentina y los
procesos duran 12 años en promedio, con condenas que en su mayoría no son de
cumplimiento efectivo.
Esa falta de resultados obedece al desgano de los mismos
jueces federales que ahora están energizados; y también por la indiferencia de
una sociedad que -con absoluta lógica- tuvo como prioridades el bolsillo y su
seguridad.
En ese contexto, es justo plantear el interrogante sobre si
esta embestida judicial y esta refundación de la transparencia serán profundas
o pasajeras. El Gobierno de la Alianza nació bajo la misma atmósfera, pero ese
vigor duró hasta que la Banelco y una economía sin tregua condujeron al
estallido.
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