lunes, 25 de abril de 2016

La tragedia brasileña

Por James Neilson
Puede que la clase política brasileña no sea la más irresponsable del planeta, pero a juzgar por la forma en que sus integrantes se las han arreglado para hundir a Dilma Rousseff, merece un buen lugar en el podio de las peores. Para regocijo de multitudes que festejaron el resultado como si se tratara de un partido de fútbol, luego de una sesión parlamentaria que fue previsiblemente calificada de carnavalesca, 367 diputados, muchos de ellos corruptos seriales, votaron por someterla a juicio político no por haberse enriquecido robando plata sino por ocultar un déficit fiscal dibujando los números oficiales, algo que, dicho sea de paso, no está probado y, de todas maneras, habría sucedido antes de iniciar Dilma su gestión actual.

Pues bien, si manipular de tal modo las estadísticas es un crimen, virtualmente todos los gobiernos del mundo se verían en aprietos, ya que en Europa, América del Norte y otros lugares pocos días transcurren sin que políticos opositores acusen al oficialismo local de intentar encubrir así sus hipotéticos errores. Demás está decir que, en comparación con los Kirchner, en dicho ámbito Dilma siempre ha sido un dechado de honestidad. De haberse aplicado aquí las pautas severísimas que según parece rigen en Brasil, Néstor hubiera sido destituido bien antes de que se le ocurriera que sería genial confiar el país a su amada esposa para que lo cuidara por un rato.

La verdad es que a Dilma le ha tocado desempeñar el papel nada grato de chivo expiatorio por una catástrofe socioeconómica a la que, como muchísimos otros, contribuyó al dejarse llevar por el clima de optimismo que se difundió por el mundo algunos años atrás cuando muchos suponían que los “emergentes”, en especial los “BRIC” –Brasil Rusia India y China–, serían las estrellas de mañana. Desgraciadamente para ella, resultó ser una ilusión; como consecuencia, decenas de millones de brasileños se sienten defraudados, víctimas de una estafa gigantesca.

Tienen sus motivos. Hasta hace apenas tres años, creían que Brasil, el país del futuro, pronto disfrutaría del “destino de grandeza” que desde hacía más de un siglo muchos le auguraban, erigiéndose en una potencia económica, política y -¿por qué no? – moral mundial que, además de convertirse en miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, sería protagonista del nuevo orden que reemplazaría al viejo dominado por Estados Unidos. Se trataba de una fantasía, claro está, pero de una que, por motivos misteriosos, entusiasmaba no sólo a los brasileños mismos sino también a muchos gurúes norteamericanos y europeos.

Pasaban por alto el que el progreso que registraba Brasil hasta hace poco se debiera en buena medida a la voracidad de China y que, al moderarse el apetito al parecer insaciable del mastodonte asiático por materias primas y bienes agrícolas como la soja, se vería privado de golpe de los ingresos abultados a los que se había acostumbrado. Asimismo, aunque todos dicen entender muy bien que el desarrollo dependerá cada vez más de los recursos humanos, o sea, el nivel educativo de la población y cada vez menos de los materiales, a pocos les gusta pensar en lo que significaría para países atrasados un cambio de paradigma que les parece indiscutible.  Para competir con los países ya prósperos y otros como China, Brasil necesitaría dotarse de un sistema educativo mucho más riguroso que el existente que, de acuerdo a todos los datos disponibles, es decididamente inferior.

En vista del clima imperante en “los mercados” y los círculos políticos del mundo rico algunos años atrás,  sería injusto acusar a Dilma, o a su padrino Lula, de haber provocado la debacle brasileña. Por cierto, distan de ser los únicos en subestimar groseramente lo difícil que sería sacar a Brasil de “la trampa de ingreso medio” en que suelen quedar atrapados aquellos países que, después de haber dejado atrás la indigencia generalizada, se encuentran incapaces de seguir avanzando hacía una etapa superior porque, para hacerlo, la clase política tendría que lidiar contra muchos intereses creados que ella misma había fortalecido. En Brasil, el movimiento que se aglutinó en torno a Lula ha sido víctima de su propio éxito. Como sucedió al peronismo en la Argentina, emprender las reformas necesarias para que continuara el desarrollo que impulsó cuando le eran favorables las circunstancias internacionales lo obligaría a oponerse a sus bases.

