Por Sergio Farella
El juez federal Sebastián Ramos pidió a la Dirección
Nacional de Migraciones que informe las entradas y salidas a la Argentina del
exministro de Planificación Federal y actual diputado nacional Julio de Vido,
investigado por presuntas coimas que habrían existido para vender acciones de
Petrobrás a una compañía aliada al kirchnerismo.
Se trata del escándalo que explotó en Brasil y que
repercutió en la Argentina, a raíz de que un "arrepentido" apuntó
contra el exministro De Vido y el exfuncionario menemista Roberto Dromi por la
adquisición de Transener en 2006 por parte de la empresa Electroingeniería,
cercana al kirchnerismo.
Según publicaciones del diario Folha de San Paulo, el
lobbista Fernando Soares, o Fernando Baiano, uno de los arrepentidos en el caso
que investiga coimas millonarias en Brasil, apuntó hacia De Vido y Dromi por la
compra de las acciones que Petrobras tenía en Transener a manos de
Electroingenieria.
El "arrepentido" dijo que se hicieron maniobras
para evitar que las acciones se vendan a la empresa norteamericana Elton Park.
Incluso, tal como sostiene una presentación de la diputada
Elisa Carrió, un exdirectivo de Petrobrás, Néstor Cerveró, es otro de los
arrepentidos y declaró en la Justicia de Brasiles pagó en 2007 unos 300 mil
dólares de coima por esa venta.
"El ministro Julio De Vido me convocó personalmente a
su gabinete y determinó que sólo podríamos venderla para Eletroingeniería,
empresa amiga", dijo Ceveró al declarar en la Justicia brasilera.
Luego de que impulsara la causa la fiscalía a cargo de
Gerardo Pollicita, el juez Ramos solicitó a Migraciones los entrantes y
salientes de De Vido y otros implicados, así como de los dos
"arrepentidos": Soares y Cerveró.
En ese sentido, mediante oficio pidió a la Dirección
Nacional de Transporte Aéreo detalle de vuelos hechos por De Vido y demás
investigados al exterior, así como a la Policía de Seguridad Aeroportuaria
(PSA) los viajes de cabotaje entre 2005 y 2007.
Además, el juez requirió vía exhorto a Brasil los
testimonios de Soares y Cerveró, así como del "lobbista" Jorge Luz,
quien se habría contactado con el segundo de ellos por la operación de venta.
También reclamó al Banco Central detalles sobre los
movimientos bancarios de las cuentas de las empresas Electroingenieria y Enarsa,
entre 2005 y 2007, cuando tuvieron lugar los presuntos hechos; así como
operaciones comerciales hechas en el exterior.
Asimismo, solicitó informes a la Secretaría de Energía y a
Defensa de la Competencia, así como a la Sindicatura General de la Nación
(SIGEN).
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