El secretario de
Asuntos Políticos de la Nación, Adrián Pérez, presentó la iniciativa ante las
comisiones
de la Cámara de Diputados.
 |
| Adrián Pérez presentó el proyecto de acceso a la información pública ante las comisiones de Diputados. |
Nacionales - El
Congreso Nacional ya discute un proyecto de ley de acceso a la información
pública. En el marco de un plenario de las comisiones de Asuntos
Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, el
secretario de Asuntos Políticos de la Nación, Adrián Pérez, presentó la iniciativa
del Poder Ejecutivo para garantizar el ejercicio de este derecho, “en términos
de transparencia y participación ciudadana”.
La propuesta, explicó, busca garantizar que cualquier
ciudadano pueda acceder a la información pública a través de simples pedidos de
informes a todos los poderes del Estado: el Legislativo, el Ejecutivo, el
Judicial y el Ministerio Público Fiscal.
Según dijo, el proyecto se basa en cuatro principios: la
celeridad, "para que rápidamente el Estado pueda responder a quienes piden
información"; la publicidad; la gratuidad, y la informalidad, "para
que cualquier ciudadano con sólo la identidad y el contacto" pueda obtener
la información, "sin otro documento que presentar".
Pérez concurrió a la reunión en la Sala 1 del Anexo de la Cámara
de Diputados junto a la secretaria de Relaciones Parlamentaria, Paula Bertol,
durante casi una hora y media, en la que respondió preguntas de los
legisladores y recogió adhesiones de todos los bloques opositores presentes.
Así, Margarita Stolbizer (GEN), Graciela Camaño (Frente
Renovador) y los kirchneristas Julio Solanas y Marcos Cleri adelantaron su
apoyo en general al proyecto oficial, aunque hicieron observaciones en
particular.
Detalles del proyecto
Pérez explicó que los ciudadanos no deberán presentar
documentación alguna para pedir información, salgo la identidad. En tanto,
indicó que ante la no respuesta por parte de un organismo público se habilita
un nuevo reclamo ante la autoridad, que deberá expedirse en un plazo de 30
días, así como una demanda judicial.
El secretario también informó que los poderes Legislativo,
Ejecutivo, Judicial y el Ministerio Público Fiscal deberán crear agencias de
acceso a la información, que serán las autoridades de aplicación de la ley en
estos organismos. Sus respectivos directores, precisó, serán designados por las
autoridades de estos poderes en el marco de audiencias públicas con la
recepciones de adhesiones e impugnaciones por parte de los ciudadanos. Además,
tendrán “autonomía y autarquía”.
Asimismo, el proyecto establece la creación de un “Consejo
de Transparencia” integrando por representantes del Gobierno nacional y de los
gobiernos provinciales para evaluar eventuarles reformas sobre la materia.
En relación a la “transparencia activa”, Pérez sostuvo que
“todos los organismos tiene que brindar información en sus páginas web”: su
organigrama, sus autoridades, su personal, sus gastos, la ejecución del
presupuesto asignado, las contrataciones, etcétera. “Es sumamente ambicioso”,
aseveró.
Apoyos y críticas
La primera en manifestar su apoyo general al proyecto fue
Margarita Stolbizer: “reúne los estándares de la ley marco que propone la OEA”,
destacó la diputada del GEN, que no obstante pidió “acortar el plazo de
implementación” de la ley previsto de un año a partir desde el momento de su
sanción.
Además pidió limitar los casos de restricción de acceso a la
información por cuestiones de “confidencialidad”, al citar el caso YPF-Chevron.
Más crítico con el oficialismo fue el diputado Julio
Solanas, del Frente para la Victoria por Entre Ríos: “El Poder Ejecutivo se
controla a sí mismo”, protestó en relación a la facultad del Gobierno de
designar al director de su propia agencia de información.
En el mismo sentido, el camporista Marcos Cleri sostuvo que
para su bloque quedan “dudas sobre la independencia del director de la agencia”
al tener en cuenta la militancia de los titulares de la nueva Enacom y de la
Oficina Anticorrupción. Sin embargo, adelantó que el Frente para la Victoria
“va a acompañar en las generales de la ley”.
Desde el propio oficialismo también se plantearon
inquietudes. Así, el porteño Fernando Sánchez, mano derecha de Elisa Carrió,
pidió que sindicatos y universidades también estén incluidas en la ley, aunque
hizo foco en el Poder Judicial.
“Me preocupa el caso del Poder Judicial porque ellos deben
garantizar que se cumpla la ley y no es adepto a abrir información”, confesó el
secretario parlamentario del interbloque Cambiemos. Y amplió: “no quiero
sancionar una ley para que se me diga ‘a mí no se me aplica’. No quiero que
tengan un régimen ad hoc”. Algo así sucedió con el Impuesto a las Ganancias,
que no rige para los empleados judiciales y de las fiscalías por una acordada
de la Corte Suprema de Justicia.
0 comments :
Publicar un comentario