Fundamentos de la resolución del juez Sebastián Casanello ordenando la detención de Lázaro Báez
Por OPI Santa Cruz
Siguiendo el razonamiento de Víctor Hugo Morales, Echarri, Aníbal Fernández y muchos más, Lázaro Báez no está detenido, es solo un hombre con un chaleco antibalas, caminando con las manos atrás. Sin embargo los motivos por los cuales el Juez Casanello mandó a detener al empresario, son claros, taxativos, contundentes y no dejan lugar a dudas.
Las pruebas rebasan, los motivos sobran. Ahora habrá que ver en indagatoria hasta dónde llega Báez para encubrir a Cristina Fernández, Máximo y Cia. Ese será otro capítulo.
Las pruebas rebasan, los motivos sobran. Ahora habrá que ver en indagatoria hasta dónde llega Báez para encubrir a Cristina Fernández, Máximo y Cia. Ese será otro capítulo.
El Juzgado Federal Correccional Nº 7 del Juez Casanello emitió una orden de detención de Lázaro Báez, cuyo texto es muy explicativo de los motivos por los cuales fue enviado a detener, en cuanto interpreta que el empresario K partió sin plan de vuelo en un vuelo de su empresa desde Río Gallegos “propiedad de la firma TOP AIR SA – dice el documento – cuyo 49 % pertenece a Austral Construcciones SA, que, a su vez, en un 95% pertenece a Lázaro Báez-, a dos de días de la fecha estipulada para la realización de la audiencia, es un detonante que dispara los riesgos de fuga y exige el dictado urgente de una medida idónea que asegure los fines procesales (cfr. art. 280 del C.P.P.)” y por tal motivo lo manda a detener para que se presente a indagatoria el día jueves próximo.
Y a continuación el oficio de Casanello ofrece los argumentos claves para entender cómo y en qué medida todas las pruebas que hemos ido viendo y leyendo a lo largo de estos años, mientras los defensores “del modelo”, nos remitían a la justicia y desalentaban los prejuicios del periodismo, pesan y caen como una pared, sobre Lázaro primero, pero luego de su indagatoria, vaya a saber sobre cuántos más.
“A los efectos de cumplir con el recaudo del art. 283 CPP, – dice el escrito – hágase saber que el hecho que se le atribuye es el haber ingresado, a través de su hijo Martín Báez, el día 02/11/2012 y en otra fecha aún no determinada, pero presumiblemente en los últimos meses del año 2012, dinero por una suma total aproximada de U$S 5.100.000 (cinco millones cien mil dólares estadounidenses) en la sociedad denominada “SGI Argentina S.A.”, con oficinas ubicadas en Juana Manso 555, piso 7°, departamento “C” de esta ciudad, que fue contado en el lugar en presencia de su hijo, como así también de César Gustavo Fernández, Walter Adriano Zanzot, Fabián Virgilio Rossi, Daniel Rodolfo Pérez Gadín y Sebastián Ariel Pérez Gadín, junto con otros sujetos no identificados al día de la fecha, disimulando de ese modo la fuente real de los fondos para obtener su apariencia de licitud.
A partir del ingreso de ese dinero en efectivo en aquellas oficinas se disimuló y ocultó el origen y titularidad de tales capitales no declarados, iniciándose un proceso tendiente a evitar su trazabilidad, en pos de cortar todo lazo con los hechos que los originaron y convertirlos e integrarlos al circuito económico como procedentes de fuentes lícitas.
Dada su participación accionaria en Austral Construcciones SA -95 %- y la relación familiar que lo une con Martín Antonio Báez -quien posee el 5 % restante- , se presume que dichos fondos provienen de una ganancia ilícita obtenida por aquella firma de la que es accionista mayoritario, mediante la utilización de facturas apócrifas y la generación -a través de ese ardid- de un fraude fiscal, lo que deriva de la información obtenida en la causa 3215/15 del registro de este Tribunal.
La sospecha de origen ilícito se deduce también de la importantísima cantidad de dinero, la forma de traslado y disposición -en efectivo-, la vigencia del régimen creado a partir de la Resolución General de AFIP 3210/11 y conexas -de fecha 31 de octubre de 2011-, comúnmente denominado “cepo cambiario”, y el lugar escogido para ocultarlo y disimularlo, es decir, sociedades que realizan actividades de intermediación financiera y cambiaria no autorizada (coloquialmente conocidas como “cuevas” –v. fs. 10098 y 10201). Dicho dinero en efectivo habría sido trasladado a la sede de la citada SGI a dichos fines, mediante aviones adjudicados a la firma “Top Air S.A.”, de la cual el compareciente era accionista a través de Austral Construcciones SA, y Walter Zanzot su presidente -y a la vez titular del 51 % restante”.
¿Y ahora?
Cierto es que sin pruebas no se puede acusar a nadie, pero también es cierto que en el caso de Lázaro, como en el de Cristóbal López y la propia familia Kirchner, las pruebas son las que sobran, lo que ha faltado estos años ha sido voluntad de los jueces por decidirse a reconocer las mismas y proceder, como lo hizo hoy Casanello, quien no se había mostrado pro activo durante los últimos 3 años del gobierno de CFK.
Estaría bueno escuchar ahora a quienes hicieron aquella curiosa lectura de la rosadita donde se contaba plata de a millones, mientras Martín, Zanzot, Rossi, Gadín y Cia fumaban habanos y brindaban con whisky, si en realidad ven a Lázaro detenido como cómplice de una asociación ilícita con los Kirchner, o ven un hombre caminando con chaleco antibalas y las manos atrás.
La vergüenza que expresa la cara de Lázaro Báez, mientras lo llevan esposado al móvil policial, refleja lo que en realidad nunca pensó sentir. Tras esta mueca de amargura y rabia contenida, se esconde una amenaza. Eso comenzará a florar cuando Báez se siente frente al juez y comience a hablar.
Allí se sabrá si Báez está decidido a inmolarse en memoria de su amigo Néstor y para cuidar a la viuda y su familia, o si verdaderamente abrirá la caja de pandora para poner a resguardo a su hijo y preservarse de las duras penas que podría caberle en una causa tan pesada como la que lo lleva a los tribunales.
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