Es lo que trató de hacer Dilma después de haber ganado las elecciones presidenciales de 2014 merced a una campaña de miedo, que sería reciclada por Daniel Scioli, en que acusaba a su contrincante Aécio Neves de ser un “neoliberal” decidido a devolver a su condición anterior a los pobres rescatados por el gobierno de Lula, sólo para poner en marcha un programa de saneamiento igualmente antipático. ¿Engañó a los votantes? Claro que sí. De ser Dilma una dirigente carismática como Carlos Menem en su momento, el electorado le perdonaría tales pecados, pero le faltó el ingrediente mágico que le hubiera permitido cambiar abruptamente de rumbo sin correr demasiados riesgos.

En Brasil, la Argentina y otros países de la región, los preocupados por los malos tiempos económicos han reaccionado atribuyéndolos a la corrupción. Mientras que hace aproximadamente quince años populistas se consolidaban en el poder en varios países latinoamericanos al culpar a los “neoliberales” por las penurias que sufría el pueblo, ahora los corruptos están en el banquillo de los acusados. Si bien podría argüirse que los perjuicios causados por el facilismo que es tan característico de los populistas han sido aún más graves que los ocasionados por la propensión de tantos políticos a llenar los bolsillos con dinero ajeno, a diferencia de lo que ocurre en el sumamente confuso mundillo económico, las cuestiones éticas planteadas por la corrupción son sencillas. Al fin y al cabo, no es necesario ser un sabio para entender que robar es malo y que los ladrones merecen terminar entre rejas.

Según las normas latinoamericanas, ni Dilma ni Lula son llamativamente corruptos. Puede que ambos se hayan apropiado de más de lo debido, pero no son equiparables con docenas, tal vez centenares, de otros políticos brasileños que han robado muchos millones de dólares, para no hablar de los de países como Venezuela y, hasta hace apenas seis meses, la Argentina, en que la caja de la felicidad de Petrobras sería tomado por algo rutinario. Así y todo, por ser Dilma la presidenta de un país que está en vías de naufragar y Lula el constructor principal de un “modelo” que hace agua por todos lados, los deseosos de echarlos cuanto antes se han aprovechado de la marejada moralizadora que, para alarma de docenas de gobiernos, incluyendo a la dictadura comunista-neoliberal china, está inundando el mundo entero.

Muchos brasileños esperan que una versión propia del mani pulite italiano que, no lo olvidemos, despejó el camino para la prolongada hegemonía de Silvio Berlusconi, permita que su país se levante nuevamente después de dos años de caída vertical en que, se teme, el producto bruto se habrá contraído más del ocho por ciento, pero es poco probable que el resultado sea positivo. De haber coincidido el inicio de la purga con la transición de un gobierno populista a otro de signo muy diferente, como sucedió en la Argentina, las perspectivas serían mucho más promisorias, pero ninguno de los eventuales sucesores de Dilma, comenzando con el vicepresidente actual Michel Temer, tiene manos muy limpias. No es cuestión en su caso de haber participado de maniobras financieras offshore que son habituales en el mundo empresarial sino de coimas, sobresueldos ridículos, enriquecimiento inexplicable y así, largamente, por el estilo.

Para contraatacar, los simpatizantes de Dilma y Lula sólo tendrán que pedir que la Justicia investigue a sus adversarios. Asimismo, ya están organizando la resistencia callejera contra un gobierno que, como Dilma sabe mejor que nadie, no tendrá más alternativa que la de ajustar con ferocidad; si no lo hace, la economía brasileña podría caer en una depresión hiperinflacionaria parecida a la que está provocando tantos estragos en Venezuela.

De haber triunfado Neves en octubre de 2014, le hubiera sido posible llevar a cabo las odiosas reformas estructurales que procuró concretar Dilma sin enfrentarse enseguida con la oposición intransigente de los comprometidos con el viejo orden populista porque nadie hubiera echado dudas sobre la legitimidad de su gobierno. En cambio, el político que reemplace a Dilma, o Dilma misma si para asombro de los demás logra sobrevivir, no estará en condiciones de hacer mucho más que intentar postergar el colapso sistémico que se ve acercándose.

Expulsar a los militares del escenario político brasileño resultó ser relativamente fácil. Hacer lo mismo con los corruptos que lo infestan no lo será en absoluto. Son tantos que ninguna agrupación podría mantenerse intacta. Tampoco quedarían a salvo los prohombres del empresariado que han sido sus cómplices y que, en algunos casos célebres, ya están en la cárcel donde esperan la llegada de sus socios.  Con todo, una vez puesta en marcha la máquina limpiadora, es casi imposible desactivarla. Brasil, pues, ha entrado en una etapa tumultuosa de la que le costará salir.

